"Ha habido asistencia letrada, pero ha sido muy somera", resume para Público Pep Buades, miembro de la asesoría jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una organización que ha estado presente en el dispositivo exprés con el que el Gobierno ha devuelto a Marruecos a 55 de los 209 migrantes que el domingo lograron atravesar la valla de Melilla. Otro falleció poco después de cruzar la verja. 

Buades precisa que lo normal en estos casos es que las personas recién llegadas de forma irregular al país sean asistidas por el turno de abogados de oficio del colegio de abogados pero, en esta ocasión, dos de los migrantes dieron el nombre de uno de sus letrados a la Policía. Éste llegó pasadas las 20.00 horas del domingo al Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma, y el operativo de filiación policial y asistencia letrada se alargó durante toda la madrugada, pasadas las 4.00 horas, como ya ocurrió el pasado agosto, cuando 116 migrantes fueron devueltos a Marruecos tras un salto a la valla de Ceuta.

En esta ocasión, en poco más de 24 horas desde que pisaron suelo español, 140 personas han expresado su voluntad de solicitar asilo y permanecen en el CETI, cinco están en el hospital tras sufrir heridas graves y fracturas durante el salto , otros cinco necesitan reposo por heridas leves y tres han sido declarados menores de edad. El resto ya están en el país donde han esperado durante meses, quizás años, su oportunidad de entrar en Europa.

El saldo final es bastante diferente al del pasado agosto, aunque el mecanismo ha sido el mismo, el acuerdo que España y Marruecos firmaron en 1992 y que contemplaba, entre otras cosas, la "readmisión de extranjeros entrados ilegalmente" en España desde el vecino del sur, con independencia de su nacionalidad. Un acuerdo que, hasta este verano, sólo se había aplicado con migrantes llegados a las islas Chafarinas, sobre todo, pero prácticamente nunca en el caso de quienes entran a través de las vallas fronterizas. "Las organizaciones de la sociedad civil han aprendido de la experiencia de Ceuta y han estado más vigilantes. También le ha interesado al Gobierno que se sepa que la asistencia letrada y las garantías se han respetado, aunque ha sido más una formalidad que otra cosa", explica Buades.

Condiciones inadecuadas

Según la experiencia de esta organización, la asistencia letrada a los migrantes no se ha prestado en las condiciones adecuadas. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla precisan que, en total, hubo 32 abogados para los 208 migrantes y que cada uno atendió a grupos de seis. Según el SJM, los letrados atendieron unos 15 minutos a cada grupo. "Cada personas contaba su situación en poco más de dos minutos. No son las mejores maneras para conocer las circunstancias y vulnerabilidades de cada migrante y realizar los trámites de estos casos", critica.

También denuncia que "hubo carencias en la interpretación", que sólo había traductores de lenguas europeas y que muchos de los migrantes tuvieron dificultades para entender qué estaba ocurriendo y a qué situación se enfrentaban. De hecho, alerta Buades, hay "fundamentadas sospechas" de que los 55 migrantes expulsados no pidieron asilo porque no pudieron comunicarse adecuadamente. "La mayoría de ellos era de Mali, donde se es susceptible de poder recibir protección internacional. Muchos sólo hablaban su lengua africana materna, el bambara, y no había ningún intérprete para ese idioma", lamenta el letrado.

"La policía hacía hincapié en que hubiera atención individualizada y en que se informara de la posibilidad de pedir protección internacional, pero había mucho premura para hacerlo", resume. También critica que el estado físico y psicológico de algunos migrantes durante el proceso. "Había personas con heridas leves, personas agitadas, asustadas después de saltar una valla. No tenían que enfrentarse a esos trámites en ese momento", expone.

El SJM, junto a otras organizaciones de la Iglesia que conforman la Red de Migrantes con Derechos, ha recordado en un comunicado que las "garantías básicas requieren tiempo y recursos" como "intérpretes, asistencia letrada con tiempo suficiente para atender y entender la situación de cada una de las personas y vías efectivas de recurso contra la decisión de devolverlas", cosas que no se están garantizando actualmente.

Aun así, Buades celebra que, en esta ocasión, haya habido personas que han podido pedir asilo, y que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) haya podido reforzar su servicio jurídico para realizar las entrevistas para solicitar asilo.

Por su parte, Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR, ha explicado que el servicio jurídico de la organización aún no tiene acceso a estas personas a pesar de encontrarse en el CETI. "Están aún en calidad de detenidos y custodiados", ha dicho.

"El experimento utilizado en agosto en Ceuta no debe ser el camino. Marruecos no es un país seguro para los migrantes, no respeta el principio de no devolución, no respeta los derechos humanos de las personas emigrantes, no ha facilitado información sobre los últimos devueltos y varias organizaciones han reportado la detención de algunas de las personas devueltas en aquella ocasión", lamenta Favieres. 18 de los 166 migrantes devueltos fueron conndenados en Marruecos a varios meses de cárcel.

En aquella ocasión, el Colegio de Abogados de Ceuta hizo las mismas críticas que ahora expresa el SJM, con la diferencias de que entonces nadie esperaba que se fuera a realizar una devolución, ni mucho menos tan rápida. El Defensor del Pueblo también ha criticado recientemente aquel dispositivo de devolución tras "constatar que, en la práctica, la asistencia letrada en las devoluciones en Ceuta se ha convertido en un trámite meramente formal".

Fuentes del Ministerio del Interior insisten en que se garantizó una asistencia letrada y se cumplió con las garantías, aunque no precisan si se seguirá este procedimiento cada vez que se produzca un salto masivo a las vallas de Ceuta o Melilla. "Se valorarán las circunstancias en cada caso, "apuntan.