"Que abusen sexualmente de ti durante años es una muerte en vida, un jaque mate apenas has comenzado la partida. Te arrebata tu infancia y adolescencia de cuajo, y de la forma más violenta. Detiene el tiempo y la evolución. Borra de tu diccionario los términos inocencia y dignidad".

Marta Suria no se llama Marta Suria. Es el nombre que eligió para contar cómo había sufrido durante toda su infancia y adolescencia violencia sexual por parte de su padre. Lo hizo en el libro Ella soy yo (Círculo de Tiza, 2019), donde también explica cómo borró todo de su memoria durante años hasta que un día, poco antes de cumplir los 30, las imágenes la asaltaron de repente. Fue entonces, hablando con familiares, cuando salió a la luz que no era su única víctima, sino que también había abusado de su prima y que lo había intentado con su primo.

En España, el tabú sobre la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes se ha roto, en gran parte, gracias a las investigaciones de medios, como el diario Público, que durante algunos años investigó la magnitud del abuso sexual en la infancia y, posteriormente El País, sobre los casos ocurridos específicamente en el ámbito de la Iglesia
católica. A raíz de ello, la Iglesia, bajo la presión del Vaticano, encargó a un despacho de abogados la elaboración de un informe sobre el asunto. Y, asimismo, el Gobierno solicitó otro a la oficina del Defensor del Pueblo. Este último incluyó una encuesta demoscópica a más de 8.000 personas en España, que reveló que un 11,7% de ellas había sido víctima de abuso sexual en la infancia o adolescencia, la mayoría mujeres.

El informe también arroja el dato de que el 1,13% de la población española ha sufrido la pederastia de la Iglesia, más de 440.000 personas. España se ha convertido así en el país con la proyección oficial de víctimas más alta. La Defensoría, una institución pública independiente, exige además que las víctimas sean indemnizadas.

La controversia generada por la respuesta evasiva y poco clara de la Conferencia Episcopal Española ha hecho que el foco mediático se haya puesto en los casos de pederastia, cuyas víctimas son varones en su mayoría. Sin embargo, los abusos sexuales cometidos en el ámbito familiar y por parte de conocidos siguen siendo una problemática invisibilizada a pesar de sus enormes dimensiones.

En 2018, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la deficiente atención de las instituciones a las víctimas de la violencia sexual. Su autora, Bárbara Tardón, explicó entonces a esta periodista que habían identificado tantos casos de agresiones sexuales contra menores a lo largo de la investigación que no las habían incluido porque merecían un reporte específico. "Como sociedad, no queremos mirar a esta realidad porque nos da miedo darnos cuenta de lo grande que es el monstruo", concluyó.

Según estimaciones del Consejo de Europa, coincidentes con las de organizaciones como Unicef, una de cada cinco personas ha sufrido alguna de las formas de violencia sexual durante la infancia: abuso sexual, pornografía infantil, captación de niños, niñas y adolescentes por Internet, prostitución infantil y corrupción de personas menores. Esto nos tiene que llevar a pensar inmediatamente, como reclaman las organizaciones de supervivientes, en cuántos agresores puede haber en nuestro entorno.

Save The Children, la ONG que desde 2017 emite un análisis anual de las sentencias sobre abusos sexuales a menores en España, recoge en el publicado en noviembre de 2023 que en ocho de cada diez casos la persona agresora es familiar o conocida. En un 40,6%, familiares –a menudo, pareja de la madre o el padre–. En un 42,3%, los victimarios pertenecen al entorno conocido, como amistades o profesionales que trabajan con los menores. Y solo en un 17,2% son desconocidos. En casi siete de cada diez casos, los agresores -en su inmensa mayoría, hombres- no tienen antecedentes.

"No todo el tiempo hay golpes, hay maltrato. Hay situaciones de bienestar", explicaba en una entrevista Pilar del Álamo, una mujer que sufrió violencia machista durante los 30 años que estuvo casada antes de quedarse viuda. Una reflexión que comparten también muchas
víctimas de abusos en la infancia: el abusador también es padre, tío, abuelo, maestro, vecino, y puede tratar a sus víctimas aparentemente bien cuando no están abusando de ellas. Lo cual, si complica la capacidad de respuesta de los adultos, aún más de los y las menores.

En España, solo en 2021, se interpusieron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual contra menores. Y se estima que solo se denuncian el 15% de los casos. Estaríamos hablando, pues, de que sólo en ese año más de 55.400 niños, niñas y adolescentes habrían sufrido abusos sexuales. Por eso, Save The Children tituló su primer informe Ojos que no quieren ver. Y por eso una de sus investigadoras y experta en este asunto, Cristina Sanjuán Vázquez, habla de la ley del silencio.

"Hay dificultad para detectar el abuso sexual porque es un proceso paulatino, en el que el abusador va generando un vínculo con la víctima, una especie de secreto que los niños y niñas no pueden compartir con su entorno porque el abusador, mediante el engaño o la coacción, les ha convencido de que le pasaría algo malo si se sabe", explica Sanjuán por videoconferencia.

