A diferencia de lo que se ha hecho ya con todas las prisiones, el Ministerio del Interior no ha adoptado medidas contundentes de aislamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en pleno repunte de casos de coronavirus en España. Siguen registrando entradas y salidas, tanto internamientos de personas migrantes privadas de libertad como de policías, miembros de ONG y otro tipo de personal que, como ha ocurrido en varias cárceles del país, podrían contagiar a los internados.

Interior y Policía aseguran que no hay por el momento casos positivos en ninguno de los CIE del país, por lo que tan sólo se han tomado medidas "preventivas y reactivas", aunque el funcionamiento "sigue siendo el normal".

Desde hace tres días se aplican estas medidas en el CIE de Aluche, en Madrid, principal foco de infección del virus en España, aunque desde este viernes se ha extendido esta directriz a todos los demás.

Pasan por las recomendaciones básicas del Ministerio de Sanidad y el protocolo que los policías llevan aplicando desde enero para el contacto con los internos, precisan. Se han habilitado dos salas para aislar a las personas con síntomas como fiebre, tos o dificultad respiratoria. En ellas se aislarán estos casos sospechosos mientras se comunica la situación a los servicios sanitarios y se esperan instrucciones. También se han desinfectado e higienizado todas las estancias de los CIE, añaden las mismas fuentes.

Sin embargo, tanto en este como en los demás centros se siguen produciendo nuevos internamientos y puestas en libertad y se siguen permitiendo las visitas de personal externo como miembros de ONG, algo que en las prisiones ya ha quedado restringido. Sólo en Madrid se ha recomendado a las ONG que asisten a los internados que sólo se realicen las visitas indispensables. Según apunta Interior, tampoco se ha reforzado el servicio de atención médica en ningún centro.

Piden la puesta en libertad de los internados

Ante la gravedad de la situación por la pandemia del coronavirus, la Plataforma Estatal por el Cierre de los CIE ha exigido este viernes al Gobierno "el cierre inmediato de estos centros y la puesta en libertad de las personas retenidas".
También piden al Ministerio de Justicia que "se libren instrucciones de no ordenar nuevos internamientos". Recuerdan que la finalidad de los CIE es privar de libertad a personas para tenerlas localizadas en caso de que se apruebe su expulsión a otros países, algo que en estos momentos "sería una grave irresponsabilidad", advierte.

Argumentan que el contexto es de "descontrol del virus a nivel mundial" y que España es "uno de los cinco países con más personas infectadas" y que más de 30 países han adoptado restricciones al ingreso de personas provenientes del país por riesgo a expandir el virus.

"Es necesario que el derecho a la salud se anteponga a los objetivos del sistema de deportación", insiste la Plataforma, que considera " absolutamente grave mantener las situaciones de privación de libertad en este contexto de emergencia sanitaria, no priorizando la salud de las personas internas y la salud pública".

Los activistas insisten en que los CIE son cárceles para extranjeros que no han cometido ningún delito, tan solo la falta administrativa de estar en situación irregular. Que las personas están encerradas "en celdas colectivas y son obligadas a compartir baño", que carecen de acceso libre y constante a jabón, a sábanas limpias, a contenedores de desechos y ropa limpia. "Es imposible garantizar la desinfección del centro al ser un lugar distribuido en zonas comunes en las que se concentran constantemente un elevado número de personas", critican.

Por otra parte, "el personal de policía, administración, limpieza, Cruz Roja, etc. encargado de los centros no está exento de ser transmisor o receptor del virus y su entrada y salida expone a las personas internas privadas de su libertad deambulatoria".

Según expone la Plataforma, entre los internos "hay personas que padecen enfermedades crónicas de riesgo frente al virus SARS-CoV-2 como hemos notificado a los juzgados correspondientes y al Defensor del Pueblo".