En mitad de la crisis del coronavirus, son muchas las personas que se encuentran en primera línea de riesgo (personal sanitario, de seguridad, logística, tiendas de alimentación...). Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) han pasado a engrosar la lista de afectadas.

Hace unos días, desde el sindicato de Oficios Varios de la CGT de Madrid denunciaban cómo las trabajadoras de Sacyr-Social, la concesionaria de la atención a domicilio de personas dependientes en la Comunidad Madrid, no disponían de los medios necesarios para protegerse y proteger a las personas usuarias del servicio de atención.

Carmen (nombre ficticio por temor a represalias) es una de las trabajadoras que se encuentran en la zona sur de Madrid en primera línea sin las protecciones adecuadas. "En los días previos a la declaración del Estado de Alarma ya había mucho nerviosismo entre las compañeras, porque veíamos la falta de material".

Algo que posteriormente se ha confirmado y antelo cual, consultada Sacyr por este medio, la compañía se ha limitado a remitir a un escueto comunicado en el que indica que "Sacyr Social, a través de las asociaciones empresariales, está solicitando a la Administración que provea de los equipos de protección individuales necesarios para prestar el servicio en las condiciones de seguridad que Sanidad ha establecido para los usuarios y los trabajadores en estas circunstancias".

Tras una semana trabajando sin protección, otra compañera, esta vez de la zona norte, cuenta a Público que la compañía comenzó ayer al fin el reparto. Según Martina (nombre ficticio), "se nos van a repartir únicamente guantes y dos mascarillas por persona". La indignación de la trabajadora es evidente al contar tanto la cantidad como el modo en que se ha organizado la distribución de este material.

Según cuenta, el reparto se ha establecido por franjas horarias y por tramos por orden alfabético para evitar aglomeraciones. Sin embargo, el mayor problema no es ese, sino que en el caso de la zona norte de Madrid, las trabajadoras se han de desplazar hasta las oficinas de Tres Cantos para recoger el material, que se encuentra a más de 40 kilómetros de algunos pueblos en los que se presta el servicio, siendo necesaria la combinación de varios autobuses cuya frecuencia es escasa en algunos casos. "Se están riendo de nosotras, es absurdo que una empresa que cotiza en Bolsa no disponga los medios suficientes para evitar exponernos de este modo".

Vacaciones forzosas

Tal y como explica Martina, la compañía se encuentra ahora en situación de servicios mínimos, lo que significa que no requiere de totalidad de la plantilla. Así las cosas, la trabajadora indica que "nos informaron de que se había realizado un sorteo, saliendo la letra G, a partir de la cual todas las auxiliares tendríamos que hacer servicios mínimos durante 15 días". Transcurrido este plazo, la comunicación detallaba que se invertirían los papeles, pasando a trabajar las que hasta entonces se encontraban de vacaciones.

Público ha tenido acceso a los correos electrónicos remitidos por parte de Sacyr en los que se comunica que "la empresa es consciente de la actual situación del servicio y así en aras también de una mejor organización del mismo, se ha acordado concederle 15 días de vacaciones del 23 de marzo al 6 de abril de 2020".

Unas "vacaciones forzosas", como las califica Martina, que sin embargo están sujetas a la interrupción, tal y como continúa el correo electrónico: "No obstante si fuera necesario su presencia para la prestación del servicio la empresa quedará facultada para suspender este periodo de vacaciones, con la obligación de su reincorporación inmediata".

Junto a las trabajadoras a las que les hayan correspondido las vacaciones por sorteo, se encuentran en idéntica situación las que tienen un perfil de riesgo ante la infección por COVID-19 (embarazadas, mayores de 60 años, inmunodeprimidas...), indican sus compañeras.

Esta reducción en el personal ha traído problemas añadidos a las trabajadoras. Según explica Martina, "como no tienen suficientes usuarios [se han producido bajas en el servicio por temor al contagio], he visto cuadrantes en los que ya no hay continuidad, de manera que una compañera puede tener un servicio de ocho a diez de la mañana y el siguiente no le corresponde hasta las tres de la tarde. ¿Qué hace durante todo ese tiempo? ¿Dónde se queda?".

