Las agrestes sierras del sur se encuentran hoy fragmentadas en una parte sustancial de su territorio. El vallado cinegético ha experimentado un crecimiento colosal, año tras año, desde la década de los setenta. Muchas de las mejores fincas de Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, de extraordinario valor ecológico, son hoy cotos cerrados de caza para un negocio que mueve cientos de millones de euros al año. Las consecuencias medioambientales, en algunos casos, son altamente inquietantes. Para los ecologistas, representa la desnaturalización del ecosistema. Los especialistas alertan de los riegos de una incorrecta gestión cinegética pero matizan.  

Sierra Morena es el macizo forestal más cicatrizado por el alambre. Algunas fuentes indican que el 25% de su enorme superficie es ya territorio cercado. Y creciendo. Las áreas más valiosas desde el punto de vista ecológico son las más afectadas. Es el caso, por ejemplo, del Parque Natural de Hornachuelos, en Córdoba, cuyas 60.000 hectáreas están ya prácticamente acotadas. "La valla cinegética juega un papel fundamental en la consolidación de la caza mayor como industria económica. Permite aumentar las densidades de animales a un nivel insospechado. Sabes cuántos bichos tienes. Te proporciona certidumbre y control del territorio para vender mejor la montería. Eso sí: tiene consecuencias nefastas para la conservación de la fauna y de la cubierta vegetal". Así habla Joaquín Reina, miembro de Ecologistas en Acción en Andalucía y experto avezado en la materia.

Los grupos conservacionistas avisan que el vallado provoca efectos letales para las especies silvestres, principalmente los ungulados. Primero, porque limitan drásticamente su área de campeo. Segundo, porque generan endogamia y enfermedades. Y tercero, porque la alta densificación de animales en los cercados arrasa la cubierta vegetal y desertifica el territorio. "Sierra Morena no es ni la sombra de lo que era hace 30 años", advierte Reina. "Entonces era un terreno agreste, inhóspito, con presencia del lobo y el lince. Todo eso se ha perdido en gran medida debido a la proliferación de las cercas cinegéticas".  

El exuberante monte mediterráneo, tejido de sotobosque leñoso, pinares, madroños, quejigos y alcornoques, está en grave proceso de artificialización, según denuncian insistentemente las organizaciones ecologistas. Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura son las regiones más afectadas. Pero la epidemia del alambre se propaga en los últimos años hacia el País Valenciano, Aragón y Castilla y León.  

Pero, ¿cuándo y por qué se inició este fenómeno? Álvaro Valverde, abogado, cazador y activo defensor del monte libre de cercas, identifica dos momentos cruciales en la propagación del vallado cinegético. El primero, cómo no, tiene que ver con Franco. A finales de los sesenta, el Estado decide cercar la finca de Lugar Nuevo, en Andújar (Jaén), para que el ya septuagenario general pudiera tener a tiro buenas piezas de caza. Ahí empezó todo. El segundo momento se produce bajo el Gobierno de Felipe González. En aplicación del Convenio de Berna, el Congreso de los Diputados tramita la Ley 4/1989 de 27 de marzo.  

El texto estipulaba que "los cercados y vallados cinegéticos deberán construirse de forma tal que no impidan la circulación de la fauna silvestre". Pero en la tramitación parlamentaria, por arte de magia, sufrió una modificación trascendental en su redacción. Al volver del Senado al Congreso, el párrafo tenía un añadido imprevisto: fauna silvestre "no cinegética". Dos palabras letales para el futuro de los ungulados.  

Álvaro Valverde asegura sin dudarlo que tras la breve alteración del texto estaba la "presión terrible de los terratenientes". "Era la época de los Abelló y los Mario Conde y se habían puesto de moda las monterías", precisa el abogado, quien afirma tener en su poder los documentos oficiales que acreditan el inesperado cambio en la redacción del articulado. Esa simple pero crucial modificación vulnera el espíritu y la letra del Convenio de Berna, que no discrimina entre las especies cinegética y no cinegéticas. "Es una aberración jurídica. Porque, además, si el vallado cierra el paso al ciervo es imposible que permita circular al lobo o al lince".  

