MADRID
El Partido Animalista (PACMA) ha denunciado la situación que viven miles de perros y cabras congregados en barrancos y otros espacios públicos de las islas Canarias. Las imágenes documentadas por activistas independientes y voluntarios del partido, aseguran, "han servido para registrar denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con el estado físico y mental de los animales, así como por contaminación del entorno".
PACMA denuncia que "pese a superar la decena de denuncias, la administración no ha hecho nada y tras la inspección de estos zulos el informe que se emite asegura que no existe maltrato alguno". Sin embargo, consideran que las imágenes del estado de estos animales "no dejan lugar a dudas", por lo que piden una nueva Ley de Protección y Bienestar para los Animales en Canarias.
Todos los asentamientos grabados presentan un patrón similar: cuevas o chamizos construidos con palés, chapas, vallas y somieres, restos de material de obra, agua mohosa, ausencia de comida y cadenas oxidadas. PACMA asegura que estos animales estarían, presuntamente, destinados a la caza o la explotación ganadera en todos los casos.
"Estas explotaciones son denunciadas una y otra vez por protectoras y particulares, no sólo por el estado en el que se encuentran los animales, sino por la suciedad y los desperdicios que esparcen por los barrancos cuyo cauce termina en el mar. La policía, por lo general, las visita, comprueba que los animales tienen chip y vacunas y emite un informe positivo sin tener en cuenta las condiciones de inmundicia o la titularidad del terreno", explica Yolanda Morales, coordinadora de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Pese a vallar los terrenos públicos colocan carteles de “prohibido el paso”. “Esto no sólo supone una presunta apropiación indebida de un terreno con el beneplácito de las autoridades. Incluso en caso de riada, los animales serían arrastrados por la corriente violentamente y morirían entre los escombros. Por este motivo la construcción en los cauces de los barrancos no está permitida”, comenta Iris Sánchez, coordinadora de la provincia de Las Palmas.
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