Denuncian por allanamiento al concejal de Villalba que ordenó el desalojo sin orden judicial de una familia con menores

Una familia vulnerable con cuatro menores ha interpuesto este viernes una denuncia penal en el juzgado contra el concejal de Seguridad de Collado Villalba (Madrid), Miguel Aisa, por ejecutar sin orden judicial el desalojo de las instalaciones municipales abandonadas que ocupaban desde hacía más de un mes en una antigua escuela.

La familia, compuesta de siete miembros, se había instalado en diciembre en las aulas prefabricadas del viejo colegio Mio Cid debido a su difícil situación económica y la imposibilidad de alquilar. Hace dos semanas, los activistas de la Asamblea de Vivienda de Villalba ya paralizaron un primer intento de desalojo y se proponían hacer lo mismo el viernes 11 de febrero. Sin embargo, cuando los activistas acudieron al lugar, alrededor de las 7.30 horas, ya se encontraron "reventado el candado de la verja del recinto" y la Policía Municipal había ejecutado el desalojo, en presencia del concejal Asia, recuerdan.

Con apoyo legal de la Asamblea de Vivienda de la localidad, Faustina, la madre, denuncia a Asisa por allanamiento de morada después de que este acompañara a la Policía Municipal en el operativo, que concluyó con el derribo de los barracones para construir un circuito de educación vial, según medios locales.

Según explica a Público el letrado, Diego Redondo, cualquier desalojo policial de un domicilio debe estar ordenado por un juez. Y, aunque las instalaciones eran municipales y no eran una vivienda, la familia y los activistas entienden que se trata de un domicilio en el que hacían "vida normal" desde hacía varias semanas. "La policía les identificó como habitantes y moradores del lugar", recuerda el letrado.

Después de que la familia ocupara las instalaciones, el Ayuntamiento  inició los trámites y convocó un pleno extraordinario hace dos semanas en el que se aprobó de urgencia la recuperación de las instalaciones por la vía administrativa. Se dio a la familia 24 horas para abandonar la parcela y, pasadas más de 40, se llevó a cabo la expulsión. La decisión contó con los votos a favor del equipo de Gobierno ( formado por PP, Ciudadanos y una concejala no adscrita), Vox y MCV Corazón Villalbino, y con el rechazo de Más Madrid, Unidas por Collado Villalba y PSOE, que criticaron la convocatoria urgente de una pleno "de un día para otro".

Sin embargo, precisa el abogado de la Asamblea de Vivienda, el propio Procedimiento Administrativo Común, al que ha recurrido el consisitorio, establece que, a la hora de recuperar un bien público, "si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado" se requiere "consentimiento" o "la oportuna autorización judicial", algo con lo que no contaba el ayuntamiento. Los activistas sostienen que no hay un plazo establecido en la ley para una administración ejerza la recuperación de un bien demanial, aunque sí que está obligado a hacerlo.

Polémica oficina antiocupación

Sospechan que la celeridad de este procedimiento tiene que ver con la querella que interpuso hace varias semanas el grupo municipal Unidas Por Collado Villalba contra la alcaldesa, Mariola Vargas (PP). La acusaban de negarse reiteradamente a facilitar la documentación relativa al expediente de contratación del servicio de asesoría jurídica de la "Oficina Antiocupación" que puso en marcha el municipio.

Público ha intentado sin éxito conocer la versión del Ayuntamiento. En declaraciones a una radio local después del desalojo, el concejal Aisa aseguró que los afectados "estaban avisados hace tiempo" de que acabarían desalojados y que también se les notificó la resolución del pleno municipal. "Se ha hablado con ellos para que entiendan que tienen que abandonar el edificio, es un edificio de todos los villalbinos. Estamos en cumplimiento de la Ley", insistió.

Según los activistas, la familia vive por el momento en casa de un familiar, donde se hacinan ocho personas en poco más de 50 metros cuadrados. También denuncian que los servicios sociales municipales no han ofrecido ninguna alternativa a la familia, ni en esta ni en las anteriores ocasiones que han sufrido un desahucio por falta de medio económicos para hacer frente a un alquiler.

La Asamblea de Vivienda considera que el Ayuntamiento "acelera de forma inaudita un procedimiento administrativo para expulsar a una familia sin alternativa habitacional" y que "desaloja sin orden judicial y con opacidad".