El reciente suicidio de una mujer que iba a ser desahuciada ha vuelto a poner esta triste realidad en el foco. Lamentablemente, los desahucios se producen todos los días, en especial en las grandes ciudades, y muchas veces los servicios públicos no actúan a tiempo: pasó con Alicia y ha vuelto a pasar esta misma semana con una madre y sus tres hijos.

Este pasado miércoles se produjo otro desahucio también muy llamativo por sus especiales circunstancias: una mujer convaleciente tras dar a luz por cesárea hace un mes escaso, su hijo recién nacido y sus otros dos hijos de dos y cuatro años fueron desahuciados de una vivienda de Villa de Vallecas (Madrid) por deber cuatro meses de alquiler a un multipropietario.

Un portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) contó a los medios que la mujer y sus hijos "están refugiados por unos días en casa de una amiga, pendientes de que el Ayuntamiento empiece a hacer algún tipo de gestión, que no ha hecho hasta ahora". Según cuenta la PAH de Madrid en su página web, el desahucio se hizo "pese a saber que no hay informes sociales y no existir alternativa habitacional".

Según explicó este portavoz, la mujer se personó en los servicios sociales y la citaron a finales de enero. No le había llegado ninguna comunicación hasta el primer intento de desahucio, que tuvo lugar 15 días después del parto, y la comisión judicial le dio un plazo de 15 días, que expiró este miércoles, debido a que se encontraba "en unas condiciones muy complicadas después de una cesárea difícil".

Esta vez, "la comisión judicial no ha querido atenerse a razones" y llevó a cabo el desahucio el miércoles por la mañana.

"A las ocho treinta se llamó al Ayuntamiento para reclamar que el concejal del distrito, con oficina a doscientos metros del domicilio, se personara y, al menos, salvara la cara de la corporación y su gobierno", ha indicado la PAH, para agregar que "aún se le sigue esperando".

En el desalojo estuvieron dos miembros de la Policía Municipal que han entrado en la vivienda junto a los funcionarios, según la PAH.

Chamarro ha recalcado que cualquier acción judicial que conlleve el alzamiento de una vivienda con menores requiere el conocimiento y valoración de los informes sociales al respecto, pero en este caso se ha llevado a cabo sin la existencia de esos informes.