A las 8.00 horas, Juan Santiago salía de su casa para llevar al colegio a sus dos hijos de ocho y diez años. Ni él ni los niños sabían si podrían volver cuando sonara el timbre. En la puerta de su casa se quedaba Miriam Fernández, de 32 años, para esperar a la comisión judicial que este lunes poselectoral debía echarlos de su casa, uno de los pisos del ya icónico bloque de la calle Argumosa, 11, en el cada vez más cotizado barrio de Lavapiés de Madrid.

La historia no es nueva en esta calle. El pasado febrero, cuatro familias fueron desalojadas de sus viviendas en el mismo bloque, el foco más visible —aunque no el único— del conflicto por una vivienda asequible en una de las ciudades españolas donde más se han disparado los precios del alquiler en los últimos años. A todos los vecinos les llegó hace tiempo un burofax para que abandonaran las casas o aceptaran una subida del alquiler del 300% en la mayoría de los casos. Así ha sido desde que la inmobiliaria Proindivisos S.L. comprara la mayoría de las viviendas del edificio y se negara a negociar con los inquilinos unas condiciones acordes a sus bajos ingresos. Aún quedan 18 familias que resisten. Diez son inquilinos de renta antigua a quienes la nueva propietaria debería respetar sus contratos. El resto cuentan los días hasta que la comisión judicial toque al telefonillo para decirles que se acabó su vida en el barrio.

La cara de Miriam era de cansancio y tensión. Ni los abrazos de las decenas de activistas antidesahucios que se habían congregado en la puerta desde las 8.00 horas, ni las porras ni el café con leche que le han llevado parecían calmarla. "Es que no tengo a dónde ir. Toda mi familia está viviendo en hostales. Pepi, Juani, Mayra... todos vivíamos en este edificio y ya han sido desahuciados", explicaba la afectada a Público. "Llevamos dos noches sin dormir. Los niños no paran de preguntar si de verdad nos van a echar. Es su casa, llevamos seis años viviendo aquí. Un poquito de humanidad, es lo que pido, aunque sea por mis hijos menores", ruega Miriam. Paga 320 euros del alquiler. Ahora le piden más del doble. "No han querido negociar nada, y lo hemos intentado todo, hasta el Ayuntamiento de Madrid ha intentado mediar, pero no ha habido forma. Quieren que nos vayamos", relata.

La de Miriam no era la única cara larga que podía verse en la calle, por muchos chotis satíricos que entonara una activista con un megáfono. La insuficiente victoria de Manuela Carmena en las elecciones dará el Gobierno municipal al PP, a Ciudadanos y a Vox. Todos juntos y, seguramente, revueltos. Los activistas siempre han sido críticos con la todavía alcaldesa y su equipo en materia de vivienda, pero saben que lo que viene es peor, que aunque no pueda evitar que haya desahucios, el Ayuntamiento ha estado ofreciendo alternativas temporales a los desahuciados más vulnerables, que ha negociado con más o menos éxito y acierto en casos como este, relata a Público Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. Menos esperanzas vienen del lado del Gobierno regional, donde se repite la suma que va a heredar el Consistorio. "Aquí seguimos sin una ley de vivienda. Este desahucio, en lugares como Catalunya no se podría producir, porque hay una ley de vivienda autonómica que obliga a ofrecer un alquiler social a familias como la de Miriam. Junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH) hemos intentado llevar una a la Asamblea regional. La rechazaron PP y Ciudadanos. Habíamos conseguido un compromiso de PSOE, Podemos y Más Madrid para que se retomara en esta legislatura, pero ahora no hay suficientes apoyos", argumenta. Teme que, con el cambio en la Alcaldía, vuelva a ser la Policía Municipal la que ejecute los desahucios. Teme este sea el último que puedan paralizar.

Una activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, durante el intento de desahucio de una familia con dos hijos menores en la calles Argumosa de Madrid.- JAIRO VARGAS

Pero aún falta para que Carmena ceda el bastón de mando a Martínez Almeida, erigido en el azote contra los okupas. A las 10.00 horas llega un equipo del Samur Social para evaluar la situación de Miriam y su familia. Poco después llega la comitiva judicial acompañada de un par de unidades de la Policía Municipal y de los representantes legales de la inmobiliaria. "Somos bastantes y no hay antidisturbios de la Policía Nacional, como la última vez. Tenemos confianza en que se pueda aplazar", asegura Fernando Bardera, portavoz del colectivo Lavapiés, ¿dónde vas? y miembro de la iniciativa Bloques en Lucha, que pelea en los juzgados y en las calles para que la escena de Argomosa, 11 no se repita en otros lugares de la capital.

Tras unos minutos que a Miriam le han parecido horas, llegan buenas noticias desde el otro lado la acera. Bardera anuncia que el desahucio ha sido paralizado sin fecha. No porque no haya alternativa habitacional para la familia, ni porque en esa casa vivan dos menores, tal y como ha criticado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ONU en repetidas ocasiones. La razón por que la Miriam se queda temporalmente es que hay tantos congregados que la Policía no tiene capacidad para ejecutar el lanzamiento, anuncia Javier Gil.

"Mientras no tengamos una ley autonómica de vivienda sigue siendo fundamental parar los desahucios en la puerta. Habrá una fecha nueva, estad atentos a las nuevas convocatorias", pide el activista. "No es ni bueno ni malo porque no tenemos fecha. El mes que viene puede ser peor después de lo de anoche", dice Bardera, refiriéndose al batacazo de Más Madrid, al casi un centenar de personas que había acudido a la llamada de los colectivos antidesahucios. "Muchas gracias a todos los que habéis luchado conmigo hoy. Os llevo a todos en el corazón. Gracias", decía la afectada con algo más de alivio en el rostro. Otra vez se ha parado un desahucio en Argumosa, 11, pero todos saben que éste podría ser el último.