Las ciudades que quieren ser las garantes de los derechos humanos

Coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Barcelona acoge lunes y martes la Conferencia Internacional Cities For Rights, organizada por el área de Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia del Ayuntamiento. A pesar de los mecanismos de garantía, la tarea de los movimientos sociales y la lucha ciudadana, en los últimos años ha habido una regresión de derechos en el ámbito global. Ante este escenario, el espacio urbano quiere ser un nuevo espacio político y promover espacios de libertad, desarrollo y acogida.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y encargada de dar el pistoletazo de salida en el congreso, ha querido celebrar los 70 años de la Declaración, pero ha reivindicado el compromiso de continuar trabajando en la defensa de los derechos humanos y no ser autocomplacientes. "En Europa se violan sistemáticamente los derechos humanos, empezando por su política de fronteras. Desde aquí reafirmamos el derecho a la no indiferencia, puesto que la vulneración de los derechos de una sola persona implica la vulneración de derechos de cualquiera de nosotros".

La alcaldesa ha mencionado los populismos, la xenofobia y la extrema derecha como las grandes amenazas en el mundo y principales causantes de la regresión de derechos. "El discurso machista, racista y homófobo se muestra útil para ganar votos. La extrema derecha, que fomenta el discurso del miedo y el odio, presenta los vulnerables como responsables del colapso del estado de bienestar, cuando los verdaderos responsables de todo son aquellos que continúan acumulando riquezas".

Las ciudades como contrapoder global

Ante el auge de la extrema derecha, las ciudades quieren presentarse como un nuevo contrapoder global. Lorena González, primera regidora de origen latino en Seattle, en los Estados Unidos, ha explicado la experiencia pionera que se está llevando a cabo en la ciudad norteamericana: un bonus de defensa social para aquellos migrantes que tienen que hacer frente a la deportación. "Hay un presupuesto de un millón de dólares, que pronto será de dos, para que la comunidad migrada pueda tener derecho a la ayuda de representantes legales y permanecer en el país. Hemos constatado que cuando la gente tiene defensa legal, las posibilidades de quedarse en el país aumentan considerablemente".

Esta medida se puso en marcha tan solo cuatro meses después de que Donald Trump asumiera la presidencia, puesto que Seattle es el epicentro de la resistencia a su gobierno. "Desde el Ayuntamiento fomentamos el apoderamiento de nuestras comunidades para luchar contra la administración Trump". Lorena González destaca la lucha ensañada que tienen que hacer desde el Ayuntamiento contra las fake news, un ámbito en el cual están invirtiendo mucho tiempo y dinero.

En Seattle hay un presupuesto de un millón de dólares para hacer frente a las deportaciones de Trump

Uno de los países europeos donde primero despuntó la extrema derecha, con el ascenso de Amanecer Dorado, fue Grecia, donde el 2015 empezaron a llegar muchas personas provenientes de Siria que huían de la guerra. Lefteris Papagiannakis, teniente de alcaldía al Ayuntamiento de Atenas y encargado del área de migración y refugio de la ciudad, apunta directamente a los gobiernos europeos. "De los 68,5 millones de desplazados, sólo tres han llegado a la Unión Europea. Si en Europa no podemos gestionar esto, que haremos cuando el cambio climático golpee?". Papagiannakis ha reconocido que el 2015, cuando empezaron a llegar los refugiados, ni Atenas ni Grecia estaban preparadas para ofrecer una acogida en condiciones, pero a través del ofrecimiento de servicios básicos han podido crear una red de solidaridad que hoy en día cuenta con la colaboración de más de 95 entidades, entre ellas las Naciones Unidas.

Pacto Mundial sobre la Migración: países que no signan, ciudades que sí lo hacen

El Cities for Rights coincide con la celebración paralela, en Marrakech, de la firma del Pacto Mundial sobre la Migración, el primer acuerdo negociado de carácter intergubernamental que aborda de manera integral todas las dimensiones del fenómeno migratorio. El documento, heredero de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes de 2016, será adoptado entre hoy y mañana por más de 150 países, entre los cuales, por ejemplo, no hay Italia. Sin embargo, algunas de las ciudades italianas se han adherido al pacto.

