Dos colegios del Opus Dei de Zaragoza que segregan a sus alumnos por sexo, Montearagón y Sansueña, que respectivamente no aceptan a niñas ni a niños en sus aulas a partir de Primaria, llevan seis años recibiendo alrededor de dos millones de euros del Gobierno de Aragón por unos conciertos educativos que en la práctica no prestan, lo que convierte ese dinero en ganancias limpias tras detraer los gastos de los pleitos en los que los acaban obteniendo.

Y así van 24 años, desde que la comunidad recibió la transferencia de las competencias en materia de enseñanza y con independencia de que hayan formado parte de las sucesivas coaliciones de Gobierno PSOE, PP, PAR, Podemos o Chunta Aragonesista, ya que la dinámica siempre ha sido la misma: la consejería deniega el concierto y, años después, los tribunales le condenan a pagar ese dinero al declarar improcedente la decisión.

Entre los cursos 2014/2015 y 2019/2020, el Gobierno de Aragón ha sido condenado a pagar a esos dos colegios 11.076.403 euros como consecuencia de los pleitos, una cifra de la que Educación tiene pendiente de pago 2.518.955: 116.608 euros del curso 17/18, 1.395.553 del 18/19 y 1.006.794 del 19/20.

A las dos últimas cifras hay que añadirles recargos cuya cuantía ya se acerca al medio millón de euros, ya que los retrasos en la liquidación se penalizan con unos intereses anuales del 3,75%.

Otros dos recursos pendientes de sentencia

Esas cifras arrojan una horquilla de entre 1,39 y 2,004 millones de euros anuales sin incluir los intereses, según consta en la respuesta del Gobierno de Aragón a una solicitud de información de IU.

Su diputado, Álvaro Sanz, se había interesado por los "importes abonados en los últimos 20 años en cumplimiento de sentencias judiciales e importes pendientes de abonar por sentencias no firmes, apelando a la libertad de enseñanza y a la obligación de las instituciones de financiarla, para conciertos educativos con colegios que segregan a los alumnos en función de su género".

Sin embargo, el ejecutivo autonómico limita la respuesta a los últimos ocho cursos, que son aquellos cuyo desarrollo coincide con el de las legislaturas de la presidencia de Javier Lambán.

Falta por añadir a esa cifra el resultado de los pleitos abiertos por las denegaciones de los cursos 2020/2021 y 2021/2022, para los que "no se ha dictado sentencia en los correspondientes procedimientos judiciales", señala el consejero de Educación, Luis Faci, en la respuesta, lo que apunta a un desfase de entre dos y tres años entre los pagos y la fecha en la que los centros del Opus deberían haber comenzado a prestar el concierto.

"La concertada debería ser subsidiaria de la pública"

"Es una barbaridad y una aberración democrática. Se están pagando a colegios que segregan unos conciertos que no son necesarios para prestar el servicio público de educación y mientras tanto estamos cerrando aulas en la pública", indica Sanz, que considera que "si el Gobierno de Aragón acaba descartando esos conciertos es porque no son necesarios para prestar el servicio público de enseñanza, pero al final acaban primando otros intereses".

"La enseñanza pública necesita recursos para no depender de la concertada, que debería ser subsidiaria", señala, aunque la práctica va por otros derroteros.

"La dotación presupuestaria para los conciertos ha crecido un 16% en esta legislatura" en Aragón, donde la partida para esa finalidad ha pasado de 158,9 millones a 184,48 en cuatro años, explica, al mismo tiempo que "este año se han cerrado 17 aulas en la pública en zonas de Zaragoza ciudad en las que hay conciertos educativos."

Los argumentos de los tribunales

En cualquier caso, todo apunta a que en al menos uno de los dos asuntos que quedan por ventilar se repetirá la tradicional condena al Gobierno de Aragón por denegar los conciertos educativos a los dos únicos centros que segregan al alumnado por sexo en la comunidad, algo que no ocurre en los otros 96 concertados.

La base argumental de las sentencias suele girar en torno a la "falta de motivación" de las decisiones por parte de la consejería de Educación, a lo que en ocasiones se añaden las supuestas obligaciones de las
administraciones de "prever los mecanismos adecuados para que puedan coexistir dos tipos de enseñanza, la pública y la privada, de todo tipo de inspiración moral, política o religiosa", tal y como sentenció hace unos años el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y de garantizar la posibilidad de elegir a las familias.

"Todos los años se les deniega, todos los años recurren y todos los años los tribunales resuelven que habría que haberles aprobado el concierto", vienen señalando a Público fuentes de la Consejería de Educación en distintas consultas sobre este asunto.

El escenario cambia con la 'Ley Celáa'

Otra cosa es lo que pueda ocurrir con el pleito del curso 2022/2023, en el que los motivos para la denegación del concierto fueron la ausencia de "experiencias que hayan sido valoradas como de interés pedagógico para el sistema educativo" en su oferta educativa y el hecho de no atender a "población escolar de condiciones socioeconómicas desfavorables", a lo que se suma un 'sobrante' de 203 plazas vacantes en catorce centros públicos y concertados de la zona en la que se encuentran.

A eso se le suma una referencia al "incumplimiento de los requisitos y/o criterios contemplados en la legislación vigente", en referencia a la nueva disposición adicional vigesimoquinta de la Ley de Educación, que establece que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas (...) y no separarán al alumnado por su género".

Esta novedad legislativa, introducida en la normativa con el objetivo declarado de "favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", entró en vigor el 19 de enero de 2021, con lo que afectaría a la resolución referente al curso 2021/2022 y también a la del 2022/2023, fechada a finales de septiembre de este año.

La respuesta del consejero Faci a IU no recoge que haya en curso ningún procedimiento judicial por esta última cuando han pasado algo más de dos meses desde la resolución que, por vigesimoquinto año consecutivo, denegaba los conciertos educativos a los dos colegios.