El Defensor del Pueblo atenderá desde este miércoles a las víctimas de abusos en la Iglesia

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha dado el primer paso para investigar los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia católica. A partir de este miércoles, se habilitarán diferentes canales para que las víctimas puedan trasladar sus testimonios. 

Los afectados tendrán a su disposición el teléfono gratuito 900 111 025, el correo electrónico (atencionvictimas@defensordelpueblo.es) y un correo postal, además de la posibilidad de acudir personalmente a las dependencias del Defensor.

Gabilondo ha constituido la Comisión Asesora, que será la encargada de elaborar el informe final sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Esta entidad está formada por 20 personas, de los cuales 17 son expertos en atención a víctimas, derechos humanos o docencia. El pasado 20 de junio, el Defensor ya adelantó frente al Congreso que el objetivo de la comisión es imputar hechos y responsabilidades, proponer medidas de reparación a las víctimas y crear protocolos de actuación para que esto no vuelva a suceder.

Algunos de los nombres propios que forman la Comisión Asesora son Xabier Arzoz, exabogado del Tribunal Constitucional, la psicoterapeuta Araceli Medrano, o Juan Carlos González, experto en acompañar a las víctimas. La Iglesia, por su parte, se ha negado a formar parte del grupo, aunque los obispos han asegurado su colaboración durante el proceso. 

Junto a este comité, también se han creado otros dos ámbitos de actuación. Por un lado, un Foro de Asociaciones, espacio donde los representantes de las asociaciones de víctimas podrán aportar sus experiencias. Y, por otro lado, una Unidad de Atención a las Víctimas, cuya labor será atender y escuchar a los damnificados que acudan a dar su testimonio.

Una Comisión que nace con "importantes carencias"

Miguel Hurtado, víctima de abusos en el ámbito religioso y miembro de la Plataforma Tolerancia 0, ha denunciado las "importantes carencias" con las que nace esta comisión. Hurtado ha lamentado que no existan recursos suficientes a largo plazo para hacer seguimiento de las víctimas.

El activista, además, ha criticado que la Conferencia Episcopal Española (CEE) "se niegue a colaborar" en la investigación. La comisión, explica Hurtado, no cuenta con poderes coercitivos para obligarles a participar o aportar documentos necesarios, tampoco para que comparezcan los encubridores de estos abusos.