Banco Santander ha abierto las consultas para la negociación del despido colectivo de 3.713 de sus 29.948 trabajadores, que este martes tuvieron la segunda reunión, con una propuesta de indemnizaciones mucho más ajustada que la que acabó aceptando en su último ERE, cerrado hace poco más de un año.

Entonces, los menores de 50 años se llevaron 40 días por año trabajado; los de 50 a 54, el 80% del sueldo de ocho años, y los de 55 a 62, el 80% del salario hasta cumplir los 63; en los dos últimos casos, con dos años de paso por el desempleo a cuenta del Estado y con la cobertura del convenio especial con la Seguridad Social.

Ahora, según la propuesta que este martes ha formulado la dirección de la entidad a los sindicatos, los menores de 52 años saldrían de la entidad con un máximo de 18 meses de salario a 33 años por meses trabajado, los mayores de 62 la dejarían exactamente con la compensación máxima que contempla la reforma laboral: veinte días por año trabajado con el límite de una anualidad. Los de 53 y 54, por último, ingresarían el 60% de la nómina de seis ejercicios, con los pagos limitados a 350.000 euros.

El banco propone que los de 55 a 57 reciban el 65% del salario hasta que cumplan los 63 mientras los de 58 a 61 percibirían el 70%, también con un paso de dos años por el desempleo y con el pago del convenio. No recibirían esas cantidades en forma de renta de prejubilación, que obliga a tributar en el IRPF, sino como indemnización de despido prorrateada por meses, fórmula que está exenta en las cantidades inferiores a los 45 días por año trabajado y a las 42 mensualidades.

A esas cantidades se les suma una prima, todavía no cuantificada por la entidad financiera, por presentarse voluntarios para los despidos entre quienes no hayan cumplido los 55 años.

Despedir con beneficios

Fuentes sindicales mostraron su esperanza en poder elevar la cuantía de esas indemnizaciones y en poder reducir el número de afectados durante las sesiones de negociación del Expediente de Regulación de Empleo.

Por otro lado, sindicatos como UGT y CGT mostraron su rechazo a la propuesta de despido colectivo de la empresa, ya que esta sigue obteniendo beneficios (1.738 millones el año pasado en España, 403 más de enero a marzo) y la plantilla cuenta con más de 5.000 trabajadores mayores de 55 años.

"Hay margen más que suficiente para evitar los despidos y efectuar las salidas mediante prejubilaciones", señalan desde CGT. "En una gran empresa con altos beneficios y miles de empleados mayores de 55 años en su plantilla, cualquier ajuste debería hacerse a través de un plan de prejubilaciones a medio plazo y no con un ERE", mantienen en UGT.

Sin embargo, no parece que la empresa se muestre abierta a cambiar de planteamiento. De hecho, los representantes sindicales se encontraron este martes en la mesa con la sorpresa de que, junto con las bajas, Santander plantea aplicar medidas de movilidad geográfica (traslados). Para reducir el número de bajas, sostiene el banco. Para presionar a los trabajadores a aceptarlas como voluntarios, interpretan los sindicatos.

Traslados de hasta 400 kilómetros

El convenio colectivo de Santander ya contempla el traslado de trabajadores a puestos situados hasta a 75 kilómetros del que ocupan. Ahora, la empresa propone dos nuevos formatos: uno de 76 a cien, con una prima de 6.000 euros y el pago del kilometraje por el banco durante seis años, y otro de 101 a 400, que podría afectar a un centenar de empleados que verían aumentado su salario entre un 10% y un 15% durante ocho años.

Esos traslados, que incluyen desplazamiento como de Madrid a Ponferrada (León), de Sevilla a Béjar (Salamanca) o de Valencia a Almazán (Soria), se ejecutarían desde la firma del ERE hasta el 31 de marzo del año que viene.

Por último, quedarían a salvo de los efectos del ERE varios grupos de empleados siempre que esas condiciones les hubieran sido reconocidas antes del inicio del proceso negociador el pasado 8 de mayo.

Se trata de los trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33%, quienes tengan hijos en esa situación, las víctimas de violencia machista, quienes tengan reducción de jornada por el cuidado de descendientes con enfermedades graves y los que se encuentren en excedencia. Solo uno de los miembros de matrimonios y parejas de hecho podría ser despedido.