Carmen Arnedo sólo hizo lo hubiera hecho cualquier madre. Lo que hicieron muchas familias antes de la crisis económica. Decidió avalar a su hijo para que pudiera comprar una vivienda en los años previos a la gran recesión. Pero la cosa se torció, su hijo perdió el trabajo, dejó de pagar las cuotas y el banco se quedó con la casa, pero también con la de Carmen, una conocida activista antidesahucios a la que este jueves le ha llegado la fecha que lleva años intentando evitar.

A las 10.00 horas de este jueves, la comisión judicial ha llegado a la vivienda de Carmen, de 69 años, para ejecutar el desahucio. Pero Carmen no estaba sola. Precisamente porque ella lleva más de siete años acompañando a personas en su misma situación y participando en las protestas y convocatorias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por eso, la PAH y otros colectivos por el derecho a la vivienda de Madrid han pasado una semana convocando a vecinos y activistas para concentrarse en su puerta este jueves y evitar que la mujer pierda su casa, un piso de 80 metros cuadrados en Alcorcón que se compró cuando tenía 20 años. Finalmente, Carmen, con la ayuda solidaria que lleva años alentando, ha conseguido una victoria momentánea: el aplazamiento sin fecha  de su desahucio. 

“Es muy conocida y muy querida, ni se sabe cuántos desahucios ha ayudado a parar. Vayas donde vayas, allí está Carmen, y ahora nos toca apoyarla, como ella ha hecho tantas veces”, explica Mercedes Revuelta, activista de la PAH.

“Es un caso muy sangrante y, por desgracia, un ejemplo muy habitual de lo que le ocurrió a cientos de miles de familias en este país durante la crisis”, resume José, miembro de PAH. Según explica este activista, el hijo de Carmen pidió una hipoteca de 110.000 euros para comprar su vivienda, un semisótano de 30 metros cuadrados en Torrelaguna (Madrid). Estuvo nueve años pagando las cuotas, hasta que perdió su empleo durante la crisis. Tras varios impagos, el banco (Cajamar) se quedó con la vivienda y la sacó a subasta, pero no fue suficiente para saldar la deuda. “Había unas cuantas cláusulas que ahora se han demostrado abusivas”, apunta José.

El tormento de Carmen comenzó en 2010, cuando se le notificó que su vivienda había sido embargada por Cajamar. Según explican desde la PAH, el piso de Carmen, aunque ha seguido viviendo ahí hasta ahora, también fue subastado, y el comprador pagó por el 58.000 euros a Cajamar. Es este comprador el que reclama ahora la vivienda de Carmen, puntualizan desde la PAH, que confían en su poder de convocatoria para paralizarlo y ganar tiempo. "Va a ir mucha gente a pararlo, estamos seguros, porque todos conocen a Carmen y su situación", puntualiza José.

El periplo judicial ha sido largo, y Carmen ha logrado retrasar su desahucio gracias a varios recursos, apunta Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la PAH, que denuncia que este desahucio es “claramente ilegal”. Como tantas hipotecas firmadas antes del crack económico, la del hijo de Carmen contenía una cláusula de vencimiento anticipado, que permitía al banco resolver el contrato y comenzar el procedimiento de ejecución hipotecaria por la totalidad del dinero prestado con tan solo una o dos cuotas impagadas. Se trata de una cláusula abusiva, reconocida así por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y, recientemente, el Tribual Supremo ha sentenciado que los desahucios por impago de hipotecas anteriores al año 2013 deben archivarse por contener este tipo de cláusulas, recuerda Jacinto. “Carmen ha recurrido y ha alegado esta circunstancia para evitar su desalojo, sin embargo el lanzamiento sigue fijado para este jueves”, apunta la abogada.

Según fuentes cercanas a Carmen, la mujer está “muy afectada y con mucha angustia” porque sabe que tarde o temprano se quedará sin casa. Aunque no ha servido de mucho, ha solicitado una vivienda social tanto a nivel autonómico como al Ayuntamiento de Alcorcón, que ha intentado mediar con el comprador de la casa, aunque sin éxito, apuntan fuentes de PAH. “El banco tampoco ha querido negociar con ella ni con su hijo un alquiler social, y ahora puede verse en la calle, con casi 70 años y apenas 600 euros de pensión”, critica Revuelta, que confirmaba que la Delegación del Gobierno en Madrid tenía previsto un despliegue policial para ejecutar el desahucio.