memoria históricaLos concejales de Calatayud se juegan su patrimonio por mantener la medalla a Franco

Mantener la medalla de oro de la ciudad concedida al dictador Francisco Franco en 1951 puede acabar teniendo un alto coste, no político sino en euros, para los concejales del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) que este miércoles se posicionen en el pleno contra la anulación del acuerdo de hace siete décadas: un informe jurídico elaborado por la secretaria municipal advierte de que un posicionamiento contra la Ley de Memoria Democrática aragonesa puede conllevar "en su caso" una responsabilidad contable equivalente al perjuicio que supondría para el consistorio "la no percepción de subvenciones configurada como sanción", la cual, inversiones al margen, ronda los dos millones de euros anuales.

Se trataría, de acabar el asunto en una sanción de ese tipo, de una situación similar a la que tuvieron que afrontar el expresident de la Generalitat Artur Mas y varios de sus altos cargos con los costes que le supuso a la Administración autonómica la consulta del 9-N de 2014.

El equipo de gobierno, de PP y C’s, rechaza los requerimientos para revocar ese acuerdo que le han ido remitiendo el Gobierno de Aragón y la Delegación del Gobierno, así como la sugerencia que le hizo llegar en ese sentido el Justicia (defensor del pueblo autonómico) y las sucesivas propuestas del PSOE.

El alcalde, José Manuel Aranda (PP), mantiene que el galardón no está vigente por tratarse de una condecoración vitalicia, argumento con el que hace unas semanas, y en plena escalada de tensión con el ejecutivo autonómico por este asunto, conservadores y naranjas rechazaron la enésima propuesta del PSOE para revocar el acuerdo de 1951. El Par se abstuvo en la comisión de Cultura y el concejal de Vox no asistió.

Un informe jurídico de conclusiones claras

Este miércoles, sin embargo, y al margen de los posicionamientos partidarios, los concejales llegan al pleno unos días después de que la secretaria municipal haya emitido, a petición de los socialistas, un informe jurídico cuyas conclusiones resultan meridianamente claras.

Por una parte, el dictamen remite a otro en el que, hace ya casi cinco meses, señalaba que "procedería, en ejecución de la normativa estatal y autonómica sobre memoria histórica, revocar la concesión y entender que queda vacante, sin generar ningún derecho". Sobre la "obligatoriedad de dejar sin efecto el acuerdo" de 1951, anotaba que "las leyes de memoria histórica imponen una determinada conducta" y que "el derecho reconocido" hace 69 años "no tendría cabida en la legislación aplicable actualmente, tanto estatal como autonómica".

Esta última establece la eliminación de los vestigios del franquismo  y determina que las instituciones públicas que no revisen su callejero, sus monumentos y sus registros de honores para suprimir los referentes a los sublevados y a la dictadura pueden ser sancionados con la pérdida de las ayudas, subvenciones y bonificaciones del Gobierno autonómico-.

Obviamente, eso solo ocurriría tras la instrucción de un expediente con audiencia al afectado, pero también sucedería "sin perjuicio" de que "de las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito se dará traslado al ministerio fiscal".

"Ni siquiera se trata de un argumento"

El dictamen de la secretaria, dirigido "a todos los concejales", recuerda que "para que exista responsabilidad penal ha de quedar demostrada la existencia de intencionalidad (dolo o culpa)" en quien vulnera la legislación.

Y, por último, sobre la "posible responsabilidad contable, en el caso de sanciones económicas al Ayuntamiento de Calatayud, de aquellos concejales que se opongan a dejar sin efecto el acuerdo de 1951", el informe anota que esa eventual consecuencia "vendría determinada" por "el perjuicio económico que causara la infracción administrativa o penal, y que en este caso vendría dada por la no percepción de subvenciones configurada como sanción".

El debate de la moción del PSOE tendrá lugar una semana después de que el consistorio recibiera un tercer requerimiento de la Consejería de Cultura para revocar la concesión de la medalla.

El reconocimiento "no se extingue si no se revoca", señala el documento, que anota que oponerse a retirarlo por considerar que la medalla era vitalicia "ni siquiera se trata de un argumento, aunque cabe reconocer su cualidad de simple".