Cuatro familias viven sin luz ni agua en una antigua residencia de estudiantes alquilada como vivienda sin permiso

En Santiponce, municipio en las proximidades de Sevilla, la capital de Andalucía, hay un caso muy significativo de hasta dónde llega en España el cada vez más grave problema de la vivienda, asfixiante para millones de personas. Allí, cuatro familias, con varios menores de edad, llevan más de cuatro meses viviendo en un edificio al que le han cortado el agua y la luz porque el propietario, que alquila como viviendas lo que eran pequeños apartamentos de una residencia de estudiantes, carece de permiso para destinarlo a ese nuevo uso.

La última encuesta de la Fundación Foessa para Cáritas sobre exclusión social, publicada esta semana, refleja que más de 4,6 millones de hogares en España sufren dificultades relacionadas con el acceso a la vivienda o su mantenimiento. Además, el 14,1% de la población española reconoce que debe hacer un sobreesfuerzo económico para afrontar los costes de la vivienda, lo que supone un aumento de 1,7 puntos respecto a 2018 y de 8,9 en relación a 2007.

En Andalucía, la situación de la vivienda es ya el tercer mayor problema para sus habitantes, únicamente superado por el paro y el estado de la sanidad pública, según la última encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces de la Junta. En un solo año, la vivienda ha pasado de ser considerada como el mayor problema de la comunidad por el 1,5% de los encuestados a serlo por el 8,1.

En medio de ese mar de tenebrosas cifras resisten cuatro familias con escasos recursos económicos en un edificio sin agua ni luz desde el pasado agosto. Aguantan, sencillamente, porque no tienen otro sitio a donde ir. O eso o la intemperie. Resisten en Santiponce, el municipio de 8.500 habitantes donde se encuentran las ruinas de Itálica, considerada como la primera ciudad romana fundada fuera en lo que era Hispania, un territorio gobernado por IU, con apoyo del único concejal del PP en la corporación, que se encarga de cuatro delegaciones municipales.

El edificio que ahora sirve de vivienda a esas familias se construyó como residencia de estudiantes hace unas dos décadas, pero, debido a las deudas que contrajeron sus propietarios con el banco, fue expropiado y sacado a subasta. Fue entonces cuando lo compró el actual dueño, que cambió el uso del inmueble, pese a carecer de permiso para ello, según el ayuntamiento. Los que eran estudios con una habitación, un pequeño salón con cocina y un cuarto de baño para acoger a un estudiante se convirtieron, de pronto, en pisos para albergar a familias de hasta cinco y seis miembros, a cambio de 495 euros al mes, más 20 euros por el recibo del agua, 10 por la conexión al wifi y el pago del consumo correspondiente de luz.

Más de 30 familias habitaban los estudios de lo que era la residencia de estudiantes hasta que el agua y la luz fueron cortadas en agosto, tras haber comunicado el ayuntamiento a las compañías suministradoras que el edificio carecía de cédula de habitabilidad para viviendas. La mayoría se fue, pero cuatro familias decidieron quedarse al no encontrar un sitio al que poder mudarse, un piso que alquilar con sus escasos recursos. Son las familias que siguen viviendo a oscuras por las noches, llenando barreños y botellas de agua en un grifo del parque de enfrente para lavarse y cocinar, por las que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía convocó el pasado miércoles una manifestación delante del ayuntamiento para exigir que se les proporcione los suministros básicos de cualquier casa.

"Esta situación se debe al comportamiento de un medio delincuente que ha reconvertido el edificio para alquilarlo con un fraude. Se aprovechan como en tantos otros barrios, porque esto es la selva. La vivienda se ha convertido en una destrucción masiva de personas y las administraciones, mientras, miran para otro lado", dice Antonio, uno de los activistas del Punto de Información a la Vivienda y Encuentro (PIVE) de Derechos Humanos que está apoyando a las familias que permanecen en el edificio.

Incumplimiento de un real decreto

Derechos Humanos considera que en este caso se ha incumplido el artículo 11 del Real Decreto 3/2023 sobre acceso al agua de la población vulnerable, que obliga a las administraciones locales a "identificar a las personas que no tienen acceso al agua de consumo o con acceso limitado y los motivos", ya sean éstos económicos personales o de la administración competente. Además, esa norma exige a los ayuntamientos implantar "mecanismos de acción eficaces para asegurar el derecho al agua de toda la población", para atender así los problemas que sufre la que se encuentra en una situación más vulnerable o en riesgo de exclusión social.

El alcalde de Santiponce, Juan José Ortega, ha asegurado a Público, sin embargo, que el ayuntamiento ha hecho todo lo que ha podido para ayudar a las familias que permanecen en el edificio y que ya no puede hacer más por ellas. Según su relato de los hechos, comunicaron a Aljarafesa, la empresa pública abastecedora del agua en esa zona, y a la compañía eléctrica Endesa que el inmueble carecía de cédula de habitabilidad, tras lo cual se procedió al corte de ambos suministros.

"El propietario nunca pidió la cédula de habitabilidad del edificio y nosotros no podíamos consentirlo, sabiendo todo lo que estaba ocurriendo, que había muchos riesgos con tanta gente viviendo ahí. Y al dueño se la comunicó que tenía que desalojar el edificio. Hemos hecho todo lo que es legal y se podía hacer", subraya el alcalde.

