Tres sindicatos, CCOO, ANPE y USTEA, que juntos representan a la mayoría de los docentes y trabajadores de la enseñanza pública en Andalucía, han convocado una jornada de huelga general para este martes, 14 de mayo. Es la segunda vez que un Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla afronta un paro en la educación pública.

En la anterior ocasión, en la primavera de 2020, en la convocatoria participaron todos los sindicatos –UGT y CSIF se han descolgado en esta ocasión–. Entonces, la huelga se produjo tras la modificación de las normas de escolarización que favorecían a la escuela concertada, privada con fondos públicos y mayoritariamente católica.

Cuatro años después, el resultado de esas normativas, que han desplegado sus efectos en un contexto de caída de la natalidad, y que han provocado el cierre de aulas públicas –más de 2.000 en un lustro, según USTEA–, preocupa a las centrales.

Uno de los puntos centrales de fricción es este: los sindicatos instan al Gobierno a "terminar con la política de supresión de aulas en la escuela pública que está suponiendo un enorme perjuicio".

Consideran, según afirman las fuentes sindicales consultadas por Público, que el Gobierno andaluz está desaprovechando una oportunidad de oro de mejorar la calidad del sistema público por un puro interés de defender la escuela concertada.

Las reivindicaciones

Hace unos meses, los sindicatos lograron abrir un "leve inicio" de negociación con el Gobierno para tratar la mejora de las plantillas, no solo de profesores, que también, sino también de los servicios de orientación y de atención a la diversidad, claves para los sindicatos, a la hora de lograr un sistema educativo de "verdadera calidad".

Con ello, aseguran se lograrían los objetivos fundamentales que persiguen las centrales, que no son, según aseguran las fuentes, el aumento por el aumento en sí de las plantillas, sino que lo que buscan son los efectos positivos que producirían más contratos.

Estos serían, a saber, los siguientes. Así por un lado, se produciría una "bajada de la ratio en todos los niveles y enseñanzas, para poder dar la atención personalizada que necesita el alumnado".

Por otro lado, habría una "mejora en la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable, como aquel con necesidades específicas, en todos los centros educativos". Además, se podría "reducir el horario lectivo docente para poder realizar labores de planificación y de coordinación, sin que esto suponga el sacrificio de la vida personal". Y, por último, la carga burocrática, "para poder dedicar el tiempo a lo más importante, la educación de alumnas y alumnos", también disminuiría.

Profesionales

Es cierto que, en este tiempo con la derecha en el Gobierno, el número total de profesores ha aumentado y es mayor que cuando llegó Moreno Bonilla, en enero de 2019. Durante la pandemia se hicieron miles de contratos –para ello se firmaron acuerdos con los sindicatos que entonces arrimaron el hombro–, pero no todos se renovaron.

En el curso 2020-2021, la plantilla se incrementó en Andalucía en 6.545 personas, según los datos de CCOO. La diferencia de docentes entre el curso 2019-2020 y el 2023-24 era de 3.900 docentes más, lo que supone que en el camino se quedaron 2.645 profesores, contabiliza el sindicato.

La interpretación de las cifras que hace el Ejecutivo y la que hacen los sindicatos convocantes es muy diferente. Así, mientras la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo (PP), considera que "no hay motivo" alguno para una huelga con la mejora de las plantillas como leitmotiv, las centrales creen que es imprescindible abordar el asunto en este momento.

Del Pozo manifestó este viernes pasado en una entrevista en Canal Sur, que el sistema público de educación cuenta hoy con "7.000 docentes más con 90.000 niños menos" que hace cinco años y un 44% de las aulas de Infantil y Primaria por debajo de 20 alumnos, cuando la ratio por ley en ellas está fijada en 25 niños.

"Con estos datos, creo que hay motivos para seguir trabajando en las mesas, para seguir avanzando en la mejora de la educación pública en Andalucía, pero, desde luego, no creo que haya motivos para irse a la huelga", razonó Del Pozo.