Es el caso del Ayuntamiento de Nápoles, que ha decidido hacer frente a la Ley Salvini -en honor al ministro del Interior y líder de la Liga- creando el laboratorio Nápoles. La ley Salvini, aprobada a finales de noviembre con la oposición de su socio de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas (M5E), limita la protección de los refugiados y hace desaparecer el sistema de acogida. La nueva ley sustituye los permisos de residencia humanitarios, que hasta ahora tenían una validez de dos años, por permisos temporales, entre otras medidas que violan tanto la Constitución italiana como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Ayuntamiento de Nápoles no tiene previsto seguir la llamada Ley Salvini y Alessia Piccirillo, regidora del Ayuntamiento, asegura que en la ciudad se continuará trabajando en la acogida de las personas que lleguen y acogiéndose al principio humanitario, a pesar de "no ser una tarea fácil".

Para minimizar la entrada de extranjeros al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona franca, uno de los mecanismos que se ha puesto en marcha recientemente en Barcelona es el Documento de Vecindad, impulsado por el Ayuntamiento, que acredita la integración de una persona mediante su padrón y la valoración del grado de integración para evitar que las personas migrantes ingresen al CIE.

Preocupación por el ascenso de la extrema derecha

Durante la primera sesión del Cities For Rights, todos los participantes se han mostrado preocupados por el ascenso de la extrema derecha y la proliferación del discurso del miedo y el odio. "Detrás del discurso del miedo hay las políticas de recortes y de austeridad", ha dicho Jaume Asens, teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona. Citando Albert Camus y Hannah Arendt, ha hecho una retrospectiva histórica para advertir de los peligros que puede haber detrás del deterioro de la convivencia provocado por el discurso de la extrema derecha y ha puesto el énfasis en el peligro que corre la comunidad musulmana en el país, blanco de la derecha española. "Citando Bertolt Brech, detrás de un fascista hay un burgués atemorizado", ha dicho y ha destacado las pequeñas victorias que se pueden llevar a cabo contra el fascismo desde el municipalismo, como el cierre de la librería Europa, un espacio de exaltación nazi. "Sin embargo, no hemos podido conseguir que partidos cómo ERC o el PSC condenaran el discurso de la derecha en el caso de los manteros, por ejemplo".

También es de esta opinión Papagiannakis, quien asegura que: "El fascismo y la extrema derecha no solo se tiene que combatir en las calles, también se tiene que hacer desde las instituciones (...) Cuando Alba Dorada decidió hacer reparto de alimentos solo a griegos y griegas de nacimiento, desde el Ayuntamiento lo paramos".

Después de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre y la entrada del partido fascista Vox en las instituciones, se ha escuchado con especial atención la intervención de Ana Fernández, tenienta de alcaldía al Ayuntamiento de Cádiz, ciudad donde Adelante Andalucía (Podemos e IU) fue la fuerza más votada. "Algo se está haciendo bien en Cádiz si tenemos en cuenta que el éxito de Vox ha sido residual, para no decir inexistente. En Cádiz hacemos política para todos y todas, tengamos o no las competencias, entendiendo el municipio como una herramienta de cambio y garante de derecho. Y este ha sido nuestro éxito".

Las conferencias y los talleres, que se están llevando a cabo en el CCCB continuarán mañana con la intervención de diferentes agentes de la sociedad civil que trabajan tanto en la teoría como en la práctica para hacer de las ciudades los garantes de derechos individuales y colectivos. En diciembre de 1998 ya se celebró en Barcelona la I Conferencia Europea de Ciudades por los Derechos Humanos. Aquel año, más de 70 ciudades se reunieron para hablar de municipalismo y en aquel encuentro se adoptó la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos de la ciudad, un compromiso político internacional de derechos humanos con carácter jurídico y vinculando que tenía como objetivo activar los mecanismos de garantía de los derechos mediante los mecanismos municipales.