Valverde ha elevado escritos a la Comisión Europea por incumplimiento de la directiva que regula el Convenio de Berna. "Me han dado largas", lamenta. Y subraya: "Los intereses medioambientales quedan relegados ante los intereses económicos. Nadie le quiere meter el diente a esto". Como cazador amante de la naturaleza, sostiene que el vallado es "anticaza" y "antiecológico". "Cazar animales cercados no es cazar. Es matar", declara. Es abierto defensor de la "caza auténtica", que permita a los animales disponer de su mejor medio de defensa: la huida. "Ahora no tienen escapatoria. Hoy paraísos como la Sierra de Hornachuelos se han convertido en un inmenso corral", protesta.  

Los especialistas asumen en parte estos argumentos, pero introducen matizaciones reseñables. Juan Carranza, responsable de la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos de la Universidad de Córdoba, admite que limitar el movimiento de animales de gran tamaño como el ciervo "va en contra del comportamiento y la ecología natural de la especie". Por lo tanto, remarca, "no es deseable". Aunque puntualiza: "Eso en un mundo ideal". Lo sustancial, agrega, no es tanto el vallado como el modelo de gestión que se introduzca en cada finca. No es lo mismo cercar un área grande que otra pequeña. Y afirma: "Criar animales como ganadería para cazarlos es inadmisible e incompatible con la conservación".  

La ley andaluza establece un mínimo de 2.000 hectáreas para los espacios vallados, pero estipula una disposición transitoria para cercas menores si se acoge a determinada calificación cinegética de calidad. "El tamaño es una variable. Lo que hay que ver es si es sostenible o no desde el punto de vista medioambiental", subraya Carranza. En opinión de Joaquín Reina, en cambio, dicha disposición es un "subterfugio legal" para mantener intacta la existencia de cercones.  

El catedrático de la UCO neutraliza una de las críticas recurrentes de los detractores del vallado: la endogamia. "En los últimos 30 años de investigación, estamos encontrando que no hay problemas de consanguinidad de ciervos en fincas cercadas", sostiene. Todo lo contrario. "Hay más consanguinidad en fincas abiertas", asegura de forma sorprendente. ¿Cuáles pueden ser las razones que expliquen esta aparente contradicción? En principio, las fincas abiertas no lo son tanto, debido, en parte, a que limitan con obstáculos artificiales, como las autovías, o con las cercas de otros cotos privados.  

Otra de las causas de la consanguinidad, bajo el prisma de Carranza, reside en que los terrenos no vallados, al no llevar a cabo una gestión cinegética adecuada, experimentan desequilibrios poblacionales dañinos. Hay sobrecarga de hembras, los machos no se dispersan de forma natural, no se produce el proceso selectivo de la berrea y aumenta la endogamia. "Habría que gestionar las fincas abiertas como si fueran cerradas", sugiere. Ahora bien: "¿Cómo poner de acuerdo a los vecinos? Debería hacerlo la administración, pero no es fácil". En todo caso, y pese a los efectos indeseables del cercado cinegético, Juan Carranza valora positivamente su actividad. "Si la caza no fuera rentable", reflexiona, "su territorio se destinaría a ganadería o agricultura. Y eso puede ser peor desde un punto de vista de conservación del espacio", concluye.  

Joaquín Vicente Baños, miembro del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC) de Castilla La Mancha, también incide en el modelo de gestión de las fincas. Asegura que el principal problema del vallado cinegético es el "manejo intensivo asociado" a este tipo de explotaciones. "Afecta a la variabilidad genética de los ciervos porque va disminuyendo la diversidad, incrementa las enfermedades y tiene un impacto sobre el medio, el suelo y la vegetación", enumera.  

La cuestión es evitar formas de generar caza "no sostenible en el tiempo". De lo contrario, insiste, "nos estamos cargando el medio natural". Las cercas, por consiguiente, no siempre desencadenan un impacto negativo sobre el ecosistema y, a veces, "pueden ayudar a delimitar" qué forma de intervención es la más adecuada. Muchas administraciones autonómicas "se están poniendo las pilas" a la hora de implementar planes cinegéticos acomodados a cada territorio.

En Castilla La Mancha, la ley prohíbe desde 2006 cercar fincas por debajo de las 1.000 hectáreas. Desde entonces, el número de cerramientos se ha congelado, indica Joaquín Vicente. Toledo y Ciudad Real son las provincias con un mayor número de cotos vallados.  

El también profesor de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real y coordinador del proyecto europeo Enetwild pone el foco en la excesiva densidad animal de muchas fincas, que acaban convirtiéndose en "desiertos de biodiversidad" o "granjas". "Ese es un modelo no sostenible", remarca. "Espero que en el futuro haya una tendencia hacia la naturalización del medio".