Víktor Orbán, primer ministro a húngaro, volvió a acaparar protagonismo en mitad de una crisis de la Unión Europea al obtener poderes ilimitados por parte del parlamento de su país –que ya controlaba con la mayoría de su partido, Fidesz, y el apoyo de la extrema derecha del Jobbik–. En un momento en que para combatir la pandemia de la Covid-19 la mayoría de estados están limitado los derechos civiles de sus ciudadanos, el jefe de gobierno de Hungría consiguió destacarse entre todos y volver a jugarse la expulsión del Partido Popular Europeo, que finalmente consiguió evitar. Pero Orbán no está solo.

El grupo de Visegrado integra a Chequia, Eslovaquia, Polonia y Hungría desde que en los 90 los cuatro países saliesen de sus respectivas dictaduras comunistas –al principio los dos primeros firmaron como la extinta Checoslovaquia– y nació para coordinar esfuerzos para integrarse en la UE. Sin embargo, hoy es un grupo de presión dentro de esta en el que las llamadas política "iliberales" de Orbán o el partido polaco Ley y Justicia (PiS en sus siglas originales) que socavan la democracia no han dejado de avanzar. La pandemia es solo un episodio más.

La analista Olga Gyafarsova, directora del Instituto Europeo de Estudios y Relaciones Internacionales de Bratislava, Eslovaquia, ve considera que Orbán "prácticamente ha abolido el parlamento". Si el dirigente húngaro "ya gobernaba de forma autoritaria" ahora mismo "se ha institucionalizado como dictador". Sin embargo, aunque la crisis del coronavirus "es tentadora para muchos autócratas" señala al futuro: "la hora de la verdad llegará cuando todo pase y no puedan usar la emergencia".

Monika Brusenbauch Meislová, profesora de la Masaryk University de Brno, en República Checa, añade que Orbán "ya podía hacer lo que quisiera" en Hungría y que el problema estriba en que el premier húngaro "no percibe que corra ningún peligro". Y recuerda: el pasado 2 de abril ribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) condenó a Hungría, Polonia y Chequia por incumplir los acuerdos de acogida de refugiados en 2015 y no tuvo consecuencias.

En Polonia y República Checa, donde las restricciones de movimientos durante la cuarentena incluyen graves multas y toque de queda, el discurso nacionalista se ha exacerbado por encima de lo habitual, mientras que Eslovaquia vive un cambio de gobierno en el que tendrá un papel decisivo el partido ultraconservador Somos Familia (SME Rodina), que ya antes de la toma de posesión señaló a la inmigración ilegal como presunta culpable de la propagación del virus.

En concreto en Chequia el actual primer ministro, Andrej Babis, investigado por la UE por desviar fondos europeos a sus propias empresas, ha aprovechado el estado de alarma para endurecer su discurso nacionalista, que nunca había sido una de las piedras angulares de su política. Enfrentado hace meses a grandes manifestaciones en Praga que le piden responsabilidades por el escándalo del llamado Caso Nido de Cigüeña, Babis ha logrado un protagonismo absoluto y ausente de críticas gracias a la crisis y ha comenzado a atacar las "injerencias" de Bruselas en la política checa.

En concreto, el premier checo, que fue uno de los dirigentes que más se opuso a un acuerdo europeo de máximos en la Cumbre del Clima (COP25) de Madrid el pasado diciembre, ha llegado a acusar a Bruselas de centrarse demasiado en el medio ambiente y olvidar la prioridad de combatir el coronavirus. Además Babis, en plena negociación de un nuevo acuerdo de la Política Agrícola Común (PAC) ha aprovechado para acusar a la UE de quedarse sin fondos estructurales para apoyar a Chequia.

Eslovaquia es un caso particular. La cuarentena la ordenó el primer ministro saliente, el socialdemócrata Peter Pellegrini, el 22 de marzo, después de perder las elecciones del pasado 29 de febrero. El 1 de abril Igor Matovic tomó posesión como nuevo jefe de Gobierno en una ceremonia que se hizo noticia porque la Presidenta de la República, la progresista Zuzana Caputova, lució una mascarilla a juego con su vestido de gala, ya que en el país eslavo esta protección ha sido obligatoria desde el primer día.

Sin embargo lo preocupante era la incorporación del partido SME Rodina, de discurso xenófobo, homófobo y ultracatólico, al gobierno como principal apoyo del centroderecha OLaNO (Gente Corriente y Personalidades Independientes) de Matovic. Esta formación, que en el parlamento europeo comparte grupo con la Agrupación Nacional de LePen y la Liga de Salvini, hizo campaña contra el matrimonio entre personas del mismo sexo en las pasadas elecciones y se ha destacado por su discurso xenófobo.

El parlamentario europeo Michal Simecka, del partido Eslovaquia Progresista –el mismo que la presidenta Caputova–, valora para Público que "es necesario ser prudente" porque muchas de las medidas que restringen libertades "están tomadas para ser temporales y por la salud pública". De hecho, advierte que "es posible que en el futuro están tengan que incrementarse".

Precisamente coincidiendo con la elaboración de este reportaje el gobierno de su país restringía aún más los movimientos dentro de su país para impedir viajes durante las vacaciones de Pascua –que en Eslovaquia son equivalentes a la Navidad y se celebran cenando en familia– y el primer ministro de la vecina Polonia, el conservador Mateusz Morawiecki, advertía que no se espera el pico de infectados hasta el 1 de junio.

Por eso Simecka cree que la batalla que espera será pasada la crisis y solo una continuación de lo ya visto. "Las decisiones de Orbán forman parte de una larga campaña contra las instituciones independientes, si ahora se lo acusa de amenazar a periodistas no afines, no es nada que no haya hecho antes". El eurodiputado teme que sea "la puntilla" para la democracia húngara e incluso para la polaca.

En este sentido la única predicción con la que se atreve la profesora Gyafarsova de Bratislava es la de la crisis económica. "Las tendencias iliberales como las de Orbán continuarán después de la pandemia", explica por email a este medio, "si las consecuencias económicas del parón de la economía llevan a un mayor descontento social". Observando la cooperación entre los países de Visegrado "tengo pocas ilusiones. Aunque sea un poder regional dentro de la UE, cada país ha demostrado poner por delante sus propios intereses nacionales".