MADRID.- En el nuevo informe sobre la Memoria de la Fiscalía General del Estado se observa, respecto del año anterior, una tendencia generalizada al descenso tanto en el número de procedimientos penales incoados, como en el de escritos de acusación formulados por el Ministerio Fiscal y sentencias condenatorias recaídas por delitos contra la seguridad vial. En concreto, en 2015 se registraron 83.283 condenas con respecto a las 92.682 del año anterior.

Según refleja la FGE, este fenómeno puede deberse, entre otras circunstancias, “a la eficacia de la respuesta penal frente a este tipo de delincuencia, junto con la respuesta sancionadora administrativa, pero también a una concienciación vial de la ciudadanía más interiorizada, sin que quepa desdeñar otras posibles concausas, como la disminución en el número de pruebas de alcoholemia realizadas acentuando la tendencia de otros años, dado que se ha pasado de 6.336.997 controles en 2014 a 5.741.134 en 2015 (alrededor de 595.000 pruebas menos), según datos suministrados por la DGT, y de 94.638 procedimientos sancionadores a 80.388”.

El pasado año se formularon 81.529 escritos de acusación por delitos viales de peligro que constituyen el 32% del total de los 261.039 presentados por el Ministerio Fiscal y que dieron lugar a 83.283 condenas, el 34% de las 245.834 dictadas por los Tribunales por toda clase de delitos.

Asimismo, casi el 90% de estas condenas son dictadas de conformidad y en un porcentaje muy alto con el cumplimiento inmediato de las 57.313 penas de privación del derecho a conducir y las 2.532 pérdidas de vigencia impuestas en este año. De este modo, “la pena cumple los fines de prevención especial orientados a la recuperación del autor del delito para la legalidad. El cociente de resolución de casi el 100 % entre asuntos ingresados y resueltos habla de la celeridad de la respuesta penal”, apunta la FGE.

Catalunya, con un total de 15.497 condenas, representa la Comunidad Autónoma con más sentencias condenatorias, seguida de Andalucía, con 14.619, y de Madrid y la Comunitat Valenciana, con 10.784 y 10.052, respectivamente. Por otro lado, La Rioja registró 531 condenas, siendo la CCAA con menos sentencias de este tipo de delincuencia.

Cifras de siniestralidad

No obstante, el informe hace referencia al estancamiento de las cifras de siniestralidad que siguen afectando en el plano económico y, sobre todo, en el humano por las tragedias que representan. Según manifestó la Comisión Europea en marzo de 2016, España se sitúa en el sexto lugar con 36 víctimas mortales por millón de habitantes –repitiendo la cifra de 2014– frente a la media de la UE de 51,5 víctimas mortales –por 51 de 2014.

Según declaró la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, estas cifras tan “alarmantes” se atribuyen en parte a “una mayor interacción en la ciudad entre los usuarios de la vía pública motorizados y los que no están protegidos”.

La propia comisaria pone de manifiesto que el coste social de los accidentes mortales y con heridos se estima, como mínimo, en 100.000 millones de euros, según la web ec.europa.eu. La DGT señaló en un balance definitivo de 2014 -año en el que se produjeron las principales cifras de la siniestralidad vial en España- que los costes asociados a los accidentes de tráfico con víctimas ascienden al menos a 5.205 millones de euros y representan casi el 1% del PIB.