“El Gobierno nos condena a la ilegalidad”, “vergüenza” o “no más maltrato institucional” son algunos de los gritos que ha podido escucharse este viernes en la puerta de la Oficina de Extranjería, en la calle Silva de Madrid. Allí se han concentrado varias decenas de personas migrantes para exigir a la Delegación del Gobierno en Madrid que les facilite citas previas para poder tramitar la documentación que necesitan para poder desarrollar aspecto básicos de su vida como trabajar, cobrar el paro o matricular a sus hijos en el colegio.

No se quejan de los requisitos y la enorme burocracia para tramitar o renovar sus permisos de residencia, que también, sino de algo mucho más simple. Sólo quieren que alguien les diga el lugar y la hora al que tiene que acudir con sus papeles para poder ejercer su derechos. Según denuncian, desde hace más de un año, el sistema para pedir la cita previa para realizar cualquier trámite, entregar documentación o renovar los permisos de residencia es telemático, a través de Internet, pero hace mucho tiempo que tienen serias dificultades para conseguir una.

“Antes venías a la oficina, esperabas y te daban la cita presencialmente. Ahora es imposible, no las dan y así no podemos vivir”, lamenta Salah En-Amerouni, ciudadano marroquí de 34 años cuyo permiso de residencia de dos años ha caducado hace varios meses. “He recorrido todas las oficinas de Extranjería de Madrid y hay forma. Estoy desesperado”, afirma, apoyado sobre dos muletas tras una operación que le mantiene aún de baja.

En-Amerouni está casado con una ciudadana española y es padre de un niño de 12 años, también con nacionalidad española. Por eso tiene un permiso de residencia y de trabajo que, ahora, no consigue renovar. Pero no porque no reúna los requisitos, sino porque, simplemente, nadie le atiende. “Tengo todos los papeles, voy a las oficinas con ellos pero no sirve de nada sin cita”, explica. Por eso, En-Amerouni es un inmigrante en situación irregular desde hace seis meses. “Y sigo sin tener cita. Me da miedo salir a la calle porque la Policía me puede detener y me puede deportar a Marruecos. Me estoy volviendo loco con esta situación. Me entran ganas de llorar sólo con explicarlo”, dice, con los ojos ya empañados.

A su lado, Chibueze Nicholas se muestra sorprendido con la concentración. “No sabía que había nada organizado. Yo había venido hoy a la oficina a liarla hasta que me dieran un cita”, reconoce este nigeriano de 40 años, con un enfado que a nadie podría sorprender dada su situación. Lleva meses intentando conseguir su turno para renovar su tarjeta de residencia. “No lo he conseguido y ha pasado el plazo para renovar”, se queja. Las consecuencias han sido tan drásticas para él que ahora está viviendo en un albergue. “Sin la tarjeta no he podido volver a trabajar. Me he quedado sin trabajo. Pero tampoco puedo solicitar el paro por la misma razón. No tengo ingresos y no puedo pagar el alquiler”, argumenta mientras muestra su ya inservible tarjeta de residencia y golpea contra ella sus papeles.

Hace 14 años que llegó a España y nunca ha tenido antecedentes ni problemas, enfatiza Nicholas. “Llevo nueve años cotizando y trabajando, y ahora, por este trámite tan simple, estoy en un grave problema, esto ilegal”, añade. Recientemente se divorció y el juez ha establecido que tiene que pagar la manutención de su hijo. “¿Cómo voy a pagar si no puedo hacer nada? Es una situación indigna. Me conozco ya todas las oficinas, pero es misión imposible. No pedimos ninguna ayuda ni ningún subsidio, sólo queremos que alguien nos atienda para renovar los permisos”, sostiene.

"Sin cita no hay derechos", gritan los migrantes en la Oficina de Extranjería de Madrid.- JAIRO VARGAS

Reventa de citas a 50 euros

Tanta es la desesperación de estas personas que hay quien está dispuesto a rentabilizarla, prometiendo citas rápidas que ellos han obtenido previamente, o abogados sin demasiados escrúpulos que ofrecen sus servicios para ahorrarse este trámite interminable. “Es común, a mí me han ofrecido comprar la cita. Un conocido me dio un par de números de teléfono de abogados. Llamé a uno y me pedía más de cien euros. Se supone que pedir cita es un derecho gratuito”, sostiene Nichola.

Alberto Borda, de la Asociación Apoyo, también denuncia esta circunstancia. “En Internet, con una búsqueda rápida, aparecen un gran número de gestores que ofrecen estas citas a cambio de dinero. Ese mercadeo de citas no habría emergido si estas personas pudieran acceder al sistema”, desgrana.

Según este activista, entre los trámites más comunes que requieren de esta están la solicitud de permisos de residencia por arraigo, la inscripción de menores, la solicitud de permisos para estudios o prácticas, la reagrupación familiar o las renovaciones de permisos. “Son aspectos esenciales y estas personas tienen ahora mismo si vida paralizada con consecuencias nefastas”, resume. “Son personas que no pueden ejercer sus derechos por un bloqueo administrativo que nadie explica. No sabemos por qué se dan tan pocas citas, pero parece evidente que, si no ha aumentado el número de solicitantes y si hace algo más de un año el sistema iba más o menos bien, hay una intención de dificultar los trámites necesarios para su integración en la sociedad”, advierte.

Gilma Martínez, durante la protesta por la falta de citas para realizar trámites de Extranjería.- JAIRO VARGAS

A Gilma Martínez, hondureña de 40 años que ha conseguido recientemente la nacionalidad española, le urgía tanto conseguir una cita para que sus hijas pudieran seguir estudiando en la universidad, que decidió pagar por ella. “Lo ofrecían en un locutorio, me costó 50 euros, porque pedí una urgente. Una normal la venden por 30 euros. Ellos están todo el día metidos en la web, saben cuándo hay citas y cuándo se acaban”, explica. Pero de poco le sirvió.

Lleva 16 años en España, trabajando en el servicio doméstico, “muchas veces sin contrato y sin cotizar a la seguridad social. Por eso me costó tanto conseguir papeles”, afirma. Sus hijas llegaron a España siendo menores y, gracias a los permisos de su madre, consiguieron la tarjeta comunitaria de residencia. Ahora han cumplido los 18 años y sus permisos de residencia ya no dependen de los papeles de Martínez. “Tienen que tramitar ellas sus propios permisos y, para eso necesitan citas, pero es muy difícil”, insiste. Cuando decidió pagar, tuvo que esperar tres meses hasta que su hija pudo acudir a la ventanilla para comenzar los trámites. “Le faltó un papel. Iba a hacer prácticas en una empresa, pero se confundieron en un documento y no pudo realizar el trámite. Ahora tiene que volver a esperar durante meses a conseguir otra. Va a perder las prácticas”, ilustra, desesperada.

Desde la Delegación de Gobierno en Madrid reconocen a Público la existencia de “dificultades”, aunque no han podido precisar las razones por las que estos ciudadanos, con todos sus papeles en regla, se ven en esta espiral que les priva de lo más básico.

Según Borda, la única medida que Delegación del Gobierno había tomado llegó el jueves. “Publicó una nota informando de que iba a habilitar dos horarios para pedir cita para solicitar el arraigo”, sostiene. Sería a las 12.00 horas y a las 20.00 horas. De este modo, exponía el Gobierno, se evitaba que la gente tuviera que estar entrando en la web a todas horas para probar suerte y se lograría mitigar la reventa de citas. Al mediodía de este viernes, ha explicado Borda, tan sólo uno de los migrantes concentrados pudo empezar el trámite a través de la web. Ni siquiera pudo concluirlo con éxito.