Unas 500.000 personas esperan que el Gobierno de España ponga voluntad y resuelva sus permisos de residencia, mientras el movimiento por la regularización de migrantes pelea por conseguir las firmas necesarias para lanzar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) que abra este debate. 

En este contexto, la Fundación porCausa esgrime cinco motivos de peso por los que actuar y regular la situación de estas personas. Mientras la extrema derecha esgrime sus opiniones como si fueran argumentos contrastados, los datos muestran que regular a este medio millón de migrantes sería lo más apropiado para España. Aunque hay motivos éticos y humanitarios que priman por encima de cualquier otra razón.

En su informe titulado Cinco buenas razones para aprobar una regularización
extraordinaria de migrantes sin papeles, PorCausa pretende lanzar argumentos a favor de la regularización de estas personas que llegan a España en busca de un futuro más próspero y menos violento.

1. Un desafío demasiado grande para ser ignorado

Algo así como toda la población de Córdoba y Granada, unas 500.000 personas, transitan España de forma irregular. Esta organización entiende que un conflicto demasiado grande como para no intervenir desde la política. 

En torno al 14% de los migrantes extracomunitarios que viven en España se encuentran en situación administrativa irregular. La composición de este colectivo muestra una mayoría amplia de latinoamericanos (solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos), con preeminencia de mujeres, jóvenes y con niños, asegura este informe.

2. Es lo decente

Al margen de medidas económicas o políticas, el sentido del deber prima en este contexto. Lo decente es dar solución a este problema. 

La irregularidad constituye un poderoso factor de vulnerabilidad y un determinante de los derechos más básicos de las personas. Impide el adecuado acceso a la justicia para las víctimas, limita el derecho a la salud y la educación, multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza y deja al trabajador desprotegido frente a la explotación.

Una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la de los nacionales. La tasa de riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%; para
los hogares españoles, esta tasa es del 20%.

3. Beneficia al conjunto

Al contrario de las proclamas de la derecha, en realidad la regularización de este medio millón de personas sería beneficioso para el conjunto de la sociedad, 

Los trabajadores y trabajadoras en la irregularidad pagan impuestos indirectos a través de su consumo. Sin embargo, el empleo en la economía sumergida les impide realizar aportaciones fiscales directas a través del impuesto sobre la
renta y las contribuciones sociales.

"Nuestra estimación sugiere que una regularización incrementaría la aportación fiscal neta media de cada inmigrante regularizado en más de 3.500 euros
por año. Los programas de regularización tienen el efecto económico añadido de impulsar el consumo agregado y, por extensión, el conjunto de la actividad económica y la creación de empleo", sostiene la organización PorCausa en su informe. 

4. Fortalece la seguridad sanitaria

Vivir en la irregularidad también es un factor de alto riesgo epidemiológico. La población migrante sin papeles se encuentra entre los potenciales grupos de alto riesgo por las vulnerabilidades sanitarias previas, incluyendo la prevalencia de enfermedades. 

"Una buena política de salud pública se ve lastrada por una mala política migratoria. La regularización de los trabajadores sin papeles y sus familias es una vía eficaz de reducir el impacto sanitario y socioeconómico de las enfermedades, empezando por la covid-19", sostiene PorCausa, que identifica la problemática de que estas personas, o no tienen asistencia sanitaria, o temen acudir a centros de salud por miedo a ser deportados. 

5. Se ha hecho antes

Regularizar la situación de personas migrantes es algo que ya se ha realizado con anterioridad. El mejor ejemplo es el de los ucranianos, que tras el estallido de la guerra tendrán acceso a permisos de residencia y trabajo en España.

Solo en la Unión Europea, entre 1996 y 2008 se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. España es, junto a Italia, el país que más programas de regularización ha realizado en Europa. Pero el Gobierno perdió la oportunidad en 2020 de realizar una regularización que protegiese a uno de los grupos sociales más vulnerables y reconociese de paso su contribución durante la crisis.