El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha generado una oleada de preocupación y descontento en el colegio e instituto Ramiro de Maeztu tras su reciente decisión de abrir una Escuela Europea Acreditada (EEA) dentro de sus instalaciones. El proyecto, destinado principalmente a las familias de funcionarios europeos, se ha gestionado con una opacidad que ha dejado a la comunidad educativa en el limbo y a las familias en pie de guerra. 

Una Escuela Europea Acreditada (EEA) es un centro educativo que sigue los estándares establecidos por el Sistema de Escuelas Europeas. Esta red está diseñada para proporcionar una educación que permita a los hijos de funcionarios de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales seguir un currículum uniforme, garantizando que puedan trasladarse entre diferentes países sin interrupciones significativas en su educación.

En España, existen actualmente dos tipos de instituciones vinculadas al Sistema de Escuelas Europeas: las Escuelas Europeas oficiales (la única que hay está ubicada en Alacant) y las Escuelas Europeas Acreditadas (estas son escuelas nacionales públicas o privadas que han obtenido una acreditación para seguir el currículum europeo). Hasta la fecha, no se había implementado ninguna otra Escuela Europea Acreditada en el país hasta la reciente iniciativa en el Ramiro de Maeztu, lo que haría de esta una de las primeras de su tipo. 

Mario Cordero Benito, padre y exalumno del Ramiro de Maeztu, explica a Público cómo todo comenzó sin previo aviso en abril de este año. "El 24 de abril, en un Consejo Escolar, anunciaron la intención de implantar una EEA aquí. Nadie sabía de qué se trataba y al principio no se le dio mucha importancia. Fue solo al investigar más cuando nos dimos cuenta del plan que se estaba gestando con total opacidad. La Comunidad de Madrid había comenzado a solicitar la acreditación de la escuela en 2022, sin consultarnos", cuenta el portavoz de las familias de la escuela.

Desde entonces, la frustración de los padres y madres ha ido en aumento. Las familias no fueron informadas adecuadamente y se encontraron con un proyecto ya en marcha, sin haber tenido la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones. Ello ha provocado que se sientan relegados, despachados a un segundo plano, viendo cómo sus opiniones y necesidades han sido ignoradas.

"No caben todos"

Uno de los mayores problemas que enfrenta esta iniciativa es la falta de espacio. El colegio ya está al borde de la saturación, y la idea de añadir seis nuevas aulas, como pretende el proyecto, parece inviable. "No sabemos cómo van a meter esas clases en un colegio que ya está al límite de su capacidad. Simplemente, no caben todos", reprocha Cordero. Además, el edificio del Ramiro es un bien de interés cultural, protegido por su valor histórico, lo que complica aún más cualquier intento de ampliación de las infraestructuras.

La comunidad educativa también teme que la nueva escuela de élite, que comenzará a funcionar en septiembre, merme la calidad de la enseñanza de este colegio e instituto, y perjudique la oferta pública en el distrito. Las dudas sobre cómo se gestionará el espacio también son grandes y la promesa de una inversión significativa para adecuar el centro es vista con escepticismo.

Desde la Consejería de Educación explican a Público que los docentes serán "funcionarios públicos que podrán optar a incorporarse a la plantilla en función de su especialización y nivel lingüístico para la impartición de las materias de acuerdo con los requisitos establecidos por el propio sistema EEA y conforme a la regulación de la Comunidad de Madrid".

La indignación ha llevado a que tanto familias como profesores se organicen y convoquen movilizaciones y protestas. En la misma línea, Esteban Álvarez, responsable de Educación en el PSOE de Madrid, ha criticado duramente la falta de transparencia y la mala gestión del Gobierno regional. "No se puede ni se debe gestionar la educación sin tener en cuenta a la comunidad educativa. La Lomloe requiere la aprobación del Consejo Escolar para iniciativas como esta, y aquí no se ha seguido ese procedimiento", afirma Álvarez.

El Gobierno de Ayuso ha intentado tranquilizar a las familias asegurando que las reformas y la reorganización beneficiarán a todo el alumnado, "se podrá matricular cualquier alumno, si bien tendrán prioridad estos escolares procedentes de la UE". El Ejecutivo pone de relieve el "enriquecimiento cultural", pero las palabras no convencen a quienes ven en esta maniobra una nueva amenaza a la educación pública.