La caza tradicional languidece en la misma España en la que esa actividad emerge como producto de lujo, y cada vez más industrializado. Es una mutación de formatos que provoca intensos impactos en el medio ambiente por la suelta anual de millones de animales de bote como medio para asegurar las capturas de unos clientes que pagan cifras desorbitadas por jornadas en las que, a menudo, se les asegura un número de piezas a abatir.

Las propuestas de turismo escopetero de alto standing proliferan, con ejemplos como esta para un “fin de semana de ojeo de perdiz” en Ciudad Real, en realidad una jornada, con un precio cerrado de 18.523 euros (3.704 de señal) para un grupo de entre cuatro y nueve cazadores.

La oferta, que incluye alojamiento en un hotel de cinco estrellas con spa, manutención, transporte y permisos, sale a entre 2.058 y 4.630 euros según el número de cazadores (a los que hay que sumar entre 150 y 265 euros extra por acompañante), que se aseguran “cinco ojeos de 450 perdices”. Aunque si matan más de esas 2.250 deben pagar un suplemento de 33 euros (28 más IVA) por cada “suplementaria”.

“Tendrás incluida la licencia de caza y toda la munición que necesites”, reza la propuesta, que incluye otros suplementos de 150 y 170 euros si se alquilan las armas o participa personal de apoyo y que prevé reservas con más de un mes de antelación, para preparar la intendencia y tener disponibles las piezas.

Ese tipo de actividades reservadas para escopeteros de alto poder adquisitivo son cualquier cosa menos inusuales, según puede comprobarse en portales como Hunty, donde se ofrecían para finales de octubre una montería de jabalíes y venados en Jaén para diez cazadores por 4.150 euros y con la “garantía” de que se va a matar un ejemplar de esta última especie. En Cáceres, para primeros de noviembre, se cobraba a 1.650 euros por cada una de las 37 plazas, “sin garantía” pero con “expectativa” de cazar “70 reses”.

El listado de ofertas para las siguientes semanas incluía una cacería de macho montés en Ávila por 16.400 y otra de ciervo en Cádiz por 31.500, todas ellas en fincas particulares como las anteriores, además de recechos de sarrio en el Pirineo oscense a 3.400 euros, en este caso con un recargo de 150 por jornada a partir de la segunda.

La mitad de cazadores que en los años 90

“Hay un cambio en el perfil de cazador. Se busca calidad en los trofeos de caza mayor y sobre todo cantidad en la caza menor, para la que los propietarios de grandes fincas están desarrollando un modelo de caza muy intensiva”, explica Miguel Ángel Hernández, responsable de Caza de Ecologistas en Acción.

“Ese modelo de caza tira al alza de los precios y hace que muchos cazadores no puedan acceder a cotos por su alto precio. Se está dando una turistificación y una intensificación de la actividad”, anota, con la que “el cazador tradicional empieza a estar en peligro de extinción. Su presencia no es marginal pero ha disminuido”.

Los precios de acceso a los cotos privados cotizan en las webs del sector y las de anuncios a entre 600 y 4.500 euros, según las especies de animales que habita en ellos, y los pases diarios oscilan entre los cincuenta y los ochocientos, aunque con frecuencia se sitúan en el entorno de los cien, unos niveles no aptos para todos los bolsillos.

Paralelamente, los Anuarios de Estadística Forestal que edita el Ministerio de Agricultura reflejan una notable caída en el número de licencias de caza, que en una década han pasado de casi un millón a menos de 700.000, con el escalón más acusado en 2020, cuando el saldo de altas y bajas se redujo en 65.167, casi la cuarta parte de la merma de 276.168 registrada entre 2011 y 2021.

La mitad de cazadores en treinta años

El número de cazadores se ha reducido a menos de la mitad en 30 años en España. Un proceso en el que el envejecimiento y la despoblación del mundo rural, que reduce el número de eventuales usuarios de los cotos locales, se le añaden como causas los procesos de encarecimiento y turistificación de la actividad.

Hernández: “La sociedad está cambiando y hay un alejamiento de las actividades que suponen violencia sobre los animales”

Aunque no serían las únicas. “La sociedad está cambiando y hay un alejamiento de las actividades que suponen violencia sobre los animales”, señala Hernández, que anota cómo “el loby de la caza está teniendo una serie de iniciativas contrarias a la protección del medio ambiente, como las intervenciones en los parques naturales y sus posiciones con la Red Natura, y la gente lo está percibiendo”.

“Hay que ver los datos en su contexto. La caza sigue siendo en gran medida social, de los pueblos y de los cotos. El formato de precios elevados responde a un turismo cinegético que siempre ha existido pero que no es el principal de la caza”, explica Manuel Gallardo, presidente de la Federación Española de Caza.

Sí admite que se está dando “un cambio de modelo en la caza”, aunque no en el sentido de la turistificación sino en el de un peso creciente de la caza mayor relacionado con el aumento de la presencia de sus especies. “Las capturas de jabalíes se duplican cada década”, apunta.

No obstante, Gallardo sí se muestra preocupado por la reducción del número de licencias. “Es un descenso claro y nos preocupa”, dice sobre un proceso que relaciona con el deterioro de la imagen social de la caza y la creciente “desconexión con el mundo rural”.

Soltar dos millones de animales de bote al año para asegurar las capturas

Uno de los procedimientos relacionados con la caza, y de manera directa con su industrialización, que mayor impacto está teniendo en el medio es, amén del envenenamiento de especies carroñeras con el plomo de las balas y cartuchos, la suelta de animales de bote, criados en granjas, para garantizar la existencia de piezas.

