Denuncian la retirada de la pensión por incapacidad permanente a un hombre con VIH en Barcelona después de 25 años

A Carlos le diagnosticaron VIH en 1989, en un momento en el que los fármacos para controlarlo todavía estaban en una fase muy inicial y, como él mismo recuerda, eran muy agresivos. Ha convivido 34 años con el virus, un tiempo en el que le han ido apareciendo otras enfermedades asociadas, además del propio desgaste vinculado a un patógeno que, entre otros, provoca un envejecimiento prematuro.

En 2021, el INSS le retiró la pensión al considerar que había mejorado su estado

Su situación médica hizo que en 1996 le reconocieran la incapacidad permanente, acompañada de una pensión que le permitía vivir dignamente ante la imposibilidad de trabajar.

Sin embargo, en 2021 el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le retiró esta prestación al considerar que había mejorado su estado. Con 60 años, vio cómo su vida cambiaba de forma inesperada: "Yo no sabía que me iban a hacer un tribunal médico. Que, además, no tuvo en cuenta nada", explica en una llamada con Público.

Tras esa decisión que le cogió por sorpresa, llevó el caso a los tribunales de la mano del despacho de abogados Col·lectiu Ronda pero, de momento, sin éxito. El Juzgado de lo Social 20 de Barcelona ha tumbado la demanda y ha alejado un poco más la opción de recuperar su pensión: "Ya no hablamos de trabajar, es que no puedo llevar una vida normal, las cosas del día a día se me hacen un mundo".

De llegar "justo" a tener que recurrir a comedores sociales

La incomprensión y la rabia son dos sentimientos que han acompañado a Carlos en este periplo, en el que ha tenido que buscarse la vida para sobrevivir a través de otras ayudas de la Administración -más escasas-, el apoyo económico de amigos y familiares y comedores sociales.

"No es lo mismo tener que afrontar un hándicap médico con un mínimo de recursos que tal y como estoy yo ahora"

"No es lo mismo tener que afrontar un hándicap médico con un mínimo de recursos que tal y como estoy yo ahora, con una situación económica crítica". Reconoce que antes iba "justo", pero que llegaba a fin de mes, una situación que se acabó cuando le retiraron la prestación.

No sólo VIH

Más allá del VIH, en estas más de tres décadas a Carlos le han aparecido otras patologías que agravan su estado de salud. Tiene afectaciones pulmonares y cardíacas, un deterioro cognitivo que le afecta a la memoria, depresión -que no se puede medicar por la interacción de los distintos fármacos que toma- y, recientemente, le han diagnosticado un cáncer de hígado.

Hace unos meses le han diagnosticado un cáncer de hígado

Uno de los argumentos tanto del INSS como del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), ahora avalado por la juez, es que la carga viral es indetectable y esto mejora el cuadro médico. Este es uno de los efectos de los retrovirales, la medicación por el VIH, que evita que la persona pueda transmitir el virus.

"Pero eso lo único que mide es la posibilidad de contagio, no la afectación a la persona. El VIH está controlado con la medicación, pero los efectos secundarios y la evolución, no", apunta su abogada, Marta Barrera, del Col·lectiu Ronda, que también afirma que no es lo mismo ser diagnosticado hoy en día que hace más de 30 años.

"El tribunal médico se agarró a que tenía el VIH controlado, y durante este tiempo me he dedicado a reunir informes de las otras patologías que tengo. Lo presenté en el juicio pero la juez ha hecho un corta y pega de lo mismo que dijo el ICAM en su día", lamenta Carlos.

Desde el bufete de abogados apuntan que el ICAM está retirando la invalidez a los pacientes de forma más habitual que antes, aunque no de tanta antigüedad como la de Carlos. "Es un tema económico", critica Barrera.

En riesgo de exclusión social

"Le han dejado en la indigencia, se está condenando a una persona a una situación de exclusión social", señala la abogada. Ahora, Carlos cobra una prestación no contributiva que no alcanza los 600 euros y con la que se le hace imposible cubrir todos los gastos del día a día, además de los médicos.

Llevarán el caso al TSJC: "Es la última opción que me queda"

Otro de los argumentos de la defensa es que en las distintas evaluaciones no se tuvieron en cuenta el conjunto de patologías, sino cada una por separado, alegando que no alcanzaban un grado incapacitante.

Ahora recurrirán el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que esperan que tenga en cuenta el deterioro de su salud: "Es la última opción que me queda, esperar a que algún juez sea capaz de valorar mi estado en conjunto", concluye Carlos.