El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado este viernes "la total recuperación de las consultas en los centros de salud de las zonas rurales". La declaración ha tenido lugar en las XXXV Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que se han celebrado del 20 al 21 de octubre, en la Colegiata de San Isidoro, en León.

Gabilondo ha hecho esta reclamación como una de las conclusiones surgidas sobre el tema 'La prestación del servicio público de salud en el medio rural'. Además, tanto el Defensor del Pueblo como sus homólogos en las comunidades autónomas, piden "que se prime la atención presencial de los pacientes frente a la telemedicina", según indica Efe.

En su intervención, el Defensor del Pueblo ha advertido de que los profesionales sanitarios en las zonas rurales "no siempre lo hacen en las mejores condiciones, en número suficiente, o con las expectativas profesionales y personales que cabría esperar." Por ello, otra de las conclusiones es que se debe dotar al sistema sanitario público de recursos económicos que permitan una asistencia sanitaria de calidad a las personas que viven en el medio rural, así como incentivos profesionales y administrativos.

Los defensores del pueblo autonómicos consideran que la "telemedicina" "en ningún caso debe en detrimento de la esencial atención presencial". Una parte importante de las personas que residen en el medio rural se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que esta falta de atención sanitaria presencial les castiga especialmente. 

En las conclusiones se señala que, tras la experiencia adquirida por la pandemia de la covid-19, se ha de realizar una evaluación "profunda y rigurosa sobre las necesidades actuales de las personas que residen en las zonas rurales", incluyendo el transporte sanitario.

El procurador del Común en Castilla y León, Tomás Quintana, en calidad de anfitrión, ha sido el encargado de leer las conclusiones del encuentro. Quintana mostró este viernes su "alto grado de satisfacción" debido a que el 85% de las resoluciones de esta institución son aceptadas por la administración autonómica, los municipios o las diputaciones.

Todas éstas resoluciones también han incluido quejas a otros servicios en los pequeños municipios, como saneamiento, prestación de abastecimiento de agua o iluminación.