El Ministerio de Vivienda ha presentado este martes el real decreto con el que pretende "perseguir el fraude" y regular los alquileres temporales, turísticos y de habitación. Los inmuebles tendrán que pasar por un registro previo, "que permitirá identificarlos con un código alfanumérico y geolocalizarlos en todo el territorio de la UE", según fuentes del Ministerio. Los propietarios, sin esta referencia, no podrán comercializar sus viviendas en las plataformas online. El anuncio responde a un compromiso con Bruselas que todos los países miembros deben cumplir antes de mayo de 2026. España será "pionera" y las medidas, programadas en un principio para finales de 2025, entrarán en vigor con el cambio de año.

Los caseros tendrán que justificar, además, la causalidad de los alquileres de temporada. "Esto es prácticamente imposible sin una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que está por encima del real decreto. Es una cuestión de jerarquía jurídica. La causalidad, de todos modos, no viene definida en ningún sitio. El Gobierno está apostando por transponer una directiva europea que no está pensada para controlar los alquileres de temporada", advierte Víctor Palomo, abogado en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

Vivienda, sin embargo, insiste en definir el real decreto como un "instrumento muy potente" para detectar irregularidades e incumplimientos de la normativa. Los propietarios de inmuebles con un contrato de corta duración tendrán que "renovar" los códigos de identificación cada 12 meses y presentar un listado con todas las operaciones de alquiler firmadas durante el año anterior. "Los registradores de la propiedad comprobarán que efectivamente existe una sucesión de contratos con diferentes personas", señalan desde el Ministerio. En caso de identificar una "continuidad de contratos encadenados con el mismo inquilino", para esquivar las garantías de la LAU, los arrendadores podrían enfrentarse a sanciones administrativas.

Este es uno de los puntos que más debate ha generado entre los colectivos sociales y los socios de Gobierno. El reglamento no contempla nuevas sanciones más allá de las que recoge la Ley de Consumidores y Usuarios y las que establecen las comunidades y entidades locales. "El Estado tiene margen competencial, no puede esconderse tras los gobiernos autonómicos ni mucho menos sobrecargar a los ayuntamientos con más burocracia. La situación es límite y un real decreto no puede limitarse a recoger estadísticas de lo que existe legalmente", denuncia Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar y portavoz de Vivienda del grupo en el Congreso.

Los alquileres de temporada que no tengan una causalidad justificada –laboral, médica o académica– no podrán ofertarse en Internet. Las plataformas tendrán que exigir siempre esta referencia y comprobar posteriormente su validación en la Ventanilla Única Digital, gestionada por el Ministerio de Vivienda. Fuentes de la cartera que dirige Isabel Rodríguez, preguntadas por las operaciones que escapen al comercio digital, responden que actualmente es "extraño" que "las inmobiliarias no tengan también plataformas de alquiler online".

Un "portal web" para inscribir los pisos turísticos

El Ministerio avanza que, con la Ventanilla Única Digital, será "imposible" alquilar online un piso turístico que incumpla la normativa. Los propietarios tendrán que solicitar su código de verificación a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores y las plataformas no sólo deben exigir esta referencia, sino que también tienen que mostrarla de manera visible en los anuncios. Vivienda ha prometido "tiempo y asesoramiento" y destacó la "excelente colaboración" de las plataformas, "aliadas imprescindibles" durante todo el proceso. El real decreto, sin embargo, no contempla sanciones concretas para los arrendadores que infringan las normas.

"Estamos ante una nueva cortina de humo. Este registro no va a tener ningún efecto, porque no se trata de una regulación. Es un trámite burocrático para fiscalizar el control de los alquileres turísticos y de temporada. El fraude es muy corriente y la falta de alternativas empuja a las clases trabajadoras hacia este tipo de contratos. Lo lógico sería eliminarlos", defiende Marina Parés, portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. El Gobierno pretende que los alojamientos que vulneren la normativa vigente –salidas al exterior, ventilación– no reciban su código alfanumérico y, por tanto, no puedan acceder al mercado. 

Los sindicatos de inquilinas de todo el país presentaron en septiembre una proposición de ley para regular los alquileres turísticos y de temporada. Los votos en contra de PP, Vox y Junts impidieron la admisión a trámite de la iniciativa. "Cuando fuimos al Congreso, vimos que [los partidos] no querían una modificación de la LAU. Lo lógico sería prohibir los más de 350.000 pisos turísticos que operan en España, porque si reconocemos la situación de emergencia habitacional, no podemos permitir que haya viviendas que no se dediquen a fines residenciales. Esta Ventanilla terminará siendo un portal web sin ninguna aplicabilidad, una cuestión puramente informativa y voluntaria", lamenta Víctor Palomo. 

