Las Corts Valencianes aprueban la ley de muerte digna con el voto en contra del PP

Les Corts Valencianes han aprobado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto del PP, que ha votado en contra, la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida, conocida como ley de muerte digna.

La norma busca regular el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso final de su vida, evitando el sufrimiento y respetando su última voluntad.

El texto aprobado establece, entre otros aspectos, el derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales de centros e instituciones sanitarias y sociales, de titularidad tanto pública como privada, así como de entidades aseguradoras, e introduce medidas nuevas como la Planificación Anticipada de Decisiones.

Además, regula el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso final de su vida para garantizar el respeto a su dignidad y autonomía, a la expresión de sus deseos y valores, a su voluntad, dentro del marco legal, y velar por la calidad de su vida durante ese proceso.

Ley garantizará que el paciente pueda elegir dónde morir, si en hospital, domicilio o residencia

También recoge los deberes que ha de cumplir el personal de las instituciones y centros sanitarios y sociales, tanto de titularidad pública como privada, así como las entidades aseguradoras que presten servicios en la Comunitat que atiendan a las personas en el proceso final de su vida.

La Ley garantizará que el paciente pueda elegir dónde morir, si en hospital, domicilio o residencia, y la persona en el proceso final de la vida tendrá derecho a disponer, si lo desea, del acompañamiento permanente familiar o de la persona cercana que designe, y acompañamiento espiritual de acuerdo a sus convicciones.

Para el PP la legislación existente es suficientemente garantista con la atención al final de la vida

Asimismo, asegura la adecuación de las habitaciones hospitalarias para uso individual del paciente en situación de últimos días, con la finalidad de garantizar la intimidad y dignidad al paciente y a sus familiares.

El PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos han defendido la importancia y necesidad de esta norma, mientras que para el PP la legislación existente es suficientemente garantista con la atención al final de la vida, y además, se ha preguntado "qué dolor, miedo o incertidumbre se puede evitar con una ley que tiene cero euros".

Para la diputada popular María José Catalá, esta ley es "el penoso legado dejado" por la exconsellera de Sanidad y actual ministra Carmen Montón, que "pensó en hacer una ley señuelo que la llevara a Madrid", algo que ha conseguido.

Andalucía fue la primera Comunidad Autónoma en contar con una ley para la muerte digna. Además, Madrid, Baleares, Aragón, Navarra, Euskadi, Asturias y Galicia, cuentan con leyes similares a la norma andaluza.