Ángel S. B. y Conchita L. M. han pagado durante una década un arriendo mensual de 300 euros por vivir en la que siempre fue su casa, un modesto piso en un grupo de vivienda social del populoso barrio de Delicias, en Zaragoza, y ahora se encuentran con que, sin haber sido nunca conscientes de haber perdido su propiedad, el amigo inmobiliario al que acudieron en busca de ayuda les amenaza con el desahucio.

"Nos decían que ya estaba todo arreglado, pero nunca nos explicaron de qué manera, y ahora nos quieren echar cuando resulta que hemos pagado más que nadie", explica Conchita. "El abogado nos decía que Francisco nos estaba haciendo un gran favor", recuerda Ángel.

El final de la rocambolesca historia ha comenzado a escribirse en el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa, cuyo magistrado ha imputado como presuntos autores de un delito continuado de estafa a Francisco N. L. M., responsable de la inmobiliaria Fincas Luna y a quien hace ya doce años Ángel pidió ayuda para hacer frente a una angustiosa situación económica, y al abogado Antonio L. V.

Ambos negaron haber cometido ningún delito en su interrogatorio como imputados ante el juez, en el que aseguraron que, desde su perspectiva, habían hecho "un favor" a los denunciantes, cuyas edades se acercan ya a los ochenta años.

"El notario leyó el papel y lo rompió"

La historia, según narra la querella que está investigando el juzgado, se remonta a mediados de 2008, cuando Ángel le contó a Francisco N. L. M., con quien había trabajado en una imprenta y con el que se había encontrado poco antes, habían decidido vender su piso para hacer frente a sus problemas económicos, ante lo que este y el abogado aprovecharon la "fragilidad por su carácter crédulo y confiado" de la pareja y "sus apuros para salir de esa situación" para "apoderarse del patrimonio" de los mismos y "seguir explotándolos".

La pareja había recibido poco antes una oferta de 102.000 euros con la que habrían podido tanto saldar las deudas por algo más de 50.000 que arrastraban a cuenta de una herencia como cancelar la hipoteca pendiente. Sin embargo, los denunciados les convencieron de que iban a conseguirles un precio más alto y de que, por su situación económica y el riesgo de que el banco la ejecutara si dejaban de pagar, era mejor que no figurasen ellos como titulares de la hipoteca.

Así, a mediados de agosto de 2008 firmaban un poder notarial a favor del letrado en el que le autorizaban a vender el piso "por un precio por lo menos igual al valor de las cargas que gravasen la finca, con renuncia incluso al derecho de usufructo viudedad foral aragonesa", indica la denuncia, que recoge cómo el notario les obligó a incluir en él la obligación de saldar todas las deudas de los jubilados con lo que obtuvieran del piso.

"El notario leyó el papel, lo rompió y obligó a hacer otro", recuerdan ambos. "Vio que aquí había unos 'vivos'", anota ella.

"Se habían quedado sin piso"

Sin embargo, el piso cambiaba de manos solo tres días después por la mitad de la oferta que habían rechazado por insuficiente: el abogado se lo vendía al dueño de la inmobiliaria en nombre de los propietarios por 52.000 euros, aunque en realidad el pago efectivo fue de 2.700; el resto, 49.300, quedaba "retenido" por el comprador para cancelar la hipoteca del piso, algo que haría mediante una subrogación aunque manteniendo el calendario de cuotas, según consta en la escritura a la que ha tenido acceso Público.

Así, señala la querella, el empresario pasaba a ser el dueño de la vivienda mientras sus propietarios "se habían quedado sin piso, no habían recibido un solo euro por ello, y además seguían haciendo frente a su deudas, así como los pagos ordinarios del piso, comunidad, obras, administración, ya que ellos seguían en la creencia de que nada había cambiado".

Creían que el piso seguía siendo suyo "y que los querellados eran dos amigos, sobre todo el señor N. L. M., que estaban velando por ayudarles a salir del apuro en que se encontraban". De hecho, Ángel seguía participando en las reuniones de la comunidad, de la que fue presidente en esos años. Estaban convencidos de que el piso seguía siendo suyo, entre otras cosas, explican, porque nadie les había dicho lo contrario.

"Nadie firmaría semejante barbaridad"

Dos semanas después, en septiembre, "les convencieron de que, para 'evitar que se les metiese nadie en el piso', firmasen un contrato de arrendamiento del propio piso y con sus propios muebles para 'que nadie pudiese meterse en él y quitárselo con cualquier tipo de embargo'", narra la denuncia. Comenzaron a pagar 300 euros mensuales que, según les dijeron, eran para cubrir las cuotas de la hipoteca, de la que el banco había dejado de pasarles las cuotas tras la subrogación y de cuya liquidación se encargaban los denunciados.

"Nadie firmaría semejante barbaridad, si no fuese en base, en primer lugar a su ignorancia y a una confianza en un experto inmobiliario 'amigo' y un abogado amigo del anterior; esto es, dos 'expertos y amigos', que les decían que confiaran en ellos, y firmasen los que les planteaban con el fin de salvar su piso de las garras del banco".

"Creíamos que éramos propietarios", recuerda el matrimonio de jubilados. Pagaban los 300 euros en mano, y "nos daban recibo porque lo empecé a exigir", apunta Conchita. "El abogado siempre nos decía que no pasaba nada: paga los 300 euros y no te preocupes", anota Ángel.

Así estuvieron diez años, hasta finales de 2018. Cinco antes, en 2013, los jubilados habían estampado su firma al final de un papel en el que figuraba un reconocimiento de deuda de 12.000 euros por "distintas entregas en efectivo y pagos derivados". Ellos sostienen que el folio, cuya ejecución judicial vía monitorio les ha costado otros 400 euros mensuales durante año y medio, estaba en blanco cuando se lo presentaron.

Catorce meses de deuda por alquiler

Ángel y Concepción decidieron de dejar de pagar el supuesto arriendo cuando se enteraron de la situación real al plantear la comunidad una derrama para unas obras: ellos no eran los dueños del piso, heredado de los padres de Ángel y para cuya reforma se habían hipotecado a finales de los años 90.

Unos meses más tarde, en octubre del año pasado, Javier N. L. M. les remitía una carta en la que les comunicaba su "voluntad" de "resolver el contrato de arrendamiento" y les conminaba "desalojar la vivienda" por "falta de pago de la renta" desde hacía catorce meses. La interposición de la querella ha paralizado esa opción.

Mientras tanto, las deudas ajenas a la hipoteca y que deberían haber sido saldadas en la medida de lo posible con la venta del piso han seguido siendo pagadas por el matrimonio de jubilados. Ni el abogado ni el inmobiliario dedicaron recursos a hacerlo.