Si alguna lección ha dejado la pandemia es la importancia de la Atención Primaria como nivel básico asistencial del sistema sanitario público. Los profesionales y expertos llevan años advirtiendo de que el atasco en los centros de salud se traslada a las Urgencias, dando lugar a hospitales colapsados y, cuando esta salida deja de ser viable, a una subida de las contrataciones de seguros privados como la que se viene observando.

Sin embargo, todavía hay comunidades autónomas que, en cada presupuesto, aprovechan para acometer un nuevo recorte a la Atención Primaria. Es el caso de Madrid, País Valencià, Navarra, Asturias y Aragón, que desde 2021, en pleno pico de contagios por covid-19, han achicado las arcas de este servicio. Así lo ha denunciado la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que esta semana ha publicado un informe con datos sobre la inversión en este área de cara a 2024.

De las cinco autonomías mencionadas, el País Valencià es la que más ha reducido el dinero destinado a los equipos de Primaria, pasando de 14,3% sobre el presupuesto total en 2021 (con Ximo Puig) a 9,23% en 2024, con la entrada de PP y Vox; convirtiéndose, además, en el territorio que menos porcentaje dedica.

Le sigue Madrid, histórico feudo de los populares, con un 10,03%, que también consolida su tendencia a la baja respecto a 2021, cuando aportaba el 11%; Navarra, que pasa del 15,6% al 13% con María Chivite (PSOE); Aragón, con un 13% frente al 13,4% de 2021, tras la entrada del PP y Vox; y Asturias, con un 13,26% en comparación al 13,3% de hace tres años.

La media nacional apenas ha crecido un 1% en este período, situándose en el 15,02% este año. Una cifra que se aleja por mucho del objetivo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, del 25%.

Solo hay previsto invertir siete euros más por habitante de media

La precariedad de la "columna vertebral del sistema sanitario" se manifiesta en el dinero que cada Gobierno autonómico gasta per cápita, una cantidad que se incrementará apenas siete euros de media respecto al ejercicio anterior. De hecho, hay tres comunidades (La Rioja, que pasa de 332 euros a 324; Asturias, de 362 a 307 euros; y Galicia, de los 276 a los 274 euros) que han presupuestado menos, según la FADSP. Madrid, en este caso, también se sitúa a la cola.

Esta merma de los recursos ha puesto en crisis la estructura de la sanidad pública en su conjunto, dando lugar a cientos de manifestaciones y protestas para reivindicar un cambio de rumbo que asegure la supervivencia del servicio. Precisamente, consciente de esta situación, el Ministerio de Sanidad ha convocado este viernes a las comunidades a un pleno monográfico del Consejo Interterritorial. 

De los 1,1 médicos por cada 1.000 habitantes en Castilla y León a los 0,7 de Madrid

El adelgazamiento económico se refleja, a su vez, en las plantillas de los centros de salud. De acuerdo con los últimos datos del Portal Estadístico del ministerio, la sanidad pública tiene 0,8 médicos de Primaria y media enfermera por cada 1.000 habitantes.

Castilla y León (1,1), Extremadura (0,9) y Aragón (0,9) son los territorios que sobresalen por arriba con más médicos que la media, mientras que en el lado opuesto están Canarias, Baleares y Madrid, con un 0,7, al igual que sucede en Ceuta y Melilla.

En cuanto a las enfermeras, los últimos datos estiman una tasa de 0,7 profesionales por cada 1.000 habitantes. De nuevo Madrid y Balears son las autonomías con menos personal de enfermería, con 0,5 enfermeras por cada mil habitantes. Están también por debajo de la media nacional Cantabria, País Valencià, Murcia, y Ceuta y Melilla.

Aunque la presión asistencial en los ambulatorios varía mucho por territorios, localidad e incluso barrio; en general, las principales sociedades médicas y científicas, así como los sindicatos, afirman que el número de médicos de primaria ha decrecido (más de un millar desde el comienzo de la pandemia) y calculan que existe un déficit de cerca de 5.000. 

Si los profesionales disponibles escasean, las listas de espera son las primeras que empiezan a notarlo y, con ello, los usuarios y pacientes. Según el último barómetro sanitario del CIS, publicado este miércoles, un 22,1% de los ciudadanos asegura que la situación de los centros de salud les está afectando "mucho o bastante" y un 21,9% cree que, al menos, "algo". 

La misma encuesta evidencia que siete de cada diez de ellos no pudieron conseguir una cita al día siguiente que la solicitó en el 2023, siendo la media de días de espera superior a los 9 días (8,8 en el 2022). Eso se traduce en un incremento de las notificaciones de Urgencias en Atención Primaria, que recibieron recibieron aproximadamente un 44,5% de peticiones de asistencia urgentes.