El Constitucional paraliza la demolición del resort de lujo Isla de Valdecañas

El Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado este martes suspender de forma cautelar el derribo del resort de lujo Isla de Valdecañas, el complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, hasta que se adopte una decisión definitiva sobre el fondo del asunto judicial que derivó en la orden de demolerlo.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el pleno del TC ha acordado la medida cautelar solicitada en los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de Isla de Valdecañas.

Las mismas fuentes señalan que la votación se ha resuelto por seis votos a favor y cinco en contra, aprobando así la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo.

El pasado noviembre, la Corte de Garantías del TC admitió a trámite los recursos planteados contra la sentencia del Supremo que dio la razón a Ecologistas en Acción-CODA, ordenando demoler el complejo urbanístico en su totalidad.

Un historial conflictivo

El punto de partida de este litigio se sitúa en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) anuló el visto bueno de la Junta a Isla de Valdecañas y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.

El TS confirmó las resoluciones del TSJE, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.

Sin embargo, en 2022, el TS, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.

Una necesaria protección ambiental

Las protestas por parte de las asociaciones ecologistas parten del hecho de que el complejo urbanístico está proyectado en una zona perteneciente a la Red Natura 2000. El propósito de esta calificación europea es el de facilitar la conservación de las distintas especies y de su hábitat frente a la pérdida de biodiversidad.

Al respecto, el CSIC y su Estación Biológica de Doñana presentaron hace tiempo un informe en el que se aconsejaba cerrar la urbanización y derribarla, puesto que, según el documento, "los impactos ambientales del uso del complejo son diez veces mayores que los de la demolición".

Hoy, la Justicia deriva de un lado a otro del tablero y, mientras tanto, el hotel, los chalets y el campo de golf siguen arraigados en el terreno, esperando a una sentencia definitiva.