Patricia Villavicencio es psicóloga clínica en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital San Carlos de Madrid, doctora en Psicología de la Salud y experta en abusos en la infancia. Por vía telefónica, explica que la violencia sexual sufrida "interrumpe el normal desarrollo psicoafectivo de un menor". Y aunque subraya que hay niños y niñas que consiguen resolver las dificultades resultantes mediante estrategias propias, esta violencia "suele afectar al rendimiento a nivel cognitivo y académico, puede provocar trastornos de déficit de atención, afectar a su creencia en su relación con los demás y el mundo, trastornos del sueño...".

En este sentido, Villavicencio subraya que cuando el niño o la niña habla "es difícil que mienta si tiene un entorno que le permite la comunicación". De ahí que coincida con Sanjuán en la importancia de que si la víctima comparte lo vivido, no se encuentre con ningún tipo de obstáculos para seguir haciéndolo. "El abusador utiliza estrategias para que el menor o la menor no hable. Le hace creer que ha participado activamente en el abuso, aunque no sea cierto. Y eso le provoca secuelas a largo plazo y un sentimiento de culpa", explica Villavicencio.

El 80% de las víctimas en España son niñas y chicas adolescentes y la media de edad en la que comienzan a sufrir los abusos son los 11 años. Hasta 2021, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores –que iba de entre los cinco a los 15 años, dependiendo de la gravedad– comenzaba a contar a partir de que la víctima cumplía los 18 años. Un marco legal que promovía la impunidad porque la mayoría de las personas que sufrieron abusos en la infancia denuncian mucho más tarde, a partir de los cuarenta años, según la mayoría de los estudios.

Por eso, durante años, una plataforma de ONG de derechos humanos especializada en la infancia se aliaron para exigir una reforma legislativa que cumpliera con la exigencia de la Unión Europea de aplicar una justicia amigable con los menores.

En 2021, el Parlamento español aprobó –sólo con los votos en contra del partido ultraderechista Vox– la Ley Orgánica para la protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, conocida popularmente como ley James Rhodes, un pianista británico afincado en España que había denunciado los abusos que sufrió de niño en un libro y en
distintos medios de comunicación. Desde que esta ley está en vigor, el periodo de prescripción comienza a correr a partir de los 30 años.

La nueva norma desarrolla, sobre todo, un paradigma basado en la prevención de los delitos, para lo que se incluye la obligación de toda la ciudadanía de denunciar cuando tenga indicio de ellos, se elimina el perdón de la víctima menor como causa de extinción de la responsabilidad criminal y se obliga a las personas que trabajan habitualmente con menores a acreditar que no tienen antecedentes en este sentido. También contemplaba la aprobación de un proyecto de ley para la creación de una justicia especializada en violencia contra menores, con unidades específicas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una formación concreta dirigida a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia.

Sin embargo, quedó suspendido por la convocatoria de elecciones en 2023, que obliga a retomar desde el principio este tipo de medidas legislativas en cada nueva legislatura. En 2022, también se aprobaron una estrategia y una ley orgánica que incluye avances en la atención de las víctimas de violencia sexual, entre ellas, la incorporación al Estado español del modelo Barnahaus.

Centros Barnahaus para acabar con la revictimización

El Consejo de Europa lleva años instando a todos los Estados miembros a implantar el modelo Barnahaus (casa del niño, en islandés), un centro para que el menor que denuncia haber sufrido abusos sexuales pueda recibir en un mismo lugar la atención necesaria, realizar los pasos para avanzar en el proceso judicial de la mano de profesionales
especializados. De esta manera, se acaba con dos de los procesos más revictimizantes para los menores. En primer lugar, obligarles a procesionar por distintas estancias para formalizar su denuncia: comisarías, juzgados, hospitales... Y, sobre todo, tener que prestar
testimonio sobre lo ocurrido una y otra vez, algo que es traumatizante para las víctimas.

Por ello, las organizaciones expertas llevan años pidiendo que se imparta la formación especializada para que, entre otras cuestiones, se aplique, de manera generalizada, la prueba constituida. Es decir, la toma y grabación del testimonio por parte de un forense especializado para que sea empleada como la prueba testimonial durante todo el proceso judicial. Sin embargo, solo en uno de cada cuatro casos se contempla.

Los centros Barnahaus "contemplan la atención clínica de tratamiento terapéutico para las víctimas, pero también es un sitio amigable con la infancia, en las que profesionales especializadas pueden hacer la grabación del testimonio para que sea utilizado en un juicio", explica Cristina Sanjuán Vázquez.

Hasta el momento, solo hay un centro de estas características funcionando en Tarragona, pero está prevista la próxima apertura de otros en Euskadi, mientras el resto de comunidades autónomas españolas avanzan en este sentido. 

