¿Debe destinarse más dinero público a financiar la sanidad privada de funcionarios?

El Ministerio de Sanidad ha planteado este lunes que, en un plazo de nueve meses, alrededor de un millón de empleados públicos que actualmente cuentan con asistencia médica a través de compañías privadas sean incorporados al sistema de salud pública. Esta propuesta ha reavivado el debate de si el Estado debe pagar a sus trabajadores un seguro sanitario privado.

La medida afectará a los beneficiarios del sistema Muface, un modelo que, según el Ministerio de Sanidad, "ya no es sostenible bajo las condiciones actuales". En relación con este modelo, el departamento sostiene que "ningún sistema funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso". 

Las aseguradoras privadas de salud han mostrado resistencia a sumarse al acuerdo planteado por el Gobierno, exigiendo un incremento superior al 40% en las condiciones de financiación actuales. En respuesta a esta postura, el Ministerio de Sanidad ha propuesto una prórroga de nueve meses del convenio vigente, en concordancia con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Durante este período, se llevará a cabo un proceso de internalización de la atención sanitaria de los afiliados de Muface, transfiriendo su gestión al Sistema Nacional de Salud.