España no se queda al margen del menoscabo de los derechos humanos recopilados por Amnistía Internacional (AI) en su Informe Anual hecho público hoy en todo el mundo. En este documento, la ONG analiza la situación de los derechos humanos en 159 países durante el año 2016. 

Entre las principales violaciones de estos derechos en nuestro país, resalta la insuficiente acogida de personas que huye de conflictos o de graves violaciones derechos humanos y la expulsión masivas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Amnistía también señala a España por utilizar el delito de "enaltecimiento del terrorismo" para limitar de forma desproporcionada la libertad de expresión.

"Aunque España se comprometió en septiembre de 2015 con la Unión Europea a la rehubicación y reasentamieto de más de 17.000 personas que huyen de la guerra y la persecución, lo cierto es que sólo ha acogido a 1.034, un 6% de su compromiso. Una cifra que es claramente insuficiente", afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

El informe denuncia que nuestro país utilizó la "amplia y vaga" definición de terrorismo recogida en la reforma del Código Penal, para limitar de forma desproporcionada el derecho a la libertad de expresión y cita, entre otros, el caso de los titiriteros encarcelados durante una representación. "Ninguna obra de teatro, ninguna opinión por mucho que su contenido pueda parecer inadecuado, representa un peligro para la seguridad nacional", señala Beltrán.

La impunidad de las fuerzas de seguridad son otro apartado en el que España suspende, según la ONG. "Es una tendencia cada vez más extendida en las violaciones de derechos humanos. Los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en el uso excesivo de la fuerza raramente son identificados y los casos de tortura siguen sin investigarse adecuadamente", recoge el informe. Además, la organización resalta que tampoco se han realizado avances en la investigación de los crímenes contra el derecho Internacional, como los cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. 

Amnistía Internacional recuerda que durante 2016 denunció nuevos casos del uso desproporcionado de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad y otros casos de malos tratos, que no se investigaron con eficacia o exhaustividad. Cita el ejemplo de Ester Quintana, que perdió un ojo en noviembre de 2012 por el impacto de una pelota de goma y la absolución en 2016 de los policías implicados, por no poder demostrarse quién había disparado.  "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó por octava vez desde 2010 que los casos de torturas y malos tratos en España no se investigan adecuadamente y afirma que la impunidad se consolida por falta de investigación".

El informe resalta que en nuestro país hay pendientes de tramitación más de 29.800 solicitudes de asilo y que estas se han casi triplicado en los últimos tres años. Si en 2013 el número de peticiones fue de 4.513, entre enero y octubre de 2016 ya se habían registrado unas 12.525 solicitudes de asilo. "España no aplicó las directivas europeas sobre personas apátridas, procedimientos de asilo y condiciones de recepción y seis años después de su entrada en vigor, la Ley de Asilo seguía sin implementarse, lo que hizo que el acceso de las personas solicitantes de asilo a la asistencia que tienen derecho no fuera el mismo en todo el país", afirma AI en un comunicado.

Un mundo menos humano

A nivel internacional, la organización denuncia que a medida que los grandes Estados dan marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos, esto actúa como un efecto dominó y advierte que la retórica "tóxica y deshumanizadora"  de el "nosotros contra ellos" está creando un mundo más dividido y peligroso. 

"La política de demonización que se hace en la actualidad, difunde la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de personas. Esta práctica amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana", afirma Salil Shetty, secretario general de la organización.

Amnistía Internacional pide a la gente que oponga resistencia en todo el mundo a los "cínicos intentos" de retirar derechos humanos consolidados con la lejana promesa de prosperidad y seguridad.  Y advierte que la solidaridad global y la movilización popular serán de vital importancia para proteger a las personas que se oponen a quienes están en el poder y defienden los derechos humanos y a los cuales sus gobiernos tachan de "amenaza".

¿Quién va a defender los derechos humanos? se interpela AI y afirma que el mundo se enfrenta a una larga lista de crisis con poca voluntad política para abordarlas. Entre ellas las de Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Iraq, Sudán del Sur y Sudán. 

"En 2016 los gobiernos hicieron la vista gorda ante crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscaban el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas y justificaron la tortura,  la vigilancia masiva y ampliaron poderes policiales draconianos", afirma AI.

Espía y promete seguridad

Varios países han adoptado medidas intrusivas de seguridad, como el prolongado estado de excepción de Francia y la inaudita y catastrófica legislación sobre vigilancia de Reino Unido. Se ha instalado "la seguridad como excusa para justificar la represión en todo el mundo". Los gobiernos ofrecieron a los ciudadanos la promesa de seguridad y mejora económica a cambio de ceder derechos de participación y libertades democráticas. 

Amnistía Internacional pone en el foco a Turquía, que intensificó su represión a los disidentes durante el estado de excepción que siguió al intento del golpe de Estado. Más de 90.000 personas empleadas en el sector público perdieron su trabajo por sus "presuntos" vínculos con organizaciones terroristas ,118 periodistas fueron encarcelados preventivamente y se cerraron 184 medios de comunicación. 

El drama de los refugiados ocupa una parte importante de su informe. Desvela que 36 países violaron el derecho internacional devolviendo ilícitamente a personas refugiadas a países donde sus derechos humanos corrían peligro.
En otras partes, China, Egipto, Etiopía, India, Irán, Tailandia y Turquía han llevado a cabo campañas masivas de represión. 

En 22 países se asesinaron a defensores de los derechos humanos durante el año pasado por cuestionar intereses económicos, defender a minorías y a comunidades pequeñas o por oponerse a los obstáculos tradicionales para los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI.

"No podemos depender pasivamente de los gobiernos para defender los derechos humanos ; somos las personas quienes tenemos que hacer algo. Con los políticos cada vez más dispuestos a demonizar a grupos enteros de personas, raras veces ha sido tan evidente la necesidad de que todas las personas luchemos por los valores básicos de la dignidad humana", concluye Salil.