Las 150 plazas destinadas a personas sin hogar en el recinto ferial de Madrid  pronto se quedaron cortas. Otro centenar y medio de plazas se ofrecieron el 30 de marzo en el céntrico polideportivo Marqués de Samaranch, que también se llenó en pocos días.

La pobreza, una parcela de la realidad que ni con la crisis sanitaria parece importar , es el motivo por el que cientos de personas tienen que acudir a este macroalbergue que está gestionado por la empresa Grupo 5, la cual ha sido denunciada por CNT–Comarcal Sur debido a ciertas negligencias que han encontrado en el funcionamiento del pabellón y que parten, a su entender, de la gran externalización que sufre el sector de la atención social desde los ayuntamientos y comunidades, aunque desde el Ayuntamiento se defienden alegando que "se ha tenido que externalizar este servicio porque era la única forma que había para actuar con la rapidez que exige el momento".

El sindicato se ha visto obligado a intervenir ante Inspección de trabajo a causa de las "irregularidades laborales y abusos producidos desde la primera jornada de trabajo de la plantilla", según reza un comunicado difundido por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

El testimonio anónimo de una trabajadora del centro que teme represalias si su nombre fuese público así lo certifica: "Antes del primer turno nos hicieron firmar un documento, del que no tenemos copia, en el que aceptábamos que nos daban material para poder desempeñar nuestras funciones con seguridad en el que se incluían guantes, gafas antisalpicaduras, mascarilla quirúrgica y una bata. Al final, nos dieron una mascarilla por persona y turno, un juego de guantes y una bata, pero hubo cuatro días en los que tuvimos que trabajar con mascarillas de papel porque las otras se terminaron", tal y como ha podido comprobar este medio al tener acceso a documentos gráficos que atestiguan el uso de este tipo de mascarillas.

Desde Grupo 5 defienden que en todo momento los profesionales han tenido acceso a los EPI necesarios, incluso que los pueden renovar cuando lo estimen oportuno. Esta empleada de Grupo 5 se queja de que las mascarillas quirúrgicas no evitan el contagio de quien las porta, y que no tiene sentido que los trabajadores las utilicen y no suceda lo mismo con los 150 usuarios del pabellón ubicado en la Puerta de Toledo que pocos días después se sumaron a los otras 150 personas sin hogar que están confinadas en Ifema. De hecho, ya se han dado casos de sintomatología compatible con la Covid-19 dentro del centro, aislando a estas personas en dos vestuarios de la instalación. Según el testimonio de la trabajadora social, ha habido hasta cinco personas aisladas.

Estudiantes de enfermería atendiendo a 150 personas

Por otra parte, desde CNT aducen que el personal sanitario es del todo insuficiente. Según la denuncia presentada ante Inspección de trabajo, a la que ha tenido acceso Público,  "por la noche tan solo hay un estudiante de enfermería de tercer curso, y durante la tarde uno de cuarto". Asimismo, en su escrito recogen que es posible que por la mañana haya un médico y, sin especificar el turno, un voluntario con el título de enfermería al que la trabajadora aún no ha visto en las instalaciones. "La responsabilidad que tienen les sobrepasa dada su condición de estudiantes", advierte la empleada.

La empresa confirma que el personal sanitario está constituido por enfermeros y auxiliares de enfermería que "están pendientes tanto de las patologías previas que presentan los usuarios como de la aparición de los síntoma de la Covid-19, para lo que les toman la temperatura a las 150 personas confinadas dos veces al día", tal y como expresan desde Grupo 5 a Público.

El protocolo establece que tan solo las personas asintomáticas pueden entrar al albergue improvisado, dejando fuera a todas aquellas que presenten cierta febrícula, pero una vez dentro nadie les asegura estar a salvo del contagio porque "no se cumple la distancia de seguridad ni entre los usuarios ni el personal; ni siquiera se intenta", recalcan en la denuncia.

Respecto al catering, gestionado por la empresa Sodexo, a su vez subcontratada por Grupo 5, la trabajadora alega que "al principio sobraba comida porque no estaban ocupadas todas las plazas, pero ahora falta; además de que no se controlan las posibles alergias que puede tener cada uno".