Esos animales “pueden causar daños sobre las especies autóctonas, ya sea por desplazamiento, hibridación, alteración de hábitats, modificación de la estructura de las comunidades o por la propagación de enfermedades y parásitos”, advierte el Gobierno de Canarias, donde la introducción de muflones y arruís en los años 70 en los parques nacionales del Teide y de la Caldera de Taburiente “causaron una seria repercusión sobre la flora endémica de estos espacios”.

Esas sueltas, que han situado al borde de la desaparición en varias zonas de España a la perdiz autóctona tras encadenar cinco años por encima de los dos millones de ejemplares (salvo 2020, con solo 1,87) y quince consecutivos con más de un millón, incluyen la introducción en el medio de entre uno y tres millares de ejemplares de caza mayor cada año.

El listado de estas últimas especies incluye algunas de las que tradicionalmente vienen causando daños en explotaciones agrarias y vías de circulación, como ciervos, corzos y gamos, y también otras como el jabalí, cuya elevada presencia y cuya potencialidad como transmisor de epizootias está llevando a los gobiernos autonómicos, y también al central, a fomentar su caza para reducir esos riesgos.

Los anuarios del Gestión Forestal cifran las sueltas de jabalíes de bote para batidas de caza en 119 en 2021, 364 en 2020, 807 en 2019, 863 en 2018 y 681 en 2017, aunque en años anteriores superó con creces el millar y medio.

Una especie invasora criada en granja para soltarla en el monte

“La caza se ha convertido en una ganadería más, mientas es la propia dinámica de la caza la que está acabando con la caza”, anota Hernández, quien indica que la situación de la tórtola y la codorniz es similar a la de la perdiz como consecuencia de las sueltas.

Según el fiscal de Sala de Medio Ambiente, entre 2019 y 2021 se habrían liberado ilegalmente al menos 562.746 ejemplares vivos de codorniz japonesa con fines cinegéticos

“Las sueltas de jabalíes ya están prohibidas en todo el país, y las que se hacían se llevaban a cabo en fincas cercadas, porque nadie va a hacer una inversión en animales que de otra manera se van a ir”, anota Gallardo, que rechaza también que el declive de la perdiz roja esté siendo causado por las sueltas de animales de bote.

“La propia federación ha participado en un programa para obtener el mapa genético de la perdiz roja, y solo se permite sueltas de aves con el de la autóctona. El problema de la perdiz está en el cambio de los usos agrícolas”, explica.

Esa dinámica también incluye actuaciones que, a juicio de la Fiscalía, resultan delictivas. La última Memoria del ministerio público reseña la Operación Guatlla (codorniz en catalán) desarrollada por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil en Lleida.

Los agentes descubrieron que tres granjas de esa provincia “si bien aparentemente se dedicaban a la cría, engorde y venta de carne y huevos para consumo humano de codorniz japonesa (coturnix japónica) –actividad en principio lícita–, también se dedicaban a la venta ilegal de especímenes vivos de esas aves que se destinaban a la alimentación de aves de cetrería y al entrenamiento de perros de caza mediante su liberación al medio natural en varias provincias”.

Se trata de una especie alóctona o invasora que “compite” con la autóctona, “a la que desplaza, produciéndose así una pérdida del patrimonio genético y altera el equilibrio biológico”. A eso se le suma que, “según los investigadores, los productores denunciados habrían favorecido la hibridación de dicha especie con la codorniz común con el fin de hacerla indistinguible”.

“Se estima que entre los años 2019 y 2021 se habrían liberado ilegalmente al medio natural, al menos, 562.746 ejemplares vivos de codorniz japonesa con fines cinegéticos”, señala el fiscal de Sala de Medio Ambiente.

Más de 2.000 piezas de caza mayor cada día

En los últimos años se ha producido, efectivamente, un notable aumento de la captura de piezas de caza mayor mientras se reducía de manera clara el de mamíferos de poca envergadura y de aves, una tendencia que parece claramente relacionada con la menor actividad cinegética tradicional y con una mayor presencia de los formatos de caza de corte más industrializado.

Así, y según los Anuarios de Gestión Forestal, en cinco años, de 2016 a 2021, el número de animales de caza mayor abatidos por disparos en España aumentó en 100.000 ejemplares, de 643.485 a 744.894 (2.040 diarios), mientras el volumen de víctimas de la caza menor se reducía en tres millones, de 21,3 a 18, con una proporción de dos a uno entre aves y conejos, liebres y zorros.

Ese aumento de las capturas de ejemplares de caza mayor, cuyo peso total en sucio pasó en esos cinco años de 37.456 a 41.568 toneladas, tiene una relación directa con el pujante negocio de la venta de la carne de caza, cuya exportación a países europeos, con Alemania como principal cliente y destino de prácticamente la mitad de la producción.

Ese negocio, que a menudo incluye la recogida de los cadáveres tras las batidas para trasladarlos a las plantas de transformación, está recuperando ya los niveles previos a la pandemia, cuando la facturación anual superaba los 25 millones de euros.

Tampoco se trata, como ocurre con determinadas monterías, de un producto asequible para todas las economías, con el kilo de lomo de ciervo por encima de los 40 euros mientras el de solomillo de jabalí ronda los 16.

“Una de las circunstancias que rodean al mundo de la caza es su artificialización. Hay sobreabundancia de piezas por las sueltas, y hay menos cazadores pero el número de piezas que se matan aumenta en la caza mayor. Y se cazan más perdices de bote que silvestres”, resume Hernández.