La mayoría de las víctimas no denuncian y aumentan las agresiones sexuales a menores

Lo que se conoce solo es la punta del iceberg. La mayoría de las víctimas no lo hacen público o lo hacen una vez que alcanzan la etapa adulta. Y algunas, como documenta Marta Suria en su libro, lo borran de su memoria y sobreviven gracias a un proceso de disociación: "Amnesia. Mi mente almacenó el horror y el sufrimiento en un rincón imposible de alcanzar por la memoria. Borré a la Martita que moría por las noches en su celda y viví la Marta que despertaba por las mañanas como si nada hubiese pasado. Disociación. Dos vidas. Dos Martas. Una ambiciosa a nivel profesional, viajando con la convicción absoluta de poder cambiar el mundo dedicándose a la cooperación internacional, con unos principios y valores inquebrantables. Y la otra: la niña rota. La rara, la mala, la fea, la sucia, la culpable de todo. Ambas separadas por la cabeza, unidas por la piel, habitando el mismo cuerpo, la misma cárcel. Ignorándose y odiándose desde el subconsciente".

Incluso, cuando las víctimas deciden denunciar, se enfrentan a un proceso que, de media, se alarga entre dos y tres años y que puede alcanzar hasta los ocho. En las 389 sentencias analizadas por Save The Children para su último informe, la prueba testimonial suele ser la más importante en este tipo de delitos, incluso cuando se acaban de cometer.

Aunque a veces, la violencia sexual incluye las penetraciones, es más habitual que los menores sean forzados a realizar felaciones y tocamientos, los cuales resultan más difíciles de demostrar mediante pruebas médicas, y más cuando ha pasado algún tiempo.

Por eso, hay un consenso entre las fuentes expertas sobre la urgencia de aplicar un enfoque preventivo transversal a todas las esferas de la sociedad, como también recoge la filosofía de la ley de protección de la infancia. Y para ello es fundamental una coherencia entre el sistema educativo, los medios de comunicación, las familias y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y la Administración de Justicia. Solo así, además, se podrá combatir un fenómeno creciente en la sociedad española: las violaciones cometidas por menores y las violaciones grupales cometidas por menores contra menores.

Según el Informe sobre delitos contra la libertad sexual de 2022, elaborado por el Ministerio del Interior, una de cada diez violaciones denunciadas ese año fueron cometidas por menores de edad y casi la mitad de las víctimas de delitos sexuales, el 44%, eran menores, un 4%
más que el año anterior.

Por su parte, las denuncias por violaciones grupales se han duplicado desde 2017, el año en el que comenzó el juicio por la violación que cometieron cinco hombres durante la celebración de los Sanfermines en Pamplona, una fiesta multitudinaria muy popular en España. Desde entonces, las denuncias por este crimen han aumentado cada año,
implicando a un número cada vez mayor de menores, hasta llegar a las últimas cifras disponibles: más de mil adolescentes de entre 14 y 17 años fueron detenidos por cometer delitos sexuales en España en 2022.

"La diferencia entre una agresión individual y otra grupal es que las secuelas psicológicas y el impacto físico se duplican, triplican, cuadruplican", expone, con evidente preocupación, Villavicencio.

Una solución: educación afectivo-sexual vs pornografía y desinformación

"Es fundamental la educación afectivo-sexual, para que los menores sepan distinguir las relaciones sanas de las que no lo son, para que, si sucede una situación de riesgo, un acercamiento extraño, una solicitud de un encuentro sexual o de cualquier tipo de índole sexual, puedan pedir ayuda porque sepan que lo que les está ocurriendo no debería
pasarles", explica la investigadora Cristina Sanjuán.

Según el informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia, de Save The Children, una de las organizaciones que más ha trabajado la atención institucional a los abusos sexuales de menores en los últimos años, casi el 67,3% de los adolescentes españoles apenas han recibido cuatro horas de educación sexual en los últimos dos años, mientras que un tercio de los entrevistados dicen que la pornografía es su única fuente de información sobre sexualidad.

Una pornografía en la que las violaciones grupales contra menores son una de las temáticas más consumidas y en el que, la mayoría de las grabaciones, muestran a mujeres desprovistas de cualquier tipo de voluntad o iniciativa, con relaciones sin afecto, basadas en la penetración y, a menudo, violentas.

Por ello, en enero de 2024, el Gobierno de España ha anunciado la elaboración de un proyecto de ley para la protección integral de los menores en internet. El informe en el que se ha basado el anuncio sostiene que su acceso a la pornografía de la red desde edades
tempranas está provocando una "distorsión de su percepción de la sexualidad", lo que supone un "grave riesgo de adicción" que puede propiciar "comportamientos sexuales inapropiados" y que "normaliza la violencia contra las mujeres" a las que "cosifica y deshumaniza".

Resulta evidente que, en los últimos cuatro años, España ha impulsado importantes leyes en la lucha contra la violencia sexual contra menores y la pederastia. Pero para que sean eficaces tendrán que ser dotadas con presupuesto para su implantación y para impartir la formación especializada de los agentes implicados, además de ser apoyadas con campañas de sensibilización dirigidas a toda la ciudadanía, así como con formación sexo-afectiva en todos los estamentos de la educación pública. Y, sobre todo, desde todos los ámbitos una cultura que condene la violencia para que la sociedad sea capaz de mirar de frente al monstruo al que seguimos sin querer ver.