La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático arranca este domingo en Glasgow con un calendario de negociaciones intensas y complejas. La COP26, como se conoce a este encuentro multilateral, contará con delegaciones de cerca de 200 países que, por la vía del consenso, deberán arrancar los compromisos necesarios para elevar la ambición climática y conseguir rubricar un acuerdo capaz de limitar la subida global de temperaturas. Así, la diplomacia deberá articular una hoja de ruta y diseñar las herramientas adecuadas para dar sentido al Acuerdo de París, el tratado firmado en 2016 con el que los países se comprometían, en resumidas cuentas, a luchar contra la crisis climática y descarbonizar sus economías.

En ese sentido, las conversaciones que se darán durante las próximas dos semanas en Glasgow no serán otra cosa que una continuación de las negociaciones de la última Cumbre del Clima de Madrid (COP25) de 2019. Entre todos los puntos que quedaron pendientes destaca uno que parece haberse convertido en el auténtico quebradero de cabeza de la política internacional climática, el desarrollo del Artículo 6 del Acuerdo de París. En este epígrafe del documento los Gobiernos se comprometían a desarrollar una herramienta para "cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición". En el lenguaje de los comunes, no es otra cosa que crear un mercado de carbono que permita transacciones de derechos de emisión entre países. Es decir, que un país que ha emitido más CO2 de lo permitido pueda pagar a otro para que recorte una cantidad de gases de efecto invernadero equivalente.

Desde que se aprobó el Acuerdo de París hace seis años, las negociaciones se enquistan en este punto y Glasgow parece la última oportunidad para dar sentido a ese artículo polémico. El mercado de carbono es una herramienta que ya existe en la Unión Europea –el ETS o Emissions Trading System– y que, a escala global, bebe del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. La idea, precisamente, es sustituir este último sistema, ya que sólo incluye a los países industrializados y emisores. Es en ese punto donde las conversaciones entre las delegaciones de los países menos desarrollados y las grandes potencias se tuercen.

Aunque el propio Acuerdo de París hace hincapié en que esta herramienta no debe dar demasiado peso a los "enfoques de mercado", las conversaciones de las últimas cumbres han ido en esa dirección generando un encallamiento de las negociaciones por la división de bloques entre grandes emisores y países poco contaminantes. Si no se desarrolla un mercado de carbono incluyendo criterios de justicia, las naciones más desfavorecidas podrían verse perjudicadas notablemente, siendo utilizadas por los países industrializados para seguir aumentando sus emisiones de CO2. De hecho, uno de los elementos que los Estados más limpios pretenden introducir es la obligatoriedad de que el dinero surgido en cada transacción vaya destinado a la lucha contra la crisis climática en proyectos de adaptación o nuevas tecnologías.

Además, este punto de las negociaciones se enfrenta a otra traba relacionada con la doble contabilidad heredada del MDL de Kioto y que se pretende eliminar en el nuevo mercado de carbono. Se trata de un defecto que permite que tanto el país que compra derechos de emisión –porque supera su límite de contaminación– como el que vende –porque reduce sus emisiones– podrían apropiarse las reducciones de CO2. Es decir, si España paga a Senegal por haber emitido 100 toneladas de CO2 de más, el recorte de emisiones se lo apuntarían ambos países, de tal forma que en el conteo de emisiones global habría un descenso de 200 toneladas que no se ajustaría a la realidad. 

Elevar la financiación para los países más vulnerables

Los mecanismos de financiación también van a ser cuestión de debate en los plenarios de Glasgow. Concretamente, se tratará de elevar la dotación económica que las partes destinan al Fondo Verde para que los países más expuestos a las consecuencias de la crisis climática puedan disponer de reservas para adaptarse a situaciones cada vez más extremas como inundaciones, sequías o inseguridad alimentaria. 

Al igual que la Cumbre del Clima de Madrid, el objetivo inicial es conseguir un acuerdo que eleve la financiación anual a los 100.000 millones de dólares. Sin embargo, al final la cifra se quedó en cerca de 89 millones de dólares, lo que dejó cierto pesimismo en el bloque de países africanos y en los estados insulares, los más interesados en sacar adelante esta partida. En la capital escocesa se volverá a debatir sobre las aportaciones anuales para el Fondo y se espera al menos incrementar lo acordado en el último encuentro multilateral de 2019.

Aumentar la ambición

Esta misma semana, en la víspera de la COP26, la ONU ha advertido que la brecha entre los compromisos asumidos por las naciones para disminuir sus emisiones de CO2 y las exigencias de la ciencia es demasiado grande. Los países no están haciendo lo suficiente para eliminar los combustibles fósiles de sus estructuras productivas y el planeta empieza a resentirse. Con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) presentadas actualmente, los gases de efecto invernadero sólo se reducirán un 7,5% para finales de década, un porcentaje que se aleja del 55% exigido por los científicos del IPCC para mantener la subida de temperaturas por debajo del umbral del grado y medio.

Se espera que las partes que acuden a esta conferencia actualicen sus compromisos climáticos e incrementen su ambición para reducir aún más las emisiones de CO2 durante la próxima década. El Artículo 4 del Acuerdo de París establece que los firmantes debían presentar antes de 2020 sus objetivos, sin embargo, de las 192 partes sólo 143 han publicado ya sus NDC o los han actualizado por segunda vez y la mayoría de ellos no fija la descarbonización de la economía para antes de 2050. De esta forma, Glasgow será clave para que los países eleven sus compromisos y presenten nuevas metas en el descenso del CO2 y la penetración de las energías limpias.

Esta cumbre puede ser clave para aumentar el peso de la lucha contra las emisiones de meta, la mayoría de ellas provenientes de la ganadería industrial y de la energía gasista. En 2019. España lideró la alianza de países que se comprometieron a disminuir la presencia de este gas en la atmósfera –que es mucho más nocivo que el CO2 y calienta el planeta a un ritmo hasta 30 veces más rápido– y esta es una nueva oportunidad para ampliar el bloque de cara a las próximas negociaciones climáticas bajo el marco de la ONU.