El Ministerio confía en su eficacia para "lograr un intercambio de datos transparente, en tiempo real" y destaca la implicación de una larga lista de actores: plataformas, propietarios, registradores de la propiedad, entidades locales, gobiernos autonómicos e incluso comunidades de vecinos, que tendrán la última palabra para decidir "si quieren en sus fincas alojamientos turísticos". Los sindicatos de inquilinas denuncian haberse quedado fuera de las negociaciones y cuestionan la "imparcialidad" del grupo de asesores que creó Vivienda, con una "representación desigual" en favor de la patronal y los empresarios. 

"La propuesta del PSOE ni tiene régimen sancionador, ni pone herramientas para limitar y prohibir los apartamentos turísticos en las zonas masificadas. Lo único que propone es un listado para saber cuántos pisos turísticos hay en España. El real decreto es pobre y no tendrá nuestro apoyo en estos términos, porque no atiende a las necesidades del momento", subrayan desde Sumar. El Ejecutivo, no obstante, puede sacarlo adelante de todos modos porque, al ser un real decreto, no necesita pasar por el parlamento. "La directiva europea prevé y recomienda sanciones, pero para eso tendría que aprobarse en el Congreso, cosa que no va a ocurrir", continúa Víctor Palomo. 

Los bonos para el alquiler, otro parche sin soluciones

Esta no es la primera reacción del ala socialista del Ejecutivo tras las movilizaciones del fin de semana. Pedro Sánchez anunció este lunes nuevas medidas para combatir el "drama" social de la vivienda: "Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para bonos jóvenes de alquiler". Los sindicatos han criticado la propuesta y acusan al Gobierno de "favorecer el rentismo" y garantizar los beneficios de los propietarios, cuando "deberían limitar los precios" y "proteger a las clases trabajadoras". 

"Los bonos para el alquiler pueden mitigar el problema a corto plazo, pero no van a solucionarlo, de hecho, pueden traer consigo un efecto inflacionista –sin el control exhaustivo del Ministerio y las comunidades–. La solución pasa por transformar legislaciones y planes, hace falta intervención pública", señala Jesús González, catedrático de Geografía y director de la cátedra de estudios urbanos en la Universitat de Illes Balears. Los activistas consideran que las ayudas que propone el Gobierno "se dirigen realmente a los rentistas" y tachan el anuncio de "insuficiente". 

La medida de los cheques para inquilinos jóvenes llegó como una especie de acción-reacción tras la "gran manifestación" del domingo. Estos "bonos", sin embargo, llevan sobre la mesa desde el pasado 3 de octubre, cuando Vivienda anunció un acuerdo con las comunidades para reeditar las ayudas al alquiler, como ya hizo el Ejecutivo en 2022 y 2023. Los socios de Gobierno consideran que la iniciativa es "pobre" y no responde a las necesidades de la población. "El PSOE no puede improvisar y reciclar parches que se sabe que no funcionan. La aprobación del bono joven sin topar los precios es una transferencia de rentas de la gente empobrecida a los caseros y fondos buitre", ha explicado Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar y portavoz de Vivienda de la formación en el Congreso.

La propuesta tampoco ha sido bien recibida por ERC, EH Bildu y Podemos. Los republicanos han defendido que "un bono joven de alquiler sin regular el precio del alquiler es un sorteo que depende de la buena fe de los caseros". Los abertzales, en la misma línea, explicaron que "la medida, por sí sola, no tendrá efectos positivos si no va acompañada de otras disposiciones como el tope de precios". La formación morada ha acusado al Ejecutivo de situarse "del lado de los rentistas" y de no haber tomado medidas para frenar la especulación.

Alba Agraz, coordinadora del Área de Trabajo y Vivienda del think tank Ideas en Guerra, también cuestiona los anuncios del PSOE. "Los rentistas van a aprovechar estos bonos como una oportunidad para subir –todavía más– los alquileres. Es una medida ineficiente. Lo único que se puede hacer para sofocar esta situación es intervenir el mercado, limitando los precios y plantando cara a los grandes tenedores", señala. Los activistas, preguntados por las necesidades del resto de la población, responden de manera tajante: "El drama de la vivienda afecta a jóvenes y no jóvenes, migrantes y no migrantes, trabajadores y pensionistas. Es un problema transversal y no se soluciona con políticas sectoriales".