“Europa necesita recapacitar y preguntarse si está velando por los derechos humanos y medioambientales”, sentencia Ilham Rawoot, activista medioambiental contra las extracciones de gas en Mozambique. Los intereses económicos de las empresas, en esa intensa búsqueda de la ganancia, parecen ser ajenos a la vida. Tanto es así, que en el último año fueron asesinados más de 300 activistas que defendían sus territorios de las acciones de las empresas occidentales, según el último informe Front Line Defenders.

Los asesinatos se suceden y los nombres van quedando en la historia. Berta Cáceres, Datu Víctor Danyan o Hernán Bedoya son sólo algunos de los protagonistas que murieron por defender los derechos de sus comunidades ante los intereses de grandes corporaciones transatlántica. Rawoot, junto a otros defensores de los derechos humanos ha aterrizado en España para reclamar que los ejecutivos europeos no firmen tratados de libre comercio que permitan a las empresas actuar sin impunidad en países terceros.

“Estamos tratando de concienciar a los gobiernos europeos de que los derechos humanos deben de ser uno de los pilares centrales de cualquier tipo de acuerdo comercial”, explica a Público René Pamplona, defensor de los derechos de los pueblos indígenas en Filipinas. El activista pone el foco en la libertad con la que actúan las grandes empresas en el país sudasiático.

El activista, en declaraciones a este medio, pone al Gobierno de Rajoy como ejemplo de la falta de compromiso con los derechos humanos que tienen los estados occidentales. En concreto cita una de las visitas del exministro de Exteriores García-Margallo, que viajó en 2014 a las islas para velar por los intereses de las grandes compañías españolas que operan en la zona.

Pamplona –junto con Rawoot y Florence Sitwaminya, coordinadora del Centro de Investigación en Medio ambiente, Democracia y Derechos Humanos de la R.D del congo– ha venido a Madrid para sumarse a una campaña contra los tratados de libre comercio e inversión. Acuerdos como el TTIP o el CETA se presentan como una de las mayores amenazas medioambientales y sociales del momento. 

Para ellos, la solución pasa por conseguir un Tratado Vinculante de Derechos Humanos que ponga fin a las actividades de determinadas empresas. Unas actividades en ocasiones cuentan con el apoyo de los gobiernos locales, que según explican Pamplona y Rawoot suelen poner grupos paramilitares a disposición de las grandes compañías. "La gente termina en la cárcel o asesinada en masacres", espeta el activista filipino.

Rawoot por su parte, detalla como las extracciones de gas en la costa de Mozambique ha provocado que las sociedades pesqueras de la zona se hayan tenido que desplazar de la zona a varios kilómetros del mar. "Las máquinas han provocado además que no haya peces. Es decir, hay menos peces para comer y más personas en la zona... Eso es un problema", advierte. Esto ha llevado a la gente a movilizarse en el país africano, sin embargo, "es muy difícil articular movimientos sociales en Mozambique porque los poderes tratan de derribarlos de manera inmediata",  explica la activista a este medio.

A groso modo, las experiencias que narran estos defensores de los derechos humanos tienen que ver con que "las políticas públicas se están vinculando a las decisiones económicas y a los intereses coorporativos", opina Víctor Barro, experto en Justicia Económica de la organización pon ecologista Amigos de la Tierra. 

El próximo mes de junio se dará a conocer el Borrador Uno del Tratado Vinculante de la ONU. En virtud de ello, los activistas reclaman a los gobiernos que tengan en cuenta las consideraciones que aportó la sociedad civil, de la mano de determinadas organizaciones por los derechos humanos, en la redacción del denominado Borrador Cero. 

Entre las medidas que se buscan resalta la creación de una corte penal a la que las víctimas puedan acudir cuando sientan que sus derechos como sociedades locales están siendo atacados por los intereses económicos de las grandes trasnacionales. Además, se reclama que "las empresas matrices no se desinhiban de las actividades realizadas por las subcontratas que operan en terceros países", expone Barro, que pone como ejemplo a Shell, compañía a la que se le acusa de haber sido cómplice de violaciones y asesinatos en Nigeria.