Unos, tras dejar un cargo público, entran en la dirección de una gran empresa con sueldos con muchos ceros, y otros vuelven a su empleo anterior, pero, en algunos casos, se lo impiden. Esto último es lo que le ha sucedido a Alejandro Gutiérrez, a quien la empresa, en la que ha estado trabajando durante 18 años, le negó la readmisión después de haber dejado de ser concejal en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) y terminado, por tanto, el motivo de su excedencia forzosa.

Las puertas giratorias que conducen a algunos ministros, directores generales y otros altos cargos públicos hacia los despachos de grandes empresas privadas al acabar su mandato han dado esta semana el último giro vertiginoso: el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía ha sido contratado como director médico por una de las mayores compañías sanitarias del país, Asisa, tres meses después de haber dejado el cargo.

Otras puertas, sin embargo, no giran hacia grandes despachos, sino que se atrancan cuando termina la etapa pública. Alejandro Gutiérrez, de 45 años, se ha dado de bruces con esas puertas bloqueadas, que le han dejado sin empleo, sin sueldo, sin ni siquiera con la prestación del paro, porque la empresa para la que ha estado trabajando durante casi dos décadas le ha denegado la reincorporación al terminar la causa de la excedencia forzosa que solicitó en 2019: su elección como concejal en los comicios municipales de ese año, a los que se presentó como candidato a la alcaldía por la formación Adelante El Puerto, puesto que ya no renovó en las elecciones de 2023.

La empresa es el Grupo Comar, una de las mayores compañías del sector del juego en España, dueña de 23 casinos en nuestro país y en el extranjero, ocho bingos, 18 salones y 2.500 máquinas de apuestas, además de espacios culturales, salas de espectáculos y centros comerciales que suman una plantilla de más de 2.000 empleados. Alejandro Gutiérrez empezó a trabajar en uno de ellos, en el Casino Bahía de Cádiz, en El Puerto de Santa María, cuando tenía 27 años y fue ascendiendo hasta alcanzar la máxima categoría laboral: crupier A. "Nunca tuve una falta disciplinaria, ningún fallo en mi trabajo, fui, como se suele decir, un trabajador modélico", asegura a Público.

Pero también se implicó, y mucho, en la defensa de los derechos de los trabajadores del casino. Ha sido miembro de su comité de empresa durante 16 de los 18 años que ha estado trabajando, incluso ha sido su presidente, y un año antes de que pidiera la excedencia forzosa para desempeñar el puesto de concejal había estado a la cabeza de la organización de una huelga sin precedentes en el gigante español del juego.

Esa huelga, con bastante repercusión mediática, convocada en los casinos de León, El Puerto de Santa María y Madrid, el más importante del grupo, escoció mucho en la dirección de la empresa, según Alejandro Gutiérrez. "La organizamos -explica- porque teníamos el convenio caducado desde 2009 y las tablas salariales congeladas. Cobramos sueldos dignos por las propinas, pero las propinas no cotizan. Y nos pusimos en la puerta con una pancarta que decía Con nuestros salarios no se juega".

Los motivos para ser concejal

La lucha sindical le llevó luego a la política y se presentó como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2019, en las que su formación, Adelante El Puerto, integrada entonces por Podemos e IU, obtuvo tres concejales. Tras la toma de posesión como edil, Alejandro Gutiérrez solicitó en su empresa la excedencia forzosa en cumplimiento del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, que dispone su concesión por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, con derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. Y la empresa se la concedió.

"Me presenté a las elecciones porque, además de haber participado en la creación de Podemos y Adelante en El Puerto, veía que era otra forma de defender los derechos de los trabajadores y de luchar contra la corrupción. Para mí, era una forma de defender a la comunidad haciendo un servicio público", dice Gutiérrez, que hoy sigue en la política como portavoz de Adelante Andalucía en la provincia de Cádiz, la formación liderada por Teresa Rodríguez, aunque él ya no ocupa cargo público alguno.

