Según datos del Ministerio del Interior, entre 2019 y 2020 se habían presentado un total de 11.838 denuncias por delitos contra la libertad sexual (6.153 en 2019 y 5.685 en 2020) que tenían como víctimas a menores de edad. En ambos años estas denuncias representaban cerca del 50% del total de las recibidas por este concepto, lo que supone que uno de cada dos agresiones sexuales en nuestro país tienen como víctima a un menor. Y estos datos suponen sólo la punta de un gran iceberg, puesto que se estima que tan sólo se denuncia el 15% de los abusos sexuales que ocurren en la infancia. 

Así lo denuncia este jueves Save the Children en la presentación de un informe sobre abusos sexuales en la infancia, en el que analiza cerca de 400 sentencias judiciales sobre este tipo de abusos en niñas, niños y adolescentes. 

"La prevalencia de este delito en nuestro país es muy elevada, puesto que se estima que entre el 10% y el 20% de los menores sufren abusos sexuales. Esto supone que de los ocho millones de niños que hay en nuestro país, entre 800.000 y un 1,6 millones sufren algún tipo de abuso sexual", afirmó en rueda de prensa Andrés Conde, director general de Save the Children.

El informe de esta organización hecho público este jueves analiza las sentencia sobre abusos sexuales en la infancia emitidas por los juzgados entre 2019 y 2020 y desvela que las víctimas de este delito que se llegan a juzgar en España son principalmente niñas de entre 13 y 16 años y que han sido han sufrido estos abusos por mayoritariamente por parte de una persona conocida.

 El informe se basa en 432 caso de esta violencia a partir del análisis de 394 sentencias judiciales de abusos sexual infantil en la infancia. El documento hace un repaso sobre el perfil tanto de las víctimas, como de los abusadores, analiza el calvario judicial por el que tienen que pasar los menores dentro del sistema de justicia y resalta los fallos que deben ser corregidos para que niñas niños y adolescentes puedan tener juicios justos, que no revictimicen a los menores a lo largo del proceso.

"Estas cifras deberían escandalizarnos porque son una vergüenza", ha afirmado Conde, que ha añadido que tal como marcan las leyes internacionales la ifancia "tiene derecho a un juicio justo tal como marcan la leyes nacionales e internacionales pero no lo están teniendo". "El abuso sexual es una de las formas de violencias hacia la infancia más terribles que pueden tener consecuencias emocionales, sociales y sexuales que pueden ser a corto plazo, pero que pueden durar toda la vida. Es un problema invisibilizado y desatendido tanto desde el ámbito político, institucional y judicial, sobre el que hemos puesto el foco específico en este informe", añadió Conde.

Perfil de la víctima

Según los datos recogidos en el análisis de las sentencias, las que sufren mayoritariamente este delito son chicas adolescentes, por lo que esta violencia está fuertemente marcada por un factor de género. El perfil de las víctimas de este delito que llegan juzgarse son mayoritariamente niñas de entre 13 y 16 años, aunque la edad media en la que los niños y las niñas comienzan a sufrir estos abusos es anterior y de media se sitúa en los 11 años. 

De todas las sentencias revisadas por la organización a lo largo de dos años, casi el 80% de los delitos (78,9%) se habían producido en niñas y adolescentes aunque advierten que hay ligeras diferencias dependiendo del tramo de edad. Así entre los menores comprendidos entre los cero y los seis años el 24% de los abusos se producen en niños varones y el 75,5% en niñas. El porcentaje más alto de abusos en niños varones tiene lugar entre los 11 y 12 años (27,9% en varones y 72,1% en niñas). El 44,7% de los delitos por violencia sexual que han sido juzgados pertenecen a la niños en edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, aumentando en esta franja el porcentaje de niñas (82,9%) frente al de los varones (17,1%).

Los abusadores son personas conocidas de los menores

Otra característica de este delito es que un altísimo porcentaje de estos abusos (el 84%) los cometen personas cercanas o conocidas por las víctimas y en casi un 50% (49,5%) pertenecientes al entorno familiar. De esta porcentaje, casi el 25% de los casos el abusador es el propio padre.  Las agresiones por personas conocidas fuera del entorno familiar son el 34,5% de los casos, principalmente amistades o compañeros de los menores (9,7%); conocidos de la familia (8,6%) y educadores (6%).

