Después de casi cinco años en el cargo, José Luis Martínez-Almeida ha anunciado una serie de medidas para atajar la expansión de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en Madrid. El objetivo, según el alcalde, es "equilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad". Entre las propuestas destacan la suspensión de las licencias municipales en las zonas más problemáticas, un endurecimiento del régimen sancionador y un refuerzo de la plantilla de 65 inspectores. 

Además, el consistorio ha publicado este lunes un mapa interactivo (pincha aquí para verlo) en el que muestra la ubicación real y actual de las VUT con licencia en Madrid. Según los datos aportados por el Área de Urbanismo, el 92% (13.502) de los 14.699 establecimientos turísticos que operan hoy en día en Madrid son VUT sin licencia. Tan solo el 8% (941) operan con licencia municipal (contando con los 151 que se encuentran en fase de tramitación).

Lucas Vaquero, miembro del Sindicato de Inquilinas, reconoce a Público que las medidas anunciadas por Almeida indican que "solo quiere mejorar su imagen pública". Además, opina que el Ayuntamiento llega "tarde" con las propuestas, ya que, según Vaquero, "el modelo depredador rentista de turismo se ha convertido en el patrón inmobiliario por excelencia de muchas ciudades". 

Estrategias de boicot a la inacción del Ayuntamiento

"El Ayuntamiento de Madrid viene a confirmar lo que ya sabíamos que existía. La gran mayoría de pisos pueden operar con total impunidad", manifiesta el miembro del Sindicato de Inquilinas. Señala que cada vez se hace más evidente el crecimiento de la desigualdad entre propietarios e inquilinos. "Los propietarios obtienen más beneficios y hay una mayor extracción de rentas para las clases inquilinas", explica. 

Vaquero agradece las propuestas de Almeida, sin embargo, pone en duda su eficacia y asegura que la problemática se tiene que abordar desde la raíz. "Habría que cerrar los pisos turísticos que no operan con licencias", dice. Además, el miembro del sindicato cree que el Ayuntamiento, con la suspensión de nuevas licencias, "va a incentivar un modelo aún más fraudulento".

Por este motivo, el sindicalista apuesta por estrategias de señalamiento y boicot directo contra la inacción de las administraciones públicas. "El malestar social es creciente y muy obvio. Este modelo nos va a llevar a la ruina social y estamos hartos de la cantinela de siempre que dice que el turismo promueve riqueza porque sabemos que no es verdad".

Almeida echa la culpa a Carmena

El equipo de Almeida admite que la proliferación descontrolada de pisos turísticos después de la pandemia está provocando "desertización del centro", además de "problemas de convivencia con los vecinos" o "reducción de la vivienda residencial", aunque echa la culpa de este crecimiento de VUT ilegales al Plan Especial de Hospedaje (PEH) que aprobó el gobierno de Manuela Carmena en 2019.

Las viviendas de uso turístico se han incrementado en la ciudad un 41% desde 2017. En este tiempo se han contabilizado 5.564 viviendas turísticas nuevas. En el mismo periodo se han creado 50 establecimientos turísticos (hoteles, pensiones, etc.), lo que se traduce en que el 65% de las plazas turísticas nuevas creadas en este periodo corresponden a las VUT.

"El modelo de turismo actual fuerza que las vecinas se vean expulsadas a otros barrios, que cierren los pequeños comercios y que se utilicen los territorios para especular", opina el miembro del Sindicato de Inquilinas. Rita Maestre denunció en sus redes que "el problema no son las licencias. La pregunta es cuándo vas a cerrar los otros 24.000 ilegales, José Luis". 

Cinco años después...

Desde 2019, diferentes colectivos y asociaciones de la capital llevan advirtiendo y exigiendo tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid "que apliquen las leyes e impongan las sanciones previstas" para multar a las VUT  y proceder a su cierre. 

Las agrupaciones manifestaban que los pisos turísticos ilegales no paraban de aumentar "a pesar de las regulaciones existentes" y aludían a la "inacción de las administraciones madrileñas". Para la denuncia se basaban en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que establece que el desarrollo de una actividad sin licencia es incompatible con la ordenación urbanística y supone una infracción grave, estando la cuantía de la multa entre 30.001 y 600.000 euros.