De los 16 migrantes que llegaron este miércoles al centro de detención de Shëngjin (Albania), cuatro de ellos ya vuelven a Italia por no cumplir los requisitos estipulados en el acuerdo entre los dos países. Concretamente, dos de los originarios de Bangladesh declaran tener dieciséis años, mientras que otros dos egipcios sufrían una situación de extrema vulnerabilidad. El diario italiano La Repubblica no ha entrado en más detalles.

El plan de deportación, que se había iniciado con un primer grupo de 16 migrantes, determinaba que Albania acogería en sus centros de Shëngjin y Gjadër a aquellos solicitantes de asilo que cumplieran con determinadas condiciones. Todos debían ser varones, en buen estado de salud y habiendo cumplido la mayoría de edad. También deberían haber sido rescatados en aguas internacionales o italianas solo por los barcos de la Guardia Costera o de la Guardia de Finanzas.

Mujeres, menores y personas vulnerables serían atendidos en Lampedusa (Italia) por el sistema italiano. Por ello, en cumplimiento del acuerdo y como medida de prevención, los dos bangladesíes y los dos egipcios regresan este jueves a territorio italiano. 

Nuevas críticas al "plan Meloni"

El líder de la izquierda italiana y miembro de Alianza Verde e Izquierda (AVS), Nicola Fratoianni, ha declarado desde su cuenta de X (anteriormente, Twitter): "Esto confirma lo absurdo de las medidas que este gobierno ha decidido utilizar, a pesar de que la identificación de náufragos en el mar es ilegítima y viola las normas internacionales y constitucionales".

La iniciativa, descrita por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como "una vía nueva y valiente", fue duramente criticada por la oposición parlamentaria y por diversas ONG, que pidieron la cancelación del acuerdo por "poner en peligro los derechos humanos y el derecho internacional", en un contexto de "externalización de las fronteras europeas".

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este martes sobre las consecuencias de este plan. "Esta medida impedirá a los supervivientes acceder a los procedimientos de asilo y a las evaluaciones de vulnerabilidad adecuadas, lo que contraviene las obligaciones de Italia en virtud del Derecho internacional y europeo", detallaban a través de un comunicado. También informaron de haber detectado "un impacto significativo en la salud mental de las personas que están detenidas".

La oposición italiana, por su parte, ha estimado el coste de este primer viaje entre 250.000 y 290.000 euros, lo que supone un gasto de 18.000 euros por migrante. Ante esto, los italianos plantean si ese dinero no podría haber sido empleado a la Sanidad en lugar de "vulnerar los derechos humanos". 

La reacción de la Unión Europea

Los líderes de la Unión Europea (UE), a la que pertenece Italia pero no Albania, han recibido en estos días una carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En ella, se plantea la posibilidad de imitar el modelo italiano para el resto de países, creando centros de internamiento fuera de las fronteras comunitarias. 

España ha mostrado su rechazo ante esta propuesta, y defiende la aplicación "humanitaria y solidaria" del Pacto de Migración y Asilo, que tardó más de diez años en formalizarse.