Divididos y enfrentados. Así se encuentra la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a causa de la contratación del periodista Alfonso Merlos como director de Comunicación tras llevar la campaña electoral de su decano, José María Alonso, expresidente de Baker & McKenzie en 2017.

En una reunión por videoconferencia de cinco horas, definida por algún asistente como "caótica", la Junta de Gobierno optó por evitar la división en público y no vóto si cesaban o no al protagonista del ‘MerlosPlace’, sino que se acordó de manera tácita replantearse su contratación.

El acuerdo tácito gira en torno a tres ejes: revisar si es más conveniente contratarlo como autónoma y no por medio de su empresa; reducir sus ingresos anuales de 181.500 euros y ponerle como condición que no opine en televisión porque se considera que muchas de sus apariciones son de contenido político y podrían ser incompatibles con su cargo de director de Comunicación del ICAM.

Los 14 miembros de la Junta de Gobierno están separados en dos bloques. Por un lado, se encuentra el propio decano Alonso, ya que Merlos fue su apuesta personal, apoyado por el secretario José Ignacio Monedero y los diputados Luis Fernando Guerra y Manuel Martín. Por el otro, la vicedecana Begoña Castro over, que cuenta con el apoyo de diputados como Ángeles Cerrillo o Eugenio Ribón, según fuentes conocedoras de los debates.

Durante las cinco horas que duró la reunión de la Junta, hubo diputados que exigían el cese de Merlos por el posible daño causado al ICAM al ser protagonista del ‘Merlos Place’: el culebrón que arrancó con la aparición en pleno confinamiento de una joven en ropa interior por detrás de la cámara que no era su novia y mientras realizaba una intervención política. Otros defendieron su permanencia y consideraron que era víctima de una campaña en su contra.

Una cuestión jurídica marca la división: la propia contratación en 2018 de Alfonso Merlos a través de la empresa Trocadero Comunicación, S.L., por 181.500 euros.

Los términos de este contrato se conocieron el pasado domingo, cuando fue colgado en la web de Colegio de Abogados de Madrid.

'Bonus' de 30.000 euros con cuatro despidos

La Asociación Libre de Abogados (ALA), de tendencia progresista, pide el cese de Merlos y denuncia que en el contrato figura que obtendría un 'bonus' 30.000 euros si reducía los costes del área de Comunicación. Y que el periodista logró estos honorarios variables al reducir los costes de su departamento en 123.000 euros con el despido de cuatro trabajadores y la contratación de dos nuevos con salarios inferiores.

Estos cuatro despidos fue finalmente declarados como improcedentes y este coste fue asumido por el Colegio de Abogados de Madrid.

Contrato 'ilegal'

Esta asociación considera "ilegal" la contratación de la empresa de Merlos. El motivo: la Comisión Ejecutiva y la Junta de Gobierno aprobaron en 2018 contratar los servicios de Merlos como director de Comunicación, pero no con dicha empresa.

ALA reclama ahora que los abogados tengan acceso al expediente íntegro de contratación elaborado por los servicios jurídicos del Colegio. "El objetivo es despejar las responsabilidades por esta contratación" irregular, sostienen en fuentes de esta asociación. Esto es, conocer quién autorizó contratar a la empresa y no al periodista como autónomo, en contra de lo que se había aprobado.