Si nada cambia, el jueves será el último día que la entidad 9 Barris Acull tendrá las puertas abiertas del Espai Via Favència después de 23 años asesorando y orientando a personas recién llegadas a Barcelona. ¿El motivo? Una deuda de 22.400 euros con el Ayuntamiento de Barcelona que no pueden afrontar, ya que tal y como explica su presidenta, Lourdes Ponce, es una asociación que "no tiene ingresos propios y que funciona gracias al voluntariado".

La entidad barcelonesa atiende a 3.400 personas migradas al año, ofrece talleres de lengua de forma gratuita y organiza el Festival de Sopas del Mundo. Según explica Ponce, esta deuda es el dinero que el Ayuntamiento les reclama de la subvención que le otorgó el año pasado, ya que el convenio cubre un porcentaje máximo (45%) del presupuesto total de la actividad de la asociación.

 El problema radica en que ese presupuesto total contaba con 40.000 euros de otras ayudas que no llegaron. La entidad ha presentado alegaciones, recursos y ha pedido ayuda a las administraciones, pero sin éxito. Asimismo, Ponce asegura que en octubre de 2023, en la reunión de seguimiento anual, el Ayuntamiento fue informado de que los ingresos habían disminuido.

Tras mantener conversaciones con el Consistorio, Ponce señala que ha sido imposible llegar a ningún acuerdo y que la oferta de fraccionar la deuda no es posible. "El Ayuntamiento nos dice que tenemos que aceptar la deuda para poder firmar un nuevo convenio, y pedir un aplazamiento de la deuda. Pero nosotros lo que queremos es reclamar e impugnar esa deuda", explica. "Es un dinero que no nos hemos gastado ni mucho menos embolsado, una  chorrada  administrativa que ha acabado con una injusticia muy grande", asegura la presidenta de la asociación.

La entidad está ultimando los trámites para declararse en quiebra económica. Este jueves será su último día. "Hace 15 días dimos la carta de despedida a las trabajadoras y al abogado, que llevan desde el mes de abril sin cobrar. Hemos tenido que pedir dinero a otras entidades del Ayuntamiento, a la Asociación de Vecinos el barrio y a la coordinadora. Es evidente que esto genera una tensión tremenda", lamenta Ponce.

La presidenta de 9 Barris Acull alerta de que el cierre de la asociación supondrá "un importante déficit de acompañamiento para los vecinos, servicios sociales, asociaciones vecinales, casales y resto de entidades de Nou Barris".

"¿Dejarán a 3.400 personas del distrito de Nou Barris sin atención? ¿Dejarán a 200 personas que hacen los talleres de lengua y entorno sin atención? ¿Dejarán a 1.500 personas a las que les tramitamos la documentación de reagrupamiento familiar sin atención?", se pregunta Ponce.

La asociación admite que no han cumplido con las condiciones que les pedía el Ayuntamiento, pero reclama una "valoración política de todo el trabajo que realiza la entidad para la integración de las personas recién llegadas desde hace 23 años".

"No hay voluntad política para resolver el problema", lamenta Ponce, quien explica que "todas estas trabas administrativas y burocráticas la han quemado". "Han agotado todas nuestras fuerzas", asegura la activista.

De hecho, Ponce afirma que el agotamiento es generalizado entre las entidades sociales barcelonesas. "No somos la única con problemas económicos", concluye. En este sentido, señala que el lawfare  contra la anterior alcaldesa, Ada Colau, denunciada por supuestas irregularidades en subvenciones a entidades sociales, no ha ayudado. Asegura que, desde entonces, la relación con el Consistorio ha cambiado.