El Gobierno ha pasado de rechazar el escenario de una mayor paralización de la economía a decretar su "hibernación" en cuestión de días. El pasado miércoles, el Ejecutivo recibió luz verde del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma, en vigor desde el 15 de marzo, hasta el 11 de abril, en las condiciones en las que había sido declarado anteriormente, y tras un maratoniano pleno en el que varios partidos le reclamaron la adopción de medidas más duras.

Durante esa semana, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, rechazó una mayor paralización de la actividad económica, mientras los representantes de Unidas Podemos en el Ejecutivo, que sí estaban a favor de un parón total, evitaron airear su posición, afirmando que acataban la decisión del presidente.

El sábado, un día después de que la Cadena Ser divulgara un borrador de la clasificación de actividades esenciales y no esenciales en el que había estado trabajando el Gobierno [Aquí, la lista definitiva, adelantada por Público], el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció en una comparecencia no programada el endurecimiento de este confinamiento, así como la creación del permiso retribuido recuperable. El jueves, el ministro de Sanidad había comparecido en el Congreso, pero no hizo mención específica a esta cuestión.

Desde entonces, la oposición ha criticado a Sánchez por tomar esta decisión sin contar con el Congreso, donde compareció días antes, y el Gobierno ha defendido sus posiciones. Quizás, quien más se ha acercado a la autocrítica en el fondo -en las formas también lo ha hecho la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz- ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

"Claro que hubiera sido mejor hacerlo de otra forma y con más tiempo, pero las cosas vienen como vienen", afirmó Illa el lunes, en rueda de prensa. En la misma comparecencia, Illa incidió en que estas medidas son "necesarias" -"si no, no las adoptaríamos"-, e hizo hincapié en que en ningún caso hay "contraposición entre salud y economía" en el nuevo real decreto. "No puede haber economía sin salud".

En la misma rueda de prensa, tanto Illa como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicaron que el Ejecutivo tomó esta medida tras escuchar el análisis del comité de expertos sobre los datos de movilidad registrados.

En palabras de Marlaska, entre este lunes y el pasado, cuando aún no estaba en vigor el nuevo real decreto sobre la paralización de actividades no esenciales -este lunes aún se permitían excepciones-, el tránsito rodado ha disminuido un 34%, según las cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT).

"En base a la información de que disponíamos, había que tomar esta medida este fin de semana", apuntó Illa, recordando que la idea es que el parón se prolongue hasta el 9 de abril, cuando expira esta paralización y el permiso remunerado, para enlazar con las festividades de Semana Santa. "Es la mejor forma de conseguir esta reducción sostenida de la movilidad", argumentaba el ministro de Sanidad.

Montero niega que haya habido "una situación de alarma añadida"

El domingo, un día antes de que Illa afirmase que el pico en la curva de contagios se acerca o ya se ha alcanzado -y, por lo tanto, que se espera una progresiva reducción del avance del covid-19 pronto-, la ministra portavoz, María Jesús Montero, negó que el nuevo real decreto obedezca a "una situación de alarma añadida".

Así, en su comparecencia del domingo, tras el Consejo de Ministros extraordinario, la también titular de Hacienda defendió que el Ejecutivo "siempre" ha actuado siguiendo las indicaciones de los expertos. "Siempre", incidía, han transmitido que "pondrían encima de la mesa" las medidas que el grupo de expertos que le asesora considerara "útil para frenar los contagios".

El sábado, según sus explicaciones, este "cómite técnico-científico" observó la diferencia de movilidad entre los días laborables y los fines de semana, y "creyeron que había que seguir un patrón óptimo": reducir la movilidad de los días laborables hasta igualar las cifras registradas durante los fines de semana. "Necesitamos la restricción de movilidad de un domingo", que diría la ministra Díaz, también presente en esa comparecencia.

En la misma línea, Montero destacó que España sigue siendo uno de los países que ofrecen "medidas de confinamiento más drásticas", en referencia al último real decreto aprobado en Consejo de Ministros.

"No se trata de un cierre de actividad, sino de bajar la movilidad", "una especie de hibernación" de la economía. "Es una medida creativa e innovadora", apuntaba, para garantizar que el sistema sanitario se mantiene "tensionado" pero "no saturado" durante las próximas semanas, cuando sufrirá la mayor prueba de estrés desde el arranque de la emergencia del coronavirus. Y de su historia.