El informes viene a desmontar, también el mito de que el abuso sexual en la infancia ocurra en familias desestructuradas y desmiente la percepción extendida de que es fácil descubrir a los acosadores, puesto que sólo un 12% de ellos tiene antecedentes, lo que supone que el 80% aparentemente son ciudadanos perfectamente integrados en la sociedad. 

"Según el análisis de sentencias vemos que, aunque la mitad se producen en familias en las que los progenitores están en pareja (55,5 %) el abuso se da en todo tipo de familias y contextos, ya sea con progenitores divorciados, separados, con la tutela a cargo de un familiar o varios, o de la Administración Pública. Además, solo en el 12,5 % de los casos el agresor tiene antecedentes", afirma la investigación.

Un duro periplo judicial

La investigación desvela que la mayor parte de las denuncias de este tipo de abusos son interpuestas por la propias víctimas (33%) y en otro 28% de los casos por las madres y pone el foco sobre el duro y tortuoso proceso judicial que deben pasar los menores cuando se ha denunciado el abuso. 

El informe reconoce pequeños avances con respecto al informe que la propia organización publicó en 2017 sobre este mismo tema. Entonces, el tiempo medio de duración de los procesos judiciales por estos delitos era de tres años. En esta nueva investigación afirma que en el 63% de las sentencia analizadas, el proceso judicial no duró más de dos años. Pero advierte de que de que aún existen procesos que se alargan por más de cinco años. 

"Para cualquier niño o niña víctima de violencia, y más aún cuando se trata de un abuso sexual, vivir un proceso judicial que no está adaptado puede suponer una nueva victimización", afirman los autores de documento.

Las sentencias analizadas también arrojan un dato preocupante. Durante el proceso judicial los menores declaran de media cuatro veces sobre lo que les ha ocurrido. "Esto tiene dos consecuencias muy importante: que el menor revive cada vez la experiencia del abuso al relatarlo a personas extrañas, lo que se llama revictimización y victimización secundaria tras la violencia vivida y la segundo circunstancia es que en estas declaraciones se puede incurrir en el riesgo de contradicciones en el relato del niño y que dificulta mucho la credibilidad del relato", afirma Conde. Muchos jueces acaban por archivar el caso si la única fuente de disponible es el relato del niño.

La prueba preconstituída, es decir, la grabación previa y única del relato del menor llevada a cabo en un ambiente amigable y que puede servir a lo largo del proceso judicial sin que el menor tenga que contar reiteradamente los abusos, no se realiza prácticamente en el sistema de justicia. De las sentencias analizadas, en 77,3% de los casos no se grabó el testimonio de los menores porque el el 75,7% de los casos éste no se solicitó una prueba preconstituida, y en el 1,6% de los casos en los que sí se pidió, ésta no se llegó a realizar. 

Save the Children denuncia que no existe ninguna formación específica de los operadores jurídicos, ni de jueces y fiscales sobre los derechos de los niños ni sobre las violencia sexual que sufren y exigen medidas para mejorar el sistema. Entre ellas, la formación y especialización de la justicia. También solicita que se establezcan espacios amigables fuera de los juzgados para recabar el testimonio de los menores, que este se realice una sola vez como prueba preconstituida y que creen juzgados y fiscalía especializados que sólo se dediquen a los delitos que se producen contra los menores. 

Esto no sólo mejorará la calidad de la atención que se presta a estos menores, sino que también acortará los plazos para la resolución de las denuncias y la revictimización de los niños y niñas en el proceso, que en estos momentos califican de "calvario".

También abogan por la puesta en marcha urgente de las conocidas como casas de niños o Barnahus, un espacio amigable para la infancia en el que
están integrados los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales para atender desde lo social y lo judicial a los niños y
las niñas víctimas de violencia sexual en un mismo lugar.