El dueño, de nombre Tomás Armentero, según Ortega, también es propietario de otras viviendas "infrahumanas" que tiene alquiladas en Santiponce, como las que hizo en lo que era una cochera o en el antiguo patio de una casa. En el caso de la antigua residencia de estudiantes, Salud llegó a detectar un brote de legionella, asegura el regidor municipal.

El ayuntamiento acordó en abril con los inquilinos, según Juan José Ortega, que el corte del suministro de agua y luz no se haría hasta que terminara el curso escolar, para no entorpecer de esa forma la vida de las familias y que pudieran mudarse una vez que los menores hubieran acabado las clases. Además, al propietario se le impuso una sanción de 82.000 euros por mantener a inquilinos en un inmueble cuando carecía de permiso para ello, mientras que a las familias que decidieron permanecer en la antigua residencia de estudiantes les facilitaron las duchas de un pabellón de deportes parar asearse y una fuente de un parque próximo para abastecerse de agua.

“El dueño se ha aprovechado de nosotros”

Fátima, de 42 años, es la madre de una niña de cinco y un adolescente de 16, estudiante de 4ª de ESO en un instituto de Santiponce, una de las cuatro familias que permanecen en el edificio sin agua ni luz desde hace más de cuatro meses, porque no han encontrado otro lugar donde ir. Con la nómina que ella cobra como cocinera en un restaurante podía pagar los 495 euros de alquiler, más los gastos de agua, luz e internet, pero carece del contrato de trabajo que le exigen en otros sitios para arrendarles una vivienda.

Se vinieron hace un año de Nador, Marruecos, porque su hermana les consiguió una casa y un trabajo. Pensaban que aquí iban a estar mejor y ahora tienen que vivir a oscuras, alumbrándose con con una pequeña lámpara de gas y la linterna del móvil que cargan en la casa de unos vecinos, yendo a por agua al parque, lavando la ropa a mano...

"Es una situación muy dura. El dueño se ha aprovechado de nosotros, ha acumulado dinero y ahora está disfrutando de él, mientras nosotros estamos de esta manera. Si hubiéramos sabido que la casa no tenía permiso, no hubiéramos venido", dice Fátima a este periódico.

El dueño dejó de cobrarles el alquiler, pero va de vez en cuando por el edificio para decirles que se marchen. "A veces viene gritando, amenazando para que nos vayamos, diciendo que va a cerrar la casa porque hay un informe que dice que hay que desalojar el edificio", asegura Fátima. Lo que considera crucial ahora esta familia es que, al menos, les repongan el suministro de electricidad y agua. "Es algo fundamental, de derechos humanos. Nosotros podemos pagar la luz, eso no es problema. Pero nos dicen que nos tenemos que ir. ¿Y a dónde vamos? Si hay otro sitio donde podamos estar y podamos pagarlo, no hay problema", recalca Fátima.

Derechos Humanos asegura que los servicios sociales municipales de Santiponce han insinuado, en varias ocasiones, la posibilidad de poner en conocimiento de la Fiscalía que el lugar en el que reside la familia de esta mujer no reúne las condiciones higiénicas y sanitarias mínimas para que vivan ahí menores de edad. La organización afirma que, incluso, algunos de sus activistas han sido tratados de forma "innecesariamente agresiva" por parte de responsables de esos servicios y expulsados del ayuntamiento "de malas maneras".

El alcalde, sin embargo, niega a este periódico tales acusaciones y asegura que desde el ayuntamiento se les ha ofrecido a estas familias "todas las ayudas posibles", salvo una vivienda, porque carecen de ellas. "Desde asuntos sociales se ha hecho todo lo que se podía hacer", recalca.

Ibán Díaz, miembro de PIVE, asistió a una de las reuniones con los servicios sociales de Santiponce para abordar el tema de estas familias y afirma que el trato que recibieron fue "bastante feo". Según él, empezaron a hablarles de forma agresiva a algunas de las activistas de Derechos Humanos y acabaron echándolos a todos. Y ante la falta de respuesta de los responsables municipales, decidieron convocar una concentración de protesta delante del ayuntamiento.

Derechos Humanos está buscando alguna alternativa habitacional para las cuatro familias que permanecen en la antigua residencia de estudiantes de Santiponce, pero no la encuentra. El mercado del alquiler de vivienda se halla "muy inflado" y resulta muy difícil encontrar algo a un precio asequible para sus ingresos. "No hay un sistema que tenga en cuenta este tipo de situaciones. Y nos encontramos con bastantes casos de este tipo, habitualmente mujeres con niños a su cargo", explica Ibán Díaz.

En la ciudad de Sevilla, según Díaz, hay 80 familias que se encuentran en la lista de espera para que les asignen un piso de emergencia social, así que en un municipio como Santiponce, mucho más pequeño y con menor capacidad económica, las posibilidades para este tipo de familias son aún bastante menores.

Y las necesidades son muchas en una comunidad como la andaluza, donde más de 1,2 millones de personas se encuentran en situación de pobreza severa, es decir, con unos ingresos mensuales que no superan los 560 euros, según el informe de 2023 de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social.