Comportamiento habitual

Isabel denuncia que la falta de medios con que trabajan es la norma habitual, sin que la crisis del coronavirus haya modificado gran cosa la actuación de Sacyr. Su compañera Martina corrobora que esa situación se extiende a la zona norte: "nos dan tres cajas de guantes cada cuatro meses".

Guantes, por otro lado, que según expone Isabel "son de vinilo y ni siquiera se ajustan a la muñeca", añadiendo que "cuando pedimos mascarillas, todo son pegas". Así las cosas, las trabajadoras aseguran que son ellas quienes tienen que costearse las mascarillas para velar, no sólo por su salud, sino también por la de las personas que reciben el servicio.

En cuanto al reparto del material, Martina cuenta cómo éste se realiza con "una furgoneta que estaciona en un vado o en mitad de la calle, habiéndose dado el caso de que alguna vez se ha presentado la Policía por creer que se trataba de venta ambulante". Desde su punto de vista, "tendrían que habilitar algún local, aunque fuera mediante concierto con los ayuntamientos, para que no tuviéramos que recoger el material en estas condiciones, incluso, cuando llueve o nieva".

Martina recuerda que la situación antes era muy diferente, porque las coordinadoras visitaban los servicios y aprovechaban entonces para dotar de material a las trabajadoras. Ahora, según precisa, ya no se producen estas visitas puesto que con los recortes acometidos no hay personal suficiente.

La dependencia como negocio

Las trabajadoras denuncian cómo la dependencia se ha convertido en un negocio, hasta el punto de que Isabel afirma que Sacyr "no ve usuarios, ve clientes". Sacyr se adjudicó el contrato de SAD para las zonas Norte y Sur de Madrid en 2018, por un importe de algo más de 57,7 millones de euros, por espacio de dos años.

El contrato vence el próximo mes de mayo y, aunque está sujeto a prórroga, ambas trabajadoras confían en que no se renueve el contrato. Las dos compañeras llevan más de una década trabajando en este ámbito y coinciden a la hora de indicar que nunca se habían encontrado en peor situación laboral.

A pesar de que los precios unitarios marcados por la Comunidad de Madrid son de 16,75 euros a la hora en cada servicio, las empleadas afirman que ni siquiera sus horas extras sumando antigüedad, alcanzan los 9 euros a la hora.

A esta problemática se suman otras, como el hecho de que "por convenio nuestros tiempos de desplazamiento entre un usuario y otro deberían estar contemplados en el horario de trabajo", explica Isabel, que puntualiza que no es así.

"Tenemos que ir computándolo nosotras, tomando como referencia Google Maps, sin tener en cuenta si llueve, si hay tráfico, si tienes 60 años y caminas más despacio...", se lamenta. Posteriormente, Isabel afirma que ese tiempo añadido se computa como horas extras y se pagan al cabo de tres meses.

Rotación de personal

Desde el punto de vista de las familias usuarias del SAD la continua rotación de personal que denuncian tampoco beneficia a sus mayores. Marisol, que prefiere ocultar su identidad por temor a perjudicar a la trabajadora que acude a cuidar de su padre y de su madre, se queja del varapalo que supone para las personas usuarias los cambios de personal.

"Especialmente en las personas mayores, se establecen unos lazos de confianza que de la noche a la mañana se ven rotos, causándoles un grave perjuicio", afirma Marisol. Ella ha remitido varias quejas a Sacyr, topándose contra un muro: "me dicen que perdone las molestias, a lo que yo les contesto que una molestia es que te llegue el taxi tarde, esto lo que es es una putada, para mí y para mis padres", explica indignada.

En este sentido, Marisol apunta que "Sacyr contrata a muchas personas y cuando llevan un año, que tendrían que hacerles contrato indefinido por convenio, las despiden". La situación de las trabajadoras se agrava aún más, pues según indica, "algunas de ellas son contratadas sin contar con el correspondiente certificado de profesionalidad que se exige, por lo que durante ese año ellas se lo sacan pagándoselo de su bolsillo para, después, verse en la calle".

Público formuló preguntas específicas abordando todas estas cuestiones a Sacyr, pero desde la compañía rechazaron contestarlas.