La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado este martes a las puertas del Congreso de los Diputados su campaña de presión para que el Gobierno de coalición empiece a tomar "medidas urgentes" ante la "emergencia habitacional" del país que, según denuncian, ya suma más de un millón de desahucios desde que estalló la crisis económica en 2008.

Bajo el lema "vivienda por derecho", los activistas recuerdan que se siguen produciendo alrededor de 190 desahucios diarios y que su reunión del pasado viernes con el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, no les tranquilizó demasiado, ya que confirmaron que no había propuestas firmes sobre la mesa. Por eso, han puesto en marcha un "contador de la vergüenza" en el que irán contabilizando los desahucios producidos desde que el nuevo Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos echara a andar el pasado 7 de enero. Les responsabilizan de 8.316 lanzamientos que se han producido durante los 42 días que han pasado desde la toma de posesión.

Según ha explicado la portavoz de la PAH, Alejandra Jacinto, las dos iniciativas que deberían poner en marcha antes de que terminen los primeros cien días de Gobierno pasan por prorrogar la moratoria para desahucios hipotecarios de familias vulnerables y extenderlo a casos de impago de alquiler o finalización de contratos y a las familias que ocupan por necesidad viviendas vacías propiedad de bancos, fondos de inversión o grandes propietarios.

La moratoria, adoptada por el Gobierno del PP en 2012 tras bloquear la tramitación de ILP de la PAH contra los desahucios, finaliza el 15 de mayo y hasta ahora ha sido prorrogada en varias ocasiones tanto por el PP como por el PSOE. Aunque la consideran "un parche" y Unidas Podemos la tachó de "maquillaje" cuando Sánchez la prorrogó en 2017, la PAH apunta que el derecho a la vivienda de miles de familias depende de esta medida.

Por otro lado, apremian al Gobierno a cumplir con las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en materia de vivienda. Los activistas recuerdan que España ha sido reprendida ya en tres ocasiones por permitir desalojos de familias vulnerables con menores sin alternativa habitacional y que Naciones Unidas ha condenado al Estado porque estas prácticas vulneran el derecho humano a una vivienda adecuada. "Son tres condenas y hemos elevado 160 casos más para que sean estudiados", ha puntualizado Jacinto.

Del mismo modo, la portavoz ha insistido en que es urgente la formación de una mesa de análisis y diálogo con todos los ministerios implicados en materia de vivienda, que pasan por Transportes, Justicia, Economía, Igualdad, Consumo y la vicepresidencia del Gobierno de Derechos Sociales. Una medida que Iglesias se comprometió a trasladar y en la que también debería participar la sociedad civil, exigen. "Si este Gobierno es tan progresista como nos han vendido, tiene que dar un paso adelante y acabar con las leyes injustas que sólo benefician a los bancos y los fondos de inversión", ha destacado Juanjo Ramón, otro de los portavoces de la plataforma.

"Si se están tomando medias ante la emergencia climática, el mercado de trabajo y los problemas de los agricultores, la emergencia habitacional también tiene que estar encima de la mesa y tienen que llegar respuestas en forma de reales decretos", ha sostenido Jacinto.

La PAH considera que las promesas del actual Ejecutivo no dan una respuesta rápida a la "actual sangría de desahucios", sobre todo por impago de alquiler, y que más urgente que construir miles de nuevas viviendas es poner a disposición "miles de casas vacías" que están en poder de entidades bancarias o la Sareb en un parque público de pisos en alquiler social.

En sus más de diez años combatiendo los desahucios, insisten los activistas, la PAH ha logrado que se modifique la percepción de este drama tanto por parte de la sociedad como de los gobiernos, y han logrado que se cambien y promulguen algunas leyes. "Aunque el PP tumbó la ILP de la PAH de 2013 en el congreso y aunque el PP y Ciudadanos vetaron la iniciativa de la plataforma en la Asamblea de Madrid en 2017, se han logrado avances y vamos a seguir exigiendo en las calles que se garantice el derecho constitucional a la vivienda y fin de los desahucios de alternativa", ha defendido Ramón, que apuesta por el reciente decreto catalán como "punta de lanza" para lograr medidas en el resto del Estado.