Ingesta de drogas y control de seguridad

Otro aspecto es, precisamente, el control. El consumo de drogas es habitual en centros como este y el alto índice de personas medicadas hace que "algunos de ellos se administren los fármacos sin control o los vendan a otros compañeros", según el comunicado de la CNT, que proponen la creación de "una sala de reducción del daño en la que los usuarios puedan consumir libremente sustancias" pero de forma controlada de cara a que se deshabitúen, tal y como ya ocurre en otros centros de este tipo. La misma trabajadora confirma esta máxima: "Es normal que esto se produzca entre algunas personas sin hogar, se da el consumo y el menudeo, por eso es importante actuar para que la situación no vaya a más siguiendo un proceso de desintoxicación e incorporando hábitos saludables".

La propia empresa acepta que se está valorando la instalación de una sala para la reducción del daño y alega que están trabajando junto con Madrid Salud para abordar el tema de los consumos, "ya que es una población con una gran trayectoria en ellos", según indican a Público. En cuanto a la denuncia en relación a los robos, Grupo 5 prefiere no pronunciarse, pero añade que "hay un dispositivo de seguridad continuo en el centro". En este sentido, la denuncia presentada por CNT también recoge que "los tres vigilantes de seguridad trabajan de lunes a domingo sin realizar los descansos estipulados por la ley", una máxima que la entidad que presta los servicios no niega pero sí incide en que se están cumpliendo todos los convenios colectivos.

"El pabellón está habilitado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y estamos trabajando en actividades que humanicen y dignifiquen la situación en la que estas personas están allí", según relata la entidad que, además, confirma que ya hay a disposición de los 150 confinados mesas de pin-pon, futbolines, bicicletas estáticas, juegos de mesa y proyección de cine. Del mismo modo, desde la compañía quieren hacer constar  "la gran labor que están haciendo todos y cada uno de los profesionales" que prestan servicios en el pabellón Marqués de Samaranch.

Miedo a represalias entre la plantilla

Mario Aragón, el secretario de Acción Sindical de CNT–Comarcal Sur, comenta que "la inspección va un poco lenta debido a la saturación de denuncias que los sindicatos estamos interponiendo, paro ya están empezando a intervenir". Desde su posición afirma que hay un "desconocimiento generalizado de la legislación laboral por parte de los trabajadores en relación a su propia protección" y, concretamente en el albergue en cuestión, "la mayor parte de la plantilla acaba de terminar sus estudios, estás contentos porque tienen un trabajo y temen denunciar las condiciones por si no les vuelven a llamar".

Aunque desde la central anarcosindicalista esperarán a que actúe la Inspección, en función de los parámetros que adopten se plantearán otras medidas legales, lo que sí barajan es que Grupo 5 pueda tomar ciertas represalias en la plantilla por esta denuncia, una posible situación para la que ya tienen preparada una respuesta, advierten desde el sindicato.  "Vemos que las empresas no se están tomando en serio las medidas de protección cuando los trabajadores lo están dando todo para que no se agrave la situación", agrega Aragón, diciendo que "si cuando vas al trabajo es muy posible que te encuentres con un control policial, no se entiende por qué no están controlando a estas empresas cuando eso significaría una labor de contención y de salud pública", incide el dirigente de la CNT.

La externalización, el principal problema

Tanto la trabajadora como Aragón, educador social de profesión, coinciden en que la masividad de las externalizaciones en este sector "lo único que han conseguido es que se produzca una vulneración de derechos laborales y una malversación de fondos continuada, ya que el control de la entidad contratante es nulo", en palabras del sindicalista. Una opinión que condensa la trabajadora social alegando que "si se externalizan los servicios siempre se pierde calidad tanto en las condiciones de los trabajadores como en el trato que se da a los usuarios".

Desde el Área de Familias, Igualdad y Bienestar social, encargada de gestionar este servicio desde el Consistorio de la capital, se defienden diciendo que "los niveles de exigencia y calidad son los mismos pese a la celeridad con la que se ha actuado" y que "el Ayuntamiento siempre hace un seguimiento de todos los contratos que se efectúan". Por su parte, afirman que "no se va a bajar el nivel de calidad exigible porque es un recurso que están pagando todos los ciudadanos y que además va destinado a una población muy vulnerable", por lo que, en todo caso, se realizará una evaluación exhaustiva del servicio prestado, incluyendo rendición de cuentas. Además, agregan que, "aunque es un contrato realizado por un procedimiento de emergencia, los requerimientos exigidos son los mismos que si se tratase de un contrato estándar", tal y como declaran fuentes internas del Área a Público.