Dictadura argentinaLa Audiencia abandonó una investigación sobre los vínculos entre el espionaje español y Videla

Sus amigos le decían “Salomón”, pero poco tenía de personaje bíblico. Lo suyo, en realidad, era el infierno. Allí se sentía cómodo, casi tanto o más que cuando llegaba a casa y le preguntaban por su día en el trabajo. Entonces, Miguel Angel Benazzi, el Salomón argentino, callaba. Al fin y al cabo, una cena familiar no era el lugar más propicio para relatar violaciones, palizas o secuestros. De lo que sí podía hablar era de sus “viajes de trabajo”. A Madrid, por ejemplo.

A finales de los setenta y principios de los ochenta, sus plácidos traslados en avión no se parecían en nada a los que habitualmente protagonizaban sus víctimas en la ESMA, el mayor campo de concentración de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Ellas eran subidas para ser lanzadas vivas al mar. Él, en cambio, hacía las 12 horas que separan a Buenos Aires y Madrid con la tranquilidad de quien se siente amparado por la más absoluta impunidad. En la tierra y en el cielo. En Argentina y en España.

Benazzi murió el 30 de junio de 2008. Entonces ya no era aquel pasajero impune y feliz, sino uno de los tantos militares imputados por los salvajes crímenes cometidos por los “grupos de tareas” que actuaban desde la siniestra ESMA. Cuando llegó la muerte, ”Salomón” se llevó a la tumba varios secretos sobre sus años más activos. Entre otras cosas, logró irse de este mundo sin aclarar qué hacía y quiénes le ayudaban en sus “viajes de trabajo” a distintos países de Europa, entre los que se encontraba la “Madre Patria”.

No en vano, su nombre aparece reiteradamente en los archivos de la Audiencia Nacional. Benazzi, también apodado “Manuel” o “Turco”, figura hasta 149 veces en los documentos a los que ha tenido acceso Público. Junto a sus datos también aparecen los de otros represores –en torno a una decena- que pasaron por este país y que, a diferencia de Salomón, siguen vivos. Sin embargo, esos informes judiciales quedaron archivados tras el cierre definitivo del sumario que a mediados de los noventa llevó adelante el juez Baltasar Garzón, quien buscaba juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el sangriento régimen argentino.

La causa en España se paralizó en 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner abolió las leyes de impunidad y permitió juzgar a los responsables de más de 30 mil desapariciones y cerca de 500 robos de bebés. De forma paralela, todas y cada una de las averiguaciones que había iniciado el juzgado de Garzón cayeron en el olvido. Entre otras cosas, se frenaron todos los procedimientos que se seguían contra los militares y civiles argentinos que habían actuado en España, tanto durante como después de la dictadura de Videla (1976-1983).

El paraíso español

Esos documentos confirman que Benazzi no viajaba solo: según declararon distintos testigos –e incluso llegó a corroborar la Policía Nacional-, España fue durante varios años un auténtico nido de represores argentinos. Primero venían a controlar a los refugiados que se habían instalado en este país. Luego, cuando en Argentina se reinstauró la democracia, algunos cruzaron el charco para tratar de evitar la acción de la justicia en su país. Ya fuese en un caso u otro, los gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González les permitieron vivir con absoluta normalidad.

“Trabajaban en Europa (…) Sé que España era un buen lugar para estar, y en cambio Francia era un lugar hostil”, declaró ante el juez Garzón el capitán Adolfo Scilingo, quien acabaría condenado en España por delitos de lesa humanidad. Según consta en la transcripción de la declaración realizada el 9 de octubre de 1997, el militar confirmó que “Benazzi estuvo también mucho tiempo trabajando en España, haciendo Inteligencia”. “Había muy buena relación con los servicios de Inteligencia, por lo menos, con un Grupo de Inteligencia español”, afirmó. Entonces el juez le preguntó cuál era ese grupo, a lo que el ex miembro de la Marina argentina respondió: “No sé, no sé, que algún grupo (sic) o el Servicio de Inteligencia o con el Grupo de Inteligencia Español”. “Digamos que operar acá en España era fácil”, subrayó, e incluso destacó que Benazzi “venía como si fuera su casa”.

