El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como imputado el próximo 15 de enero al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del ex fiscal general del Estado del mismo nombre, por blanquear dinero vinculado a la prostitución a través de un chiringuito financiero.

En un auto, De la Mata le cita ese día junto a otras tres personas a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que le hizo esta solicitud al apreciar indicios de que pudo participar en el blanqueo de dinero proveniente de la prostitución a través de una banca privada, llamada Bandenia Banca Privada, sin registrar en España.

Según el juez, Conde-Pumpido usó una sociedad administrada por él para ayudar a blanquear dinero y burlar el embargo judicial de uno de sus clientes, Ángel Crispín Gilaranz, detenido en julio de 2015 por prostitución y otros delitos y que era propietario de una discoteca que prestaba servicios "a modo de club de alterne".

Lo hizo a través del chiringuito financiero Bandenia Banca Privada, donde abrió dos cuentas en marzo de 2015, una a su nombre y otra a nombre de una sociedad de la que era administrador único.

Esta empresa, Gestión de Proyectos Integral Gimonde, fue constituida en 2006 y, según relató el propio Conde-Pumpido, se dedicó a gestionar los cobros de restaurantes, cafeterías y una discoteca, Vive Madrid, propiedad de Gilaranz, para quien ejerció como abogado desde 2013 a raíz de un procedimiento que tenía abierto en un juzgado de Collado Villalba (Madrid).

Esta discoteca para la que trabajó la empresa de Conde-Pumpido, dice el juez, prestaba servicios como club de alterne y fue uno de los motivos por los que en 2015 fue detenido Gilaranz, a quien otro juez de la Audiencia Nacional imputa delitos de prostitución, blanqueo, delitos fiscales, contra los derechos de los trabajadores y organización ilícita.

Tan solo unos días después de que arrestaran a su cliente, Conde-Pumpido cambió el objeto social de su empresa, que pasó a ser el de "facilitar a clientes el anticipo de efectivo contra tarjeta de crédito en casinos, clubes y bares" y "otros servicios de alimentación".

De esta manera, explica el juez, Conde-Pumpido se dedicó a cobrar el dinero de esos locales, propiedad de personas como Gilaranz que tenían sus cuentas bloqueadas judicialmente, y cuando fue preguntado por ello alegó que él se limitaba a pagar a los proveedores y al personal de los establecimientos.

Sin embargo, en la cuenta de Bandenia a nombre de su empresa figuran transferencias y retiradas de efectivo (que llegaron alcanzar los 95.000 euros de una vez) por valor total de 1 millón de euros entre julio y noviembre de 2015, cuando su cliente estaba ya en prisión.

Así, el juez considera que con estos movimientos Conde-Pumpido consiguió esquivar las medidas cautelares dictadas contra Gilaranz, "permitiendo que fondos procedentes de los ilícitos investigados fueran desviados" para "ser posteriormente reintegrados a los investigados".

En cuanto a su cuenta personal, Conde-Pumpido llegó a recibir fondos (concretamente 200.000 euros) tres meses antes de que fuera abierta, y también una línea de crédito de 1 millón de euros. Dos meses después de recibir el dinero, en mayo de 2015, transfirió 790.000 euros a una cuenta suya en el BBVA que este banco nunca recibió, explica el juez.

"Esta contradicción hace pensar que tal movimiento de fondos, si verdaderamente se produjo, se habría llevado de forma ajena al sistema financiero nacional", dice De la Mata, que detalla otros movimiento sospechosos en esa cuenta.

Los otras tres personas citadas ese día por el juez son José Solsona, Ramón Castán y Salvatore de Stefano, todos ellos clientes de Bandenia investigados por blanquear dinero a través de este chiringuito financiero.