Los sindicatos, sin embargo, hacen otras cuentas. Para ellos, las administraciones educativas "han desperdiciado" en este tiempo "la oportunidad de mantener los refuerzos que se introdujeron en el sistema y convertir ese incremento en estructural".

"No solo era necesario mantener todo ese personal extra, sino que es indispensable incrementarlo más aún por todas las necesidades cada vez más relevantes del alumnado, el profesorado y las familias", aseguran en el sindicato. En Andalucía, los

"[Es necesario] un crecimiento considerable de las plantillas docentes en Andalucía, lo cual, representaría un incremento de apenas el 6,71% respecto al gasto total que Andalucía realizó en educación durante el ejercicio 2021, y tan solo un 0,27% del PIB andaluz de 2022. Con dicha inversión, se podrían contratar a más de 19.000 docentes», considera CCOO.

Otras razones para el conflicto

El conflicto, en esta ocasión, más allá de los datos y de las razones, tiene también un punto de pulso, de medición de fuerzas y de exigencia de respeto al Gobierno andaluz por parte de los sindicatos. Las centrales consideran que el Ejecutivo nunca se tomó esta negociación en serio y que todo fueron cortapisas, retrasos y excusas, hasta que a principios de abril, ya se les dijo que no había dinero, aseguran.

¿La excusa? La prórroga de los presupuestos generales del Estado. Este motivo para no escuchar a parte de la comunidad educativa cayó muy mal en las centrales, que lo ven como la prueba del nueve de la falta de voluntad del Gobierno de hacer un análisis en serio de las necesidades del sistema, según las fuentes consultadas por Público.

Este viernes la consejera Del Pozo dijo que no se había roto el diálogo, algo que las centrales niegan, y citó tres temas –entre los que no están los aumentos de plantilla estratégicos sobre los que quieren negociar las centrales– que sí hay "encima de la mesa" de negociación con los sindicatos: el desarrollo de la Ley de autoridad del profesorado, el refuerzo docente en zonas de transformación social y la propuesta de desburocratización, según recoge Europa Press.

Los sindicatos puntualizaron a Público lo siguiente sobre estos tres asuntos. Por un lado: "La ley de autoridad del profesorado no pasa por la mesa sectorial desde el 22 de noviembre, cuando rechazamos el primer borrador. Nunca hemos vuelto a tratar el tema".

Por otro lado: "Sobre desburocratización se creo una comisión de trabajo ya el curso pasado que, hasta el momento, no ha dado ningún resultado concreto".

Y, por último: "El refuerzo docente en zonas de transformación social es una idea que planteó la Consejería en una reunión el 5 de diciembre, sin ninguna concreción y sin que hayamos avanzado nada en ese sentido".

De 1.000 a 250

Esta semana, CCOO ha avisado, por ejemplo, del "grave déficit de personal docente" que existe en un barrio de Sevilla, Torreblanca, uno de los diez con menor renta del país, según el INE.

"Los refuerzos necesarios –asegura el sindicato– pertenecen mayoritariamente al ámbito de la atención a la diversidad, es decir, personal especialista en audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, así como refuerzos del equipo de orientación educativa a. Además, se han detectado necesidades tanto de personal de limpieza como de portería".

"Cada profesional del equipo de orientación educativa –prosigue CCOO–tiene a su cargo más de mil alumnos cuando la Unesco indica que la ratio de alumnado por profesional de la orientación no debería sobrepasar los 250. Esta situación, lógicamente, impide una correcta atención individualizada, con un alumnado insuficientemente atendido y las plantillas absolutamente desbordadas ante la cantidad de estudiantes que debe atender".

"Con esta problemática, que se padece en otras zonas de la capital y otras localidades [de Andalucía, donde se concentran los barrios más desfavorecidos], sobran razones para la huelga", remachan en CCOO.