Los posibles vínculos de los servicios secretos españoles con los militares argentinos también fueron citados por distintos testigos que declararon ante Garzón. Entre ellos figuran dos conocidos periodistas españoles que ofrecieron datos sobre la posible participación del CESID en el microfilmado de los archivos de la represión en Argentina, que habrían sido sacados de aquel país tras el fin del régimen en 1983. En su comparecencia en la Audiencia Nacional, ambos aseguraron que sus testimonios se amparaban tanto en fuentes militares argentinas como en “informadores internos del CESID”.

“A preguntas de la acción popular, manifiesta que los nombres de sus informadores no los puede revelar, acogiéndose al secreto profesional ya que de hacerlo correría peligro su identidad, por estar amenazados. Han solicitado a sus fuentes que les indiquen si estarían disgustos a comparecer en el juzgado para ratificar lo publicado y han contestado que están evaluando esa posibilidad”, aseguró uno de ellos.

En cualquier caso, esa misma declaración judicial a la que ha tenido acceso Público apunta otro detalle relevante: según aseguró uno de los periodistas, “militares argentinos estuvieron trabajando para el Ministerio del Interior de España cuando se desarrollaba la guerra sucia en este país”, en referencia al GAL.

Los “olvidos” del CESID

Del mismo modo, en los expedientes de la Audiencia Nacional figuran dos documentos enviados por el entonces jefe del CESID, Javier Calderón Fernández, al juez Garzón. El primero está fechado el 26 de mayo de 1997, mientras que el segundo fue entregado el 30 de julio de 1998. Algunos meses antes, los inspectores de Policía que trabajaban para el juez Garzón en el marco de aquella causa judicial ya habían propuesto “solicitar a los servicios de información e inteligencia españoles cuantos datos obren en su poder sobre la llegada a este país de personas de nacionalidad argentina vinculadas a las Fuerzas Armadas” de Argentina, y también de quienes tuviesen “ideología ultraderechista”.

En los documentos remitidos a la Audiencia Nacional, Calderón rechazó tajantemente que el servicio secreto hubiese microfilmado o escondido los archivos de la dictadura de Videla. De hecho, aseguró que en sus oficinas “no se ha encontrado documentación sobre la represión militar en Argentina de 1976 a 1983 en la que se contenga información sobre asesinatos, torturas, desapariciones, campos de detención, víctimas y represores”.

“Es preciso señalar que entre los objetivos informativos asignados al CESID jamás ha figurado la obtención de información y elaboración de inteligencia relativa a la citada represión militar. Asimismo, se informa que este Centro no ha contado con representante ante los Servicios argentinos hasta 1984”, señalaba en su primera nota.

El segundo documento fue enviado “en contestación al atento oficio de ese Juzgado Central de Instrucción Número 5 de fecha 22 de junio de 1998” respecto a si el servicio de Inteligencia tenía información sobre la presencia de varios represores argentinos en este país durante 1980. En julio de ese año, Noemí Esther Gianotti de Molfino, una madre de desaparecidos argentina, había sido encontrada muerta en un apartahotel de Madrid. Según consta en otros expedientes, el juzgado que atendió ese caso ordenó el archivo de unas huellas que aparecieron en la habitación y que habrían permitido conocer la autoría del crimen.

En su respuesta, el director del CESID señaló que en sus archivos “no obran datos relativos a la presencia en España” de una docena de militares argentinos en 1980. Resulta muy extraño, ya que alguno de ellos, como el teniente Raúl Enrique Scheller, llegó a figurar como “Agregado Naval Ayudante” en la embajada de Argentina en España.

Para justificar esa supuesta falta de información, Calderón aseguró que “este Centro no tiene competencia sobre el control de entrada y salida de extranjeros, militares o civiles, en nuestro país, ni sobre eventuales asistencias de militares extranjeros a cursos impartidos por los ejércitos españoles, sin que existan datos sobre agregados militares argentinos, si los hubiere en España en 1980, o de otra nacionalidad al corresponder la relación de los mismos a los ejércitos respectivos”. Sólo obvió un detalle: entre 1979 y 1982, varios miembros del CESID habían viajado a Argentina para recibir cursos de formación. En el fondo, tan extraños no eran.