El coronavirus empieza a tener consecuencias negativas para la acción climática. Tanto es así, que la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático anunció este miércoles que la Cumbre del Clima de Glasgow (COP 26) no se celebrará en noviembre de 2020 y se pospondrá para el año siguiente. Esta noticia deja en el aire el Acuerdo de París, ya que la reunión prevista en la ciudad escocesa se presentaba como la última opción para perfilar los flecos más importantes de cara a la entrada en vigor del tratado el año siguiente.

El año 2020 estaba marcado como el momento decisivo para el multilateralismo y la lucha contra la emergencia climática, pero la pandemia que se extiende por el mundo ha puesto en jaque a los diferentes gobiernos y ha dinamitado un calendario que, de por sí, se presentaba ajustado. La ciencia lleva años advirtiendo de la urgencia de actuar y esta, según los expertos, era la última oportunidad para conseguir planes nacionales e internacionales enfocados en la descarbonización de la economía y la mitigación de la crisis climática. El encuentro de Glasgow era fundamental, pero no es el único en quedar en el aire debido a la coyuntura sanitaria.

De hecho, la suspensión llega después de que a finales de febrero, dados los efectos de la covid-19 en China, se aplaza la Cumbre de Biodiversidad de la ONU en la que se iba a poner en centro a las soluciones basadas en la naturaleza –absorción de carbono,aumentar entornos protegidos, regenerar ecosistemas–. No obstante, el aplazamiento de los encuentros podría haberse evitado si en las anteriores negociaciones los estados hubieran aumentado sus compromisos ambientales para la reducción de emisiones, ya que desde la cumbre de París (2015) se han sucedido los fracasos en las neogociaciones de los estados para reducir las emisiones y avanzar en la lucha contra el cambio climático. De esta forma, se ha pospuesto hasta el último momento el desarrollo total de las normas climáticas del tratado parisino.

En cualquier caso, los problemas de las políticas globales contra el cambio climático también pueden llegar al territorio europeo, donde algunos estados miembros de la UE empiezan a apoyarse en la crisis económica provocada por el coronavirus para posponer más allá de 2050 la fecha en la que el continente alcance la neutralidad de emisiones. La República Checa ya ha manifestado su voluntad de aplazar los compromisos climáticos y ha pedido a la Comisión Europea que se "olvide del acuerdo verde para centrar todos sus esfuerzos en el virus".

Pero la República Checa no está sola. Otros estados con una fuerte dependencia económica del carbón como Hungría o Polonia se han apoyado en las consecuencias estructurales del coronavirus para reclamar algo de tiempo en la transición energética. "Como consecuencia de esta crisis, nuestras economías serán más débiles, las empresas no tendrán suficientes fondos para invertir y la finalización de algunos importantes proyectos energéticos podría verse retrasada o incluso suspendida", argumentaba el primer ministro polaco en declaraciones para la agencia Reuters.

Y es que, el denominado Pacto Verde Europeo requiere unas inversiones de cerca de 100.000 millones de euros para, según Ursula Von der Leyen, "reconciliar la manera en que producimos y consumimos con nuestro planeta", lo cual no es prioritario para determinadas economías del continente que, además de depender notablemente de las energías fósiles, pueden salir mal paradas por la incidencia del coronavirus. Sin embargo, hay quien ve en esta crisis que se abre una oportunidad para reorganizar la economía con criterios de sostenibilidad. La propia Ministra de Transición Energética española, Teresa Ribera, ha manifestado, tras la suspensión de la Cumbre de Glasgow que "la recuperación de nuestra economía" encontrará "en las soluciones climáticas un buen espacio de compromiso y relanzamiento".

También el comisario de Agricultura y Pesca de la Comisión Europea, Janusz Wojciechowski, se ha posicionado en el debate para defender esta crisis como una oportunidad para reestructurar la economía del viejo continente y encontrar una salida "verde y sostenible". En cualquier caso, la llegada de la covid-19 ha reabierto un debate político que parecía zanjado, poniendo en riesgo los plazos de neutralidad ambientales para 2050, los cuales ya se mostraban poco ambiciosos, según los colectivos ecologistas de Europa.

Dentro de esta pugna de intereses, las industrias y los grupos de cabildeo juegan un papel importante. Buen ejemplo de ello es el sector del automóvil, uno de los más afectados por la coyuntura económica, que ha pedido a la Comisión Europea que se retrase la entrada en vigor de los estándares europeos de emisiones de los vehículos, los cuales son más restrictivos que los actuales. Esta postura ha sido recogida en Europa por los sectores conservadores, que están trabajando en el Parlamento Europeo para que los fondos destinados a la lucha contra el cambio climático se destinen a frenar la expansión del coronavirus. El Partido Popular Europeo, de hecho, ha aprovechado la situación de crisis económica para pedir que se posponga el plan de "la granja al plato", con el que se pretendía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción ganadera y agrícola.

La Ley del Cambio Climática se frena

A principios de año, nada más formalizar el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, el Ejecutivo aprobó la declaración de emergencia climática, con la que se comprometían en un plazo de cien días a remitir al Parlamento la Ley de Cambio Climático –una norma determinante que lleva años siendo aplazada debido a la inestabilidad política de España–, además de definir la senda para la descarbonización de la economía y crear una Asamblea Ciudadana de Cambio Climático para integrar la voz de la ciencia y los colectivos sociales dentro de las políticas verdes españolas. Sin embargo, la pandemia ha propiciado que los plazos se vayan a dilatar aún, sin tener fechas concretas.

Por el momento, el Gobierno ha avanzado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en tanto que ha enviado el borrador del mismo a Bruselas fijando unos plazos de descarbonización poco ambiciosos si se tienen en cuenta las premisas marcadas por el Acuerdo de París. Así, el Ejecutivo de Sánchez ha fijado un objetivo de reducción de emisiones del 23% para el año 2030, cuando el reto fijado por la ciencia estaría en un 55% para ese año como paso previo a las emisiones neutras en 2040.

El estado de alarma también ha paralizado los planes ecofiscales del Gobierno, ya que el Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a retrasar la aplicación de un gravamen a los billetes de avión y al uso del plástico, así como una subida impositiva al diésel. Tanto los impuestos a la aviación como al uso de plásticos se encontraban en fase de consulta pública, pero el Ejecutivo ha decidido dejar el proceso en espera, dada la magnitud de la crisis económica.