El Tribunal Constitucional ha amparado a una mujer que denunció haber sido sometida en la Comisaría de Badajoz a un cacheo en el que se le instó a desnudarse de forma íntegra antes de introducirle en el calabozo, porque la jueza que investigó los hechos no realizó una investigación detallada que hiciera posible su esclarecimiento.

Sara B. B., como se llama la protagonista de esta suerte de thriller judicial, fue detenida el 10 de abril de 2019 sin previo aviso cuando acudió al juzgado junto a su hija pequeña para recoger un documento. En pocas horas, fue detenida, obligada a desnudarse y someterse a un examen de sus partes más íntimas y separada de sus hijas de forma violenta porque su expareja la acusó de haber secuestrado a las niñas y de estar en paradero desconocido (incluso en el extranjero), a pesar de que no se había movido de su casa. Sara seguía trabajando en el mismo hospital y las niñas seguían haciendo su vida habitual, tal y como recogió Público.

Ahora, la Sala Segunda ha dictaminado que estima el recurso de amparo cursado por la mujer, anula los autos que fueron impugnados y ordena que se investigue de forma eficaz y exhaustiva con el fin de esclarecer lo sucedido en la citada comisaría. El Constitucional entiende que el derecho de la mujer a la tutela judicial efectiva ha sido vulnerado. 

Según la denuncia, interpuesta ante los juzgados de Badajoz, la mujer habría sido sometida a un cacheo "innecesario y vejatorio con desnudo integral" durante su detención. Un arresto que fue acordado judicialmente por otro juzgado de la ciudad, como autora de un supuesto delito de desobediencia.

El informe policial indicaba que en ningún momento se ordenó que se desnudara integralmente a la detenida, quien entregó al juzgado grabaciones de audio que había realizado desde que fue detenida hasta que ingresó en el calabozo policial. La jueza sobreseyó la denuncia tras considerar que la investigación había sido suficiente y que los hechos denunciados no habían quedado debidamente acreditados.

En sus recursos ante el juzgado y la Audiencia de Badajoz, la mujer solicitó que, a la vista del resultado de esas grabaciones, se oyera presencial a la agente que practicó el registro para que explicara las indicaciones que a ella se le atribuían, según las cuales "debía quitárselo todo" para el cacheo.

Pero los órganos judiciales rechazaron esta petición por entender no acreditada la práctica del cacheo y, en todo caso, por considerarla una actuación policial ordinaria prevista en los protocolos policiales de detención.

Agotada la jurisdicción ordinaria, la mujer acudió en amparo ante el Constitucional, que en su sentencia razona que "la investigación realizada de la conducta policial considerada por la recurrente como excesiva y atentatoria a su dignidad no fue suficiente, en tanto no facilitó el adecuado esclarecimiento de los hechos denunciados".