Alejandro Gutiérrez fue portavoz de su grupo municipal en la oposición hasta que lo destituyeron, a raíz de la división que se produjo entre IU y Podemos, y luego lo nombraron portavoz del grupo de Adelante en la Diputación de Cádiz, corporación de la que podía formar parte por su condición de concejal de un municipio de la provincia. Pero en mayo de 2023, cuando se presentó de nuevo a las elecciones municipales, su formación no obtuvo ningún edil y ya no renovó el cargo público que le daba derecho a la excedencia forzosa en su empresa. Entonces, surgió el conflicto.

En agosto de ese año, la dirección del Casino Bahía de Cádiz le comunicó por escrito que rechazaba la petición de reincorporación, pese a haber sido notificada dentro de los 30 días hábiles naturales posteriores a su cese como concejal, tal como dispone el Estatuto de los Trabajadores. La empresa alega en el escrito que la solicitud de reingreso estaba "claramente caducada", porque, a su juicio, debió de haber sido notificada cuando Alejandro Gutiérrez fue dado de baja en la Seguridad Social por su cargo remunerado de portavoz del grupo municipal, en octubre de 2021, antes de ser nombrado portavoz del grupo de Adelante en la Diputación, momento en que volvió a ser dado de alta.

La empresa sostiene que Alejandro Gutiérrez desempeñó "diversos cargos políticos distintos al inicial objeto de concesión de la excedencia forzosa", aunque en ningún momento dejó de ser concejal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, cargo público para cuyo desempeño solicitó la excedencia forzosa en 2019 y que únicamente dejó de ocupar tras el resultado de las elecciones municipales de mayo de 2023.

"La excedencia no la conceden por un puesto, sino por el desempeño de un cargo público que yo no dejé de ocupar durante los cuatro años. El motivo de la excedencia no se interrumpió en ningún momento. No puedes ser diputado provincial si no eres concejal de un ayuntamiento. Y yo fui concejal de El Puerto todo el tiempo", subraya a este periódico Gutiérrez, que ha demandado a la empresa por un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, un juicio que tendrá su vista oral el próximo mes de junio.

Consecuencias de la actividad sindical

En su demanda ante el juzgado de lo Social, el trabajador alega que ha intervenido en "conflictos públicos y notorios" con la empresa, tanto en la negociación del convenio colectivo como de diferentes reclamaciones laborales. Además, aduce que en la fecha que se le comunicó la denegación de su reincorporación se habían iniciado los trámites para la renovación de la representación de los trabajadores, proceso del que le han apartado con su despido tras 16 años como miembro del comité de empresa.

"Esto es un castigo por haber denunciado a la empresa y por haber defendido con mi cargo público a los trabajadores en todos los conflictos laborales de la provincia de Cádiz, en la huelga del metal, en la huelga de la Panificadora Butrón o en la de las trabajadoras de la limpieza de los hospitales Puerta del Mar y de Puerto Real", afirma Gutiérrez.

Lo que casi primero se le viene ahora a la boca cuando habla de su despido es el fichaje del que era viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía por una de las mayores compañías de seguros y servicios sanitarios de España a los tres meses de dejar el cargo. "Es bastante injusto -dice- lo que han hecho conmigo, cuando, además, un viceconsejero de la Junta utiliza su cargo para favorecer a empresas que luego acaban contratándolo. Yo he utilizado mi cargo de concejal y diputado provincial para denunciar injusticia y violaciones de derechos laborales, y ahora me castigan por defender la legalidad".

Alejandro Gutiérrez asegura que ahora no tiene ningún ingreso económico, que sobrevive con lo que gana su pareja, porque, al haber sido desestimada su solicitud de reincorporación a la empresa, no cobra ni la prestación de desempleo por un despido. "Me siento desvalido -afirma-, viendo que las empresas tienen el poder para mandar a alguien a la calle sin justificación alguna. Y lo peor es el mensaje que quieren mandar, que no te metas a defender los derechos de los trabajadores, porque eso, como en mi caso, tiene consecuencias".

Pese a todo, el portavoz de Adelante Andalucía en Cádiz dice no arrepentirse de lo que ha hecho, de haber dejado por un tiempo su trabajo -que ahora ya no tiene- para ocupar un cargo público. "Lo mejor -recalca- es tener la conciencia tranquila, dormir tranquilo. He podido hacer propuestas para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas de El Puerto, he denunciado corruptelas en el municipio. Y con eso me quedo, con haber hecho un servicio público, al servicio de los demás".