La Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona pide reformas legales para sancionar a las redes sociales que se niegan a identificar los perfiles anónimos que difunden mensajes xenófobos u homófobos, tras denunciar las trabas legales con que algunas de esas empresas burlan las órdenes judiciales.

Miguel Ángel Aguilar, coordinador del área de Delitos de Odio de Barcelona de la Fiscalía de Barcelona, ha expresado su "frustración" por las dificultades para actuar contra determinados perfiles falsos o anónimos muy activos en la publicación de mensajes de intolerancia en las redes, convertidas últimamente en terreno abonado para propagar las proclamas discriminatorias.

Según Aguilar, salvo "contadas excepciones", las principales redes sociales evitan facilitar la identidad de esos perfiles, aunque su titular resida en territorio español, escudándose en una "entelequia jurídica" por estar radicadas en Estados Unidos, país donde los discursos discriminatorios suelen quedar legalmente amparados por el derecho a la libertad de expresión.

Ante un requerimiento de la justicia española para que desvelen la identidad de los perfiles investigados, esas redes sociales solicitan que se expidan comisiones rogatorias a los tribunales estadounidenses, que en la mayoría de casos apelan al derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda para denegar información, excepto en los casos de amenazas muy concretas.

Según Aguilar, la Fiscalía ya es "muy selectiva" al emprender acciones legales contra los perfiles discriminatorios y solo se denuncian tras investigar la cuenta entera y comprobar que se han publicado mensajes de intolerancia reiterados en el tiempo, pero aún así no hay colaboración alguna por parte de las redes sociales, con algunas excepciones como YouTube y el entorno Google.

Por ese motivo, el ministerio público exige reformas legales que permitan imponer sanciones a las empresas que denieguen la información requerida por la autoridad judicial sobre mensajes publicados desde cuentas en España, en la línea de la regulación que ha aprobado Alemania y que Francia adoptará pronto.

El área de Delitos de Odio de la Fiscalía de Barcelona, la primera de España en la materia, acaba de cumplir una década de servicio en que las denuncias por discriminación han ido en aumento, aunque se estima que un 89% de los casos siguen ocultos, según datos de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La ideología fue el primero de los motivos de discriminación a lo largo de 2019, el último ejercicio cerrado por la Fiscalía de Barcelona, aunque los casos descendieron un 26% en relación con 2018, en pleno auge del procés en Cataluña, cuando se abrieron 203 atestados policiales frente a los 147 el año pasado. Por el contrario, se han disparado en Barcelona los delitos por homofobia o transfobia, con un 53% más de atestados en 2019 que en el año anterior, así como los motivados por xenofobia o racismo, que crecieron un 43%.