Juana Rivas ha presentado este lunes ante la Audiencia Provincial de Granada un recurso de apelación solicitando a esta instancia que se revoque la decisión del tribunal de instrucción número 3 de Granada y que aplique medidas cautelares para proteger a sus hijos.

El recurso da respuesta y corrige varias de las afirmaciones realizadas por la jueza de dicho juzgado granadino, que el pasado 2 de agosto denegó la imposición de dichas medidas. Esta negativa  por parte del juzgado de instrucción número 3 de Granada se fundamentaba en tres argumentos principales: la incompetencia de la jurisdicción española para conocer hechos ocurridos en Italia; la falta de cualquier "dato objetivo en que pueda apoyarse la existencia de dicho riesgo" para la vida y la integridad de los menores y la inexistencia de urgencia, puesto que según el tribunal Rivas tardó 46 días en denunciar los hechos.

El recurso presentado ahora ante la Audiencia Provincial viene a refutar la mayoría de dichos argumentos esgrimidos por la jueza y hace especial hincapié en una posible falta de comunicación entre la fiscalía de menores y el juzgado de instrucción. La denuncia de Rivas del 22 de julio ante dicho tribunal explicaba que el servicio de salud mental de Artafe, que exploró a los menores durante la primera quincena de julio, inició de oficio un informe al Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), un mecanismo al que están obligados los trabajadores de la sanidad pública siempre que consideren que se encuentran ante un posible caso de malos tratos o abusos sexuales hacia menores. La Psicóloga que atendió a los niños remitió, además, con fecha 19 de julio un escrito dirigido a la fiscalía de menores poniendo los hechos en su conocimiento.

En un comunicado hecho público este martes por los abogados de Rivas en España, los letrados afirman que "al parecer, el citado informe, que fue remitido desde el Sistema Público Sanitario a la Fiscalía de Menores, ha sido ahora enviado desde dicha Fiscalía al Juzgado de Instrucción, "pero ha llegado después de que se dictara el Auto que ahora recurrimos".

El recurso no discute "en ningún momento" y reconoce que la competencia de los hechos corresponde a la jurisdicción Italiana, pero solicita que se escuche a los menores, sobre todo al hijo mayor, que tiene ya 13 años, y que "una simple exploración directamente por su Señoría o por el Instituto de Medicina Legal serviría para constatar la existencia de dicho maltrato".

El texto resalta que tras las múltiples denuncias realizadas por Rivas en Italia por posible malos tratos hacia sus hijos por parte de su expareja, Francesco Arcuri, en las investigaciones que llevó a cabo la fiscalía "en ningún momento se ha citado para tomar declaración a la Sra. Rivas, ni han sido escuchados ni evaluados los menores". El escrito afirma que la fiscalía italiana "basó su petición de archivo de las seis denuncias (actualmente en revisión), en el informe pericial presentado en el proceso civil de custodia por la consulente de oficio (CTU), la cual aplica el llamado Síndrome de Alienación Parental ( “síndrome” no reconocido científicamente y vetado su uso tanto por la UE como por nuestro CGPJ), a la vez que, de forma expresa, renuncia a valorar la situación de maltrato, por entender, a su parecer, que no debe plantearse en el proceso civil de custodia".

El recurso rechaza también la afirmación de la jueza que no ve urgencia en la tramitación de medidas cautelares en el hecho de que Rivas haya tardado 46 días en presentar la denuncia en Granada, tal como lo reflejó en el auto del pasado día 2 de agosto.  "Ese argumento no es correcto", afirma el recurso, "puesto que la Sra. Rivas fue al Centro de Salud de Maracena a los 4 días de su llegada a España con sus hijos, siendo seguidamente atendidos por la pediatra los días 19 y 24 de junio, y 1 de julio, fecha en la que fueron derivados a la Unidad de Salud Mental de zona y la Coordinadora de dicha Unidad emitió informe el 19 de julio (viernes) y esta parte presentó la denuncia el día 22 (lunes), solamente 1 día hábil después. Todo ello consta en el informe SIMIA".

El escrito vuelve a hacer un detallado relato de algunas de las últimas supuestas agresiones e insultos sufridos por lo menores por parte de su padre en las semanas previas a que Rivas se viniera con ellos a españa a principios de junio. 

Según el recurso, "con independencia de que los hechos que se relatan a continuación han sido denunciados y ya están siendo investigados en Italia, esta parte ha querido ponerlos en conocimiento de este Juzgado a los únicos efectos de evaluar la situación de riesgo en la que se encuentran los menores y poder decidir con mayor fundamento sobre las medidas de protección a adoptar".

Los abogados de Rivas hacen mención en el recurso a la necesidad de aplicar el Convenio de Estambul, que nuestro país ratificó en 2014, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que "establece la posibilidad de adoptar medidas de prevención urgentes en casos en los que exista riesgo de maltrato".

El escrito presentado ahora ante la Audiencia de Granada pide que se revoque el auto del 2 de agosto emitido por el juzgado númer 3 de Granada y que se acuerden medidas cautelares solicitadas antes de que el 14 de agosto los menores tengan que regresar a Italia con su padre.

Pide también que los menores, sobre todo el mayor, que hoy tiene 13 años sea escuchado y/o evaluado por medicina legal. El escrito se reafirma en lo pedido ante el tribunal: la aplicación de medidas penales, como el alejamiento e incomunicación de Arcuri de sus hijos. También solicita medidas civiles, como la suspensión cautelar de la patria potestad y el régimen de visitas de Arcuri hacia sus hijos "hasta la finalización de la investigación de los hechos denunciados" y que se adopte "cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartar a los menores del grave peligro que supone la relación con su progenitor".

En declaraciones a la agencia Efe, Enrique Zambrano, letrado de la expareja de Juana Rivas, enmarcó la nueva denuncia presentada por Rivas contra su representado en una "estrategia" de su defensa, y ya anunció posibles acciones judiciales.