La distancia entre los ideales profesados y la realidad puede medirse en algunas instituciones en el lapso de unos pocos días. El pasado 15 de enero el Parlamento Europeo aprobó, con gran repercusión en los medios de comunicación, el Acuerdo Verde Europeo (European Green Deal) propuesto días atrás por la Comisión Europea, un ambicioso plan con el que se busca reducir las emisiones de gases invernadero, acelerar la transición energética y conseguir que el continente alcance una huella cero de dióxido carbono el año 2050. En unos días el Parlamento Europeo podría dar luz verde –seguramente con menos repercusión en los medios– al programa de subvenciones de los llamados Proyectos de Interés Cómun (PCI, por sus siglas inglesas), un listado entre los cuales activistas medioambientales han encontrado dos proyectos petrolíferos y hasta 55 relacionados con el gas natural, algunos de los cuales cuestionan las credenciales ecologistas de la nueva Comisión. El dinero para su financiación procedería del fondo Connecting Europe Facility (CEI), dotado de 30 mil millones de euros. 

Se trata de infraestructuras como la de las terminales de gas natural licuado (GNL) en Shannon (Irlanda), Krk (Croacia) o Gdansk (Polonia). Un estudio de la consultora Artelys para la Fundación Europea para el Clima considera la mayoría de estos proyectos "innecesarios". "La infraestructura gasística existente en la Unión es capaz de responder de manera satisfactoria a diferentes escenarios de demanda de gas en la UE28 en el futuro, incluso ante la posibilidad de casos extremos de interrupción del suministro", señala el documento de Artelys, que concluye que "la mayoría de los 32 proyectos de infraestructura gasística en la cuarta lista de PCI son innecesarios desde el punto de vista de la seguridad del suministro y representan un exceso de inversión de decenas de miles de millones de euros, con el apoyo de fondos comunitarios". 

En declaraciones recogidas por Euractiv, el ministro de Energía de Luxemburgo, Claude Turmes, criticó duramente la confección de la lista, alertando que los ciudadanos de la UE se arriesgan a "derrochar 29 mil millones de euros" mientras se "encierra a nuestro sistema energético en la adicción a los combustibles fósiles durante los próximos 40 años". El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, el francés Pascal Canfin, declaró que "si nos atenemos a las cifras proporcionadas por el informe de Artelys, esto significaría que por cada euro entregado al Fondo para una Transición Justa, la Comisión estaría dispuesta a dar 4 euros para financiar proyectos gasísticos". Tanto Turmes como Canfin llamaron a la Comisión Europea a revisar sus prioridades, sumándose al coro de activistas medioambientales que pide lo mismo. 

Protestas de los ecologistas

La polémica en los PCI viene dada en buena medida por el origen del gas, ya que las terminales GNL de Krk y Shannon se abastecerían de gas natural estadounidense obtenido por fracturación hidráulica, una técnica popularmente conocida como fracking. Los problemas medioambientales que causa esta técnica de extracción van desde la contaminación del subsuelo hasta la liberación de metano, uno de los gases que contribuye al efecto invernadero. 

En el caso Shannon, una plataforma ciudadana que tiene como propósito detener la construcción de la terminal GNL recuerda que Irlanda ha prohibido el fracking en la isla y declarado la emergencia climática. Esta iniciativa también alerta que la terminal podría afectar al estuario de Shannon, considerado uno de los recursos naturales más valiosos de Irlanda. Este estuario, además, se ha sopesado como lugar para impulsar el uso de la energía mareomotriz, una de las alternativas a los combustibles fósiles cuyo desarrollo quedaría frenado con la construcción de la terminal GNL. La página web de Stop Shannon LNG detalla las repercusiones negativas que el proyecto podría tener para la zona, paradójicamente declarada Área de Protección Especial (SPA) por la propia Unión Europea y la única zona especial de conservación de delfines de Irlanda. Algo parecido ocurre en el caso de Krk, un popular destino turístico en Croacia, en el que los residentes de la isla y activistas medioambientales se oponen a la construcción de la terminal.

Otro de los motivos que se suman a estas demandas para cancelar la construcción de las terminales GNL es el hecho de que el transporte de gas natural licuado en embarcaciones a través del Atlántico exige una cadena logística que incrementa la huella de carbono y los riesgos de seguridad, haciendo que ni siquiera sea rentable económicamente cuando se lo compara con los tradicionales gasoductos, un método de transporte mucho más barato, seguro y menos contaminante. Pero justamente en este punto es donde entra en juego la política, en concreto las tensas relaciones con el Kremlin y la presión de los lobbies estadounidenses por presentar a los políticos y la opinión pública la importación del GNL norteamericano como una alternativa a la pretendida dependencia energética europea de Rusia. Según cifras de Eurostat, Rusia suministró hasta el 40,5% del gas consumido en la UE en 2018 y el 39,4% en el primer semestre de 2019, seguida de Noruega (35’1% y 29,6%, respectivamente), Argelia (11,2% y 11%), Qatar (5,4% y 7,2%) y Nigeria (3% y 4,1%). 

Competencia geoestratégica

Cabe señalar que la actividad de los lobbies cuenta con el apoyo explícito de la Casa Blanca. La administración de Donald Trump abandonó formalmente en noviembre de 2019 el Acuerdo del Clima de París, proponiéndose conseguir lo que llama "dominancia energética" del mercado mundial. Con ese fin ha relajado, entre otras, las normativas que regulan el fracking. De acuerdo con The New York Times, Washington planea eliminar este año la normativa que exige a las compañías de hidrocarburos instalar la tecnología que permite detectar los escapes de metano, lo que podría hacer aumentar las emisiones de este gas a las 370.000 toneladas hasta 2025. Con esa cantidad se podría, por ejemplo, proporcionar energía a más de un millón de hogares. Y, meses atrás, en enero de 2019, el embajador de EEUU en Berlín, Richard Grenell, publicó una carta en la edición dominical del diario Bild en la que advertía a las empresas alemanas vinculadas al proyecto Nord Stream 2 –la extensión del gasoducto que suministra gas ruso a Alemania directamente, sin atravesar ningún país de tránsito– de la posibilidad de ser objeto de sanciones, toda vez que éstas "socavan activamente la seguridad de Ucrania y Europa".

En el marco de esta competición por el mercado del gas, Bloomberg recordaba a comienzos de enero que China, el segundo importador mundial de GNL, ha reducido sus adquisiciones de este recurso a empresas estadounidenses en más de un 80% desde el año 2017. En cambio, la importación de GNL en la UE ha aumentado en un año hasta un 181% desde que se firmase el acuerdo comercial entre el bloque y EEUU en 2018. Bruselas ha reiterado su voluntad de que ese porcentaje incluso aumente para diversificar su cartera energética, sin prestar al parecer demasiada atención a cómo se extrae el gas en origen. 

Ya la anterior Comisión Europa, bajo la presidencia de Jean-Claude Juncker, aprobó con ese fin conceder una ayuda de 128 millones de euros procedentes del Fondo de Desarrollo Regional Europeo a la planta regasificadora de Świnoujście (Polonia), que suministra el recurso a las tres repúblicas bálticas, la República checa, Eslovaquia y Ucrania. La medida fue entonces duramente criticada por los ecologistas. "Vemos cómo las compañías estadounidenses están implicadas o interesadas en suministrar GNL a través de estas nuevas terminales" ya que "se ajusta al objetivo de EEUU de convertirse en el mayor exportador de GNL en 2022, superando a Qatar", explicó en su momento a Euractiv Frida Kieninger, de la ONG Food & Water Europe. Esta organización ha llamado a otras asociaciones y colectivos, y también a personas a título individual, a sumarse a su petición para que los eurodiputados rechacen la lista de PCI que se someterá a votación. 

El primer cargamento de GNL, de la empresa texana US Cheniere Energy, llegó a la terminal de Świnoujście el pasado 26 de julio de 2019. Según informaba la agencia polaca PAP, el líder de Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, destacó cómo con ello Polonia aumentaba su "independencia de los suministros de Rusia" a la vez que reforzaba "su soberanía política y económica". Por su parte, el presidente del país, Andrzej Duda, se congratuló del acuerdo con Cheniere, por el cual la empresa prevé exportar a Polonia gas natural licuado durante 24 años, o unos 24 millones de toneladas entre los años 2023 y 2042. De aprobarse la controvertida lista de PIC de la Comisión Europea, podrían